El BBVA tilda de “coacción difícilmente admisible” la última petición del juez del ‘caso Villarejo’

El representante del BBVA en el caso Villarejo, Adolfo Fraguas Bachiller, ha entregado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que rechaza, como le había pedido el magistrado, dispensar a cuatro abogados de su plantilla del deber de secreto profesional para que pudieran testificar en la causa y entregar las comunicaciones entre estos y los abogados externos de la entidad. La entidad considera que la petición del magistrado ―que en el auto en el que ordenaba la diligencia recriminaba al banco su falta de cooperación en la investigación― es una “coacción difícilmente admisible” y añade que acceder o no a determinadas peticiones “no pueden convertirse en la vara de medir de la colaboración”, según detallan a EL PAÍS fuentes jurídicas.

La respuesta de la entidad financiera encona el enfrentamiento que el BBVA ―imputado en la causa desde julio de 2019 como persona jurídica por su presunta implicación en las irregularidades de sus encargos al comisario José Manuel Villarejo― mantiene con el juez y, sobre todo, con la Fiscalía, que le han acusado repetidamente de no facilitar toda la documentación e información que se le ha requerido pese a que en sus escritos alegaba que iba a colaborar. Anticorrupción ha atribuido al banco en varios ocasiones parte de la responsabilidad de los retrasos en la investigación judicial por haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado correos electrónicos “incompletos” y dificultado “cada intento de recabar las pruebas”.

De hecho, en el auto que ha dado pie a la respuesta del banco de este viernes, el magistrado echaba en cara a la entidad que, de las dos veces que Fraguas había ido a declarar, en la segunda de ellas, celebrada hace un año, se negó a contestar a las preguntas acogiéndose a su derecho como imputado a no responder. “No puede hablarse de colaboración cuando se opta por no declarar, nada hay menos colaborativo que negarse a declarar, por más que esta negativa se encuentre indiscutiblemente amparada por el derecho de defensa”, destacaba el juez en un auto dictado una semana después de que el presidente de la entidad, Carlos Torres, defendiese durante su declaración como testigo que el banco estaba “colaborando”.

En su escrito, el banco justifica ahora su negativa a dispensar a sus abogados del secreto profesional con varios argumentos. En primer lugar, porque considera que la diligencia se había ordenado fuera de plazo, ya que el juez la acordó el pasado lunes, cuando la Audiencia Nacional, tras un recurso del banco, ya había revocado parcialmente la última prórroga de la instrucción de la causa dictada por el magistrado y ordenado que cerrara definitivamente la investigación el próximo 29 de enero. Y, en segundo, porque considera que no se puede exigir a un investigado, como es el BBVA, que “renuncie al derecho a comunicarse con sus abogados o estos con sus asistentes técnicos requiriéndole para que aporte las comunicaciones entre los mismos o el producto de su trabajo”.

La investigación de los contratos de la entidad financiera con el comisario Villarejo se inició en diciembre de 2018, hace casi cinco años, para aclarar las supuestas irregularidades de los contratos que la entidad firmó con el policía jubilado entre 2004 y 2017, y por los que este se embolsó 10,3 millones de euros. Para realizar estos trabajos de espionaje, Villarejo accedió de manera presuntamente ilegal a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales, según destacan informes incorporados al sumario. En la causa ya están imputadas, además del BBVA, una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo y el expresidente de la entidad Francisco González.

En la primera parte de las pesquisas, el magistrado se centró, precisamente, en determinar la legalidad de los trabajos realizados por el comisario jubilado a través de sus empresas. Después, el juez comenzó a indagar sobre los “mecanismos de control corporativo” de la entidad financiera, con el objetivo de “determinar” si la compañía tendría alguna “responsabilidad penal” como persona jurídica al no haberlos impedido. Finalmente, en esa línea, el magistrado ha colocado la lupa sobre cómo actuó el banco tras estallar el escándalo y, especialmente, a raíz de las pesquisas internas que la entidad abrió entonces. El banco no encargó las primeras investigaciones internas hasta mayo de 2018, después de que se desvelaran en prensa los primeros pagos a una de las sociedades de Villarejo.

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