Coca-Cola pierde un nuevo asalto de su multimillonaria batalla fiscal en Estados Unidos
La compañía recurrirá la sentencia adversa en un pleito cuyo impacto potencial supera los 14.000 millones de dólares
La multinacional estadounidense Coca-Cola ha sufrido un serio revés en la multimillonaria batalla fiscal que afronta contra la agencia tributaria estadounidense (el IRS, por sus siglas en inglés). El Tribunal Fiscal de Estados Unidos ha dictado este miércoles un dictamen, publicado en su página web, en el que da la razón al fisco en un caso clave. Forma parte de una disputa en la que la compañía se juega más de 14.000 millones de dólares (13.100 millones de euros), según sus propias estimaciones, de los que tendrá que pagar unos 5.600 millones a corto plazo. Coca-Cola ha anunciado que recurrirá.
El nuevo fallo es complementario de otro dictado en 2020. Ambos van referidos a los precios de transferencia o la forma en que Coca-Cola asignaba los beneficios a diferentes filiales. En opinión de las autoridades, Coca-Cola trasladaba resultados en exceso a jurisdicciones extranjeras para evitar hacer frente a unos impuestos estadounidenses más altos. El IRS rechazó esa ingeniería fiscal y efectuó ajustes en las declaraciones fiscales, que la compañía recurrió. El mismo juez que ha dictado el nuevo fallo le dio la razón a la agencia tributaria en su dictamen de 2020, de 244 páginas. En aquel momento, el Tribunal Fiscal se reservó el pronunciamiento sobre el efecto de las restricciones legales brasileñas al pago de cánones por parte del licenciatario de Coca-Cola en Brasil hasta después de que se aclarase un caso parecido sobre el conglomerado 3M, que se resolvió a principios de año. Ahora, el juez ha dictado su dictamen complementario sobre Brasil en que también da la razón al IRS y admite de forma íntegra el ajuste hecho por los inspectores a la declaración de impuestos de la empresa de los años 2007 a 2009.
Después de emitido el nuevo fallo, Coca-Cola y la agencia tributaria disponen de tiempo para llegar a un acuerdo sobre el impacto fiscal de ambos dictámenes, tras lo cual el Tribunal Fiscal emitirá su resolución final sobre el caso. La empresa dispondrá entonces de 90 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito y pagar la deuda tributaria y los intereses correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009.
La reclamación inicial era de 3.300 millones de dólares más intereses por esos tres ejercicios. Coca-Cola ha revisado recientemente su estimación y en su último informe trimestral registrado ante la Comisión de valores y Bolsa calcula que el pago que deberá efectuarse en ese momento por los ejercicios de 2007 a 2009, ascendería aproximadamente a 5.600 millones de dólares, incluidos los intereses hasta el 29 de septiembre de 2023, más los intereses adicionales devengados hasta el momento del pago. Una parte o la totalidad de este importe se reembolsaría si la empresa ganara el recurso.
Además, si se extrapola la nueva interpretación fiscal a los ejercicios posteriores, “la compañía estima que el pasivo potencial incremental de impuestos e intereses podría ser de aproximadamente 14.000 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022″, una cifra que habría que actualizar con los intereses adicionales hasta el momento de los pagos. Y el nuevo criterio fiscal tendría un impacto permanente sobre sus cuentas. La compañía estima que el impacto de la aplicación continuada de esa metodología habría supuesto unos 1.200 millones de dólares más en los primeros nueve meses del año. Para ejercicios futuros supondría un aumento del tipo impositivo efectivo de aproximadamente un 3,5%, según su último informe trimestral.
Es un impacto muy grande como para no pelearlo hasta el final, así que si el tribunal de apelaciones no le da la razón, lo más probable es que la compañía intentase llegar hasta el Supremo, como da entender el hecho de que alegue que el ajuste tributario es inconstitucional.
“The Coca-Cola Company no está de acuerdo con las acciones del IRS y la última decisión del Tribunal Fiscal de Estados Unidos”, ha dicho la empresa en un comunicado. “Aunque no estamos de acuerdo con la interpretación del tribunal de los hechos y la ley en este caso, nos complace acercarnos a una resolución final del caso del Tribunal Fiscal para que podamos presentar una apelación, donde podemos hacer valer nuestras reclamaciones y defender enérgicamente la posición de la empresa. Esto incluye nuestra creencia de que es inconstitucional hacer frente a una responsabilidad fiscal retroactiva basada en el uso por parte del IRS de una metodología de cálculo que era diferente de la que se acordó y aprobó hace tiempo en las inspecciones durante más de una década”, añade.
Curiosamente, en su defensa la compañía alegaba un viejo precedente de un caso de la multinacional Procter & Gamble en relación con los pagos por derechos de su filial española. El juez rechaza que ambos supuestos sean comparables y considera que Coca-Cola no ha aportado pruebas que sostengan sus argumentos.
La multinacional estadounidense tuvo también problemas en España por los precios de transferencia y Hacienda levantó diversas actas a la compañía reclamando cantidades millonarias. La empresa pagó en 2013 más de 40 millones por sus discrepancias en el impuesto de sociedades.
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