La UE se abre a dar un trato especial en los Presupuestos nacionales al gasto en Defensa

La invasión de Ucrania ha abierto la puerta en la UE a que el aumento del gasto en Defensa se considere un atenuante cuando el déficit público se dispare. Esta posibilidad está recogida en la propuesta de negociación que la presidencia del Consejo de la UE —o lo que es lo mismo, España, durante esta segunda mitad de 2023— ha presentado a sus socios para reformar las reglas fiscales, según el documento al que ha accedido EL PAÍS. Ese texto, elaborado “sobre la base de amplias consultas con los Estados miembros y la Comisión”, busca acercar las posturas en los puntos más distantes siendo sensible a reclamaciones de algunos socios, como no tener en cuenta en una futura regla de gasto parte de los créditos que se reciban del Fondo de Recuperación, una reivindicación italiana, o una rebaja mínima anual de deuda para los países más endeudados, como pedía Alemania.

La reforma de las reglas fiscales es uno de los dosieres más complicados que tiene España sobre la mesa durante su presidencia. Se trata de casar unas normas que empujen hacia la reducción de la gran cantidad de deuda acumulada como respuesta de la política económica a la concatenación de tres crisis sistémicas en los últimos 15 años (la financiera de 2008, la pandemia y la invasión de Ucrania) con la inversión necesaria en las transiciones medioambiental y digital. Y ello sin olvidar que la guerra en marcha en la frontera del Este y la pujanza de China han abierto un flanco geoestratégico que atender.

La reforma pendiente afronta estas semanas unos momentos clave para que los Estados miembros unifiquen su postura y vayan cerrando ya, junto con el Parlamento, el texto legal que precisa. El equipo que dirige la vicepresidenta primera y ministra de Economía española, Nadia Calviño, quiere tener listo un primer borrador para mitad de octubre. De ahí que haya acelerado los trabajos y que haya planteado a los demás socios, después de oírlos, un documento en el que despliega posibles puntos de encuentro —“zona de aterrizaje”, en el argot comunitario— en los que se requiere un difícil ejercicio de equilibrio entre posturas alejadas hasta hace no mucho. A un lado Francia e Italia, con el soporte de Portugal y otros, reclamando hueco para las inversiones en los planes de ajuste de deuda; al otro, Alemania y sus aliados tradicionales en este campo —los llamados países frugales: Austria, Finlandia, Dinamarca...— pidiendo objetivos numéricos comunes a todos para reducir esos abultados volúmenes de deuda acumulados durante la pandemia independientemente de cuál sea el punto de partida de cada Estado.

El papel, cuyo último borrador tiene fecha del pasado 26 de septiembre, lo discutirán en conjunto los negociadores jefe de las distintas delegaciones este lunes y martes en Madrid. En la “zona de aterrizaje” hay un apartado con el explícito título de “espacio fiscal para inversiones e incentivos para reformas”. Ahí aparecen, por ejemplo, los planes de cuatro años de ajuste de la deuda que plantea la Comisión Europea en su propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (el nombre oficial de las reglas fiscales), con la opción de ampliarlo a siete si los Estados se comprometen a hacer inversiones y reformas.

También ahí se puede leer que los créditos del Plan de Recuperación podrán ser deducidos del gasto máximo que se haya recogido en esa senda de ajuste. La deducción no es ilimitada, pues se habla de “un máximo de X% de PIB [el porcentaje está pendiente de concretarse] por año”. Y, además, tiene un horizonte temporal, pues en 2026 se acaba el Fondo de Recuperación. Esta propuesta se formuló a puerta cerrada por el ministro de Finanzas italiano, Giancarlo Giorgietti, en la reunión que se celebró en Santiago de Compostela el 16 de septiembre.

En el mismo apartado se recoge la opción de que el “aumento de la inversión gubernamental en Defensa [...] sea explícitamente reconocida como un factor específico relevante cuando se activa el procedimiento de déficit excesivo, junto con otros factores relevantes”. Varias fuentes de la negociación aclaran que lo que se busca aquí es darle un carácter atenuante a esos incrementos en caso de que la Comisión se plantee abrir un expediente sancionador a un país por superar el déficit permitido en el pacto de estabilidad, el sacrosanto 3% grabado en los tratados. Con este paso, España prestaría oídos a los países del Este, a los que los presupuestos de Seguridad y Defensa se les han disparado con la invasión de Ucrania, señalan las mismas fuentes.

Ajustes a medida

Antes del apartado de inversiones, en el borrador hay otro que resultará espinoso: el de las “salvaguardas comunes” y si estas se convierten en objetivos numéricos de reducción de deuda iguales para todos los países, sea cual sea su situación fiscal y económica. La filosofía de la propuesta de reforma de la Comisión es que para llegar a esos elementos que señala el Pacto de Estabilidad (el 3% de déficit público y a, largo plazo, un tope del 60% de deuda en relación al PIB) se harán planes fiscales de cuatro a siete años adaptados a cada Estado. Estos planes marcarán hitos de ajuste a medio plazo, partiendo de un análisis de sostenibilidad que haría el Ejecutivo comunitario.

Alemania lleva tiempo reclamando que en esos trajes fiscales a medida haya unos objetivos mínimos anuales comunes para todos, especialmente para los Estados más endeudados. En la propuesta de la presidencia se abre la puerta a esto a través de un mecanismo complejo, pues se habla de asegurar “una reducción anual media” de deuda en un horizonte muy largo de tiempo, entre 14 y 17 años, siempre que al final de ese periodo se prevea que la ratio de deuda sobre PIB seguirá por encima del 60%.

Las diferentes equis que aparecen en varios puntos del documento de cuatro páginas preparado por la presidencia española serán uno de los elementos de debate intenso en los próximos días. También lo habrá sobre el papel que se reserva al Consejo Fiscal Europeo. Los Estados miembros plantean darle más papel a este órgano e, incluso, asumir el nombramiento de su presidente, algo que ahora corresponde a la presidencia de la Comisión Europea. Tanto este paso como otros que se desarrollan a lo largo de las propuestas de los Veintisiete emergen de la desconfianza de una parte de ellos, con Alemania a la cabeza, hacia el Ejecutivo de Bruselas. Temen que la negociación de planes nacionales de ajuste y su aprobación se convierta en una negociación bilateral entre la Comisión y el Estado concernido que acabe en algo que ellos pudieran ver como un mal arreglo.

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