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El juez recrimina al BBVA su falta de colaboración en el ‘caso Villarejo’

García-Castellón considera que la cooperación de la que presume la entidad en sus escritos “no parece estarse cumpliendo en todos los casos”

El presidente del BBVA, Carlos Torres, a su llegada el 16 de octubre a la Audiencia Nacional para declarar como testigo.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, a su llegada el 16 de octubre a la Audiencia Nacional para declarar como testigo.MIGUEL GUTIERREZ (REUTERS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar de urgencia para el próximo viernes al representante legal del BBVA en el sumario en el que se investigan los trabajos, presuntamente ilegales, que el comisario jubilado José Manuel Villarejo ejecutó durante años para el BBVA con un auto en el que carga duramente contra el banco por lo que considera una falta de colaboración en las pesquisas judiciales. El magistrado, que hace suyos algunos argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, fuertemente enfrentada al BBVA en el caso, considera que la supuesta colaboración que la entidad financiera suele alegar en sus escritos “no parece estarse cumpliendo en todos los casos”.

El juez recuerda que, de las dos veces que el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, ha sido llamado a declarar dada la condición de imputado del banco como persona jurídica, en una de ellas, la segunda, celebrada en octubre del año pasado, se negó a contestar a las preguntas que se le plantearon. “No puede hablarse de colaboración cuando se opta por no declarar, nada hay menos colaborativo que negarse a declarar, por más que esta negativa se encuentre indiscutiblemente amparada por el derecho de defensa”, destaca García-Castellón. Y añade que esta actitud “deja al descubierto una evidente contradicción entre lo que se alega y lo que se hace”, en clara alusión al argumento esgrimido por el banco en sus escritos de manera recurrente de que su disposición es ayudar a la investigación.

El juez añade a este hecho otros dos que confirmarían, en su opinión, la supuesta falta de colaboración del BBVA. En primer lugar, en que no dispensase del supuesto deber del secreto profesional a cuatro empleados suyos que lo alegaron, en su condición de abogados en ejercicio, para no testificar. García-Castellón destaca que este secreto profesional “no constituye una obligación legal insalvable” y que el banco puede dispensar del mismo a sus trabajadores. De hecho, la citación para este viernes del representante legal de la entidad tiene como único fin que este autorice expresamente a tres de estos empleados a que puedan declarar sobre los hechos investigados. El último hecho que, según el magistrado, refleja la supuesta falta de colaboración es que, cuando se le han remitido oficios para solicitarte documentación, en algunos casos no los ha contestado y en otros ha recurrido la decisión del juez de pedírsela.

El auto del magistrado se produce después de que la Audiencia Nacional, tras un recurso del BBVA, revocase parcialmente la última prórroga de la instrucción de la causa dictada por el juez, y de que el presidente de la entidad, Carlos Torres, compareciera el pasado 16 de octubre y defendiese que el banco está “colaborando”. Tras ello, Anticorrupción presentó dos días después de aquella declaración un escrito en el que solicitaba la práctica de varias diligencias, entre ellas la citación del representante del BBVA en la causa que ahora ha acordado García Castellón. La Fiscalía ya atribuyó al banco anteriormente en varios escritos la responsabilidad de los retrasos en la investigación judicial por haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado correos electrónicos “incompletos” y dificultado “cada intento de recabar las pruebas”. En el último escrito, que es el que ha propiciado el auto del juez, insiste en la misma idea y tilda la supuesta colaboración de la entidad de “ficticia y carente de fundamento”.

La investigación de los contratos del BBVA con el comisario Villarejo se inició en diciembre de 2018, hace casi cinco años, para aclarar las supuestas irregularidades de los contratos que la entidad firmó con el policía jubilado entre 2004 y 2017, y por los que este se embolsó 10,3 millones de euros. En la primera parte de las pesquisas, el magistrado las centró, precisamente, en determinar la legalidad de estos contratos. Después, el juez comenzó a indagar sobre los “mecanismos de control corporativo” de la entidad financiera, con el objetivo de “determinar” si la compañía tendría alguna “responsabilidad penal” como persona jurídica al no haberlos impedido. Finalmente, en esa línea, el magistrado ha colocado la lupa sobre cómo actuó el banco tras estallar el escándalo y, especialmente, a raíz de las pesquisas internas que la entidad abrió en 2018.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
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