El adelanto electoral deja en suspenso programas de armamento por 18.600 millones

El presupuesto de Defensa para este año es el mayor de las últimas décadas. Su crecimiento, del 26% respecto a 2022, no tiene precedentes. Y su cuantía, unos 12.500 millones de euros, duplica con creces la de 2014 (5.746 millones), cuando tocó fondo por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. La previsión es destinar al gasto militar el 1,2% del PIB, en la senda de crecimiento comprometida con la OTAN para llegar al 2% en 2029.

Todos estos planes se han visto trastocados con el adelantamiento de las elecciones generales y programas de armamento por valor de 18.600 millones, por ejecutar en los próximos años, están ahora en el aire. Empresas del sector, que esperaban como maná los nuevos contratos, no saben si podrán firmarlos antes de que la actual Administración eche el cierre y cuánto tiempo pasará hasta que la maquinaria burocrática vuelva a ponerse en marcha tras las elecciones.

Fuentes industriales explican que los contratos de Defensa, sobre todo cuando se trata de nuevos programas, tienen un proceso de maduración muy largo. Su tramitación exige que pasen dos veces por la mesa del Consejo de Ministros: la primera, para autorizar el gasto, que tiene carácter plurianual y abarca varios ejercicios presupuestarios; y la segunda, para aprobar el contrato.

La mayoría de los 13 nuevos programas de armamento que se incluyeron en el presupuesto de este año aún no han pasado ni una sola vez por el Consejo de Ministros y casi ninguno ha completado las dos vueltas. La fecha límite para que lo hagan es el 23 de julio, pues a partir de ese día el Gobierno entra en funciones y solo puede gestionar asuntos urgentes o de trámite.

La experiencia demuestra que, cada vez que cambia un ministro, aunque sea del mismo partido, se aplaza cualquier decisión hasta que el nuevo equipo revisa los expedientes pendientes y los hace suyos. En el mejor de los casos, eso supone un retraso de varios meses que puede llevar a que el año acabe sin agotar el presupuesto. En el peor, advierten las mismas fuentes, si las Cortes salidas del 23-J no fuesen capaces de investir a un presidente del Gobierno, España entraría en un largo periodo de interinidad con repetición de elecciones, como ya pasó en 2015-16 y 2019-20. El problema no es exclusivo de Defensa, pero este ministerio es de los más inversores y sus grandes contratos condicionan la marcha de las empresas durante lustros.

El Consejo de Ministros aprobó el 18 de abril la elevación del techo de gasto para siete programas de armamento por 3.929,2 millones. De esta cifra, 476 correspondían a tres de los 17 grandes programas en curso (el vehículo de combate de infantería Pizarro, el helicóptero NH-90 y el vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón), para aumentar su presupuesto en 16,3, 39,8 y 420 millones respectivamente. Aún faltan por aprobar los anexos que modifican esos contratos vigentes.

Los otros cuatro eran programas nuevos; entre ellos, el Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC), destinado a sustituir a los 1.250 M-113 TOA (Transporte Oruga Acorazado) estadounidenses de la guerra del Vietnam que todavía tiene el Ejército español en servicio. Montado sobre la plataforma del Pizarro, con algunas modificaciones, el VAC debía lanzarse este mismo año, con una primera fase de 394 vehículos por 1.980 millones.

Otros programas de nuevo cuño son la construcción de dos buques hidrográficos costeros (BHC) en los astilleros de Navantia en Cádiz, por 162,7 millones; la adquisición de nueve drones Sirtap (sistema aéreo remotamente tripulado táctico de altas prestaciones) de Airbus por 500 millones, y la compra de ocho helicópteros antisubmarinos MH60R de Lockheed Martin por 820,5 millones, para sustituir a los viejos SH-60B.

De todos estos programas, el único que ha pasado por segunda vez por el Consejo de Ministros y se puede contratar ya es el último; el único que no reporta beneficios a la industria, ya que se fabrica en Estados Unidos.

Más atrasados están otros programas que debían arrancar este año. Estos son los principales:

Aviones de Patrulla Marítima (PMA) y Vigilancia Marítima (Vigma). Defensa negocia con Airbus la compra de cuatro aviones C-295 MPA/ASW para la lucha antisubmarina que cubrirán el hueco dejado por los P3-Orion, el último de los cuales se dio de baja en diciembre pasado Su coste asciende a 580 millones, 170 este año. Junto a estos, negocia también la adquisición de otros diez aviones C-295 de vigilancia marítima (Vigma), que no van armados al contrario que los anteriores, por 560 millones.

Sustitución de los F-18. Se trata de relevar a los 60 cazas F-18 aún en servicio en las bases de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Zaragoza, que acaban su vida operativa en esta década. En una primera fase está previsto adquirir 25 Eurofighter por 4.500 millones. La segunda, dotada con 6.500 millones, incluye también la sustitución de los Harrier AV-8B de despegue vertical de la Armada, por lo que se contempla comprar algunos cazas F-35 estadounidenses, el único modelo en el mercado que puede operar desde el portaaeronaves Juan Carlos I.

Lanzacohetes SILAM. En la guerra de Ucrania se ha hecho famoso el cohete tierra-tierra Himars, proporcionado por EE UU a Kiev. El Ejército español carece de esta capacidad desde que en 2011 dio de baja el Teruel. Para cubrirla, se ha diseñado el SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad), un lanzacohetes múltiple de fabricación española con tecnología de la israelí Elbit. Está previsto adquirir 12 lanzadores por 290 millones.

Modernización Patriot. Defensa invertirá 1.400 millones es modernizar sus dos baterías de misiles Patriot (una desplegada en la frontera turco-siria desde 2015) a la versión 3+ para convertirlas en un sistema eficaz de defensa contra misiles balísticos.

A ellos se suman el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), por 738 millones; el mortero embarcado, 125 millones; el plan de mando, control y comunicaciones (MC3), 970 millones; o la compra de 1.680 misiles contracarro Spike LR2 y 168 puestos de tiro por 287 millones.

Junto a la zanahoria de los nuevos contratos, Defensa ha echado mano en los últimos tiempos del palo para sancionar lo que considera incumplimientos de contrato por parte de la industria. Ha impuesto una multa de casi 12 millones de euros a las empresas responsables de los prototipos del Dragón, cuyo retraso obligó a lanzar un programa de más de 2.500 millones de euros antes de hacer todas las pruebas. La Audiencia Nacional ha dado la razón a Defensa, pero las empresas han recurrido al Tribunal Supremo alegando que no eran culpables de los retrasos.