Los inspectores de Hacienda locales prevén un alza de la litigiosidad por la nueva tasa de basura

Si el impuesto de plusvalía es la “joya de la corona” de la litigiosidad entre los tributos municipales, la nueva tasa de basura será “la próxima estrella”. Así se ha referido este martes el presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl), Arturo Delgado, al nuevo gravamen sobre residuos que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y que deberá sufragar un gasto cercano a los 3.000 millones de euros. El inspector ha denunciado que “hay un problema gravísimo de desatención” hacia las haciendas locales y ha anunciado que la asociación, en estos días reunida en Málaga para celebrar su XXIII congreso anual, elaborará un libro blanco para proponer una reforma integral del sistema tributario municipal.

“Pretendemos realizar un diagnóstico de en qué punto se encuentra la inspección y la gestión de la hacienda pública local, y, por otro lado, proponer medidas concretas en cada uno de los tributos”, ha detallado Delgado. Simplificar, modernizar, aumentar los recursos y reducir la litigiosidad son algunos de los objetivos clave: “Es un ámbito complicado que vive una inseguridad jurídica permanente, y somos en cierta medida olvidados y abandonados por el legislador estatal”. La fecha marcada en el calendario para presentar el libro blanco al Ministerio de Hacienda es octubre del próximo año.

En el caso del impuesto de bienes inmuebles (IBI), el tributo más potente que gestionan los Ayuntamientos, la asociación lamenta que “la tutela estatal condiciona absolutamente un impuesto cuya inspección es prácticamente inexistente”. En cuanto al impuesto de actividades económicas (IAE), subraya su excesiva complejidad, que genera problemas tanto a la Administración como a los contribuyentes.

Por otra parte, el impuesto de circulación —técnicamente, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o IVTM— sigue afectado por la existencia de “paraísos fiscales”, municipios periféricos donde se deslocalizan vehículos de manera ficticia para pagar menos al fisco. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), a su vez, sigue caracterizándose por los problemas en la definición de su base imponible.

Los inspectores también denuncian que hay “cientos de municipios” que no tienen medios suficientes y acaban externalizando la labor de inspección, dejándola en manos de empresas privadas. Aunque en los últimos años ha habido resoluciones judiciales que condenan el traspaso, el problema está lejos de ser solucionado. “Hay unas líneas rojas que no deben sobrepasarse”, ha zanjado el presidente de la Anihpl.

Inseguridad jurídica

Uno de los impuestos que más inseguridad jurídica genera a los ojos de los inspectores de Hacienda locales es la plusvalía municipal. En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional tumbó el método de cálculo de este tributo, que se abona cuando se vende, hereda o recibe en donación un inmueble por la supuesta revalorización del suelo público en el que radica. Ya había limitado su alcance en dos fallos anteriores, en 2017 y 2019: dictaminó que no había que abonarlo si no se producía una ganancia, una situación que empezó a ser habitual con los inmuebles adquiridos durante la burbuja inmobiliaria.

La nueva fórmula diseñada para calcular el impuesto, según la Anihpl, “solo ha creado nuevas incertidumbres”, por su gestión compleja y dificultad en la valoración de los inmuebles.”La litigiosidad va a ser inmensa”, ha opinado Juan Ignacio Gomar, inspector de la Hacienda local y miembro de la asociación. “La plusvalía municipal es uno de los ejemplos de inseguridad jurídica que viene desde el pasado hasta el presente, que prolonga su situación de inseguridad hacia el futuro y que se caracteriza por la desidia con la que el legislador estatal ha tratado un problema que ya surgió con la gran crisis inmobiliaria de 2008″.

Gomar ha augurado que la nueva tasa municipal de residuos, que entrará en vigor en poco más de un año, supondrá otro foco de conflicto. Todos los municipios deberán tener listas las correspondientes ordenanzas a finales de 2024 y elaborar sus estudios económico-financieros para sufragar un gasto previsto para 2025 en 3.000 millones de euros en el conjunto del Estado: “Nos podemos imaginar mieles de ordenanzas, con miles de estudios y miles de importes distintos a pagar, generando una situación de completa inseguridad, con trato seguramente muy diferente de un sitio a otro”.

En opinión del inspector, muchas de las ordenanzas serán anuladas, generando agujeros en las cuentas de los Ayuntamientos. “El sistema tributario local está sometido a unas incertidumbres tan grandes que ni los ciudadanos saben muy bien qué tienen que pagar y cómo lo tienen que pagar”, ha concluido.

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