Celsa acusa a los fondos de buscar la “expropiación forzosa” de la siderúrgica

La suerte está echada. Tras una semana de vistas, el juicio sobre Celsa ha terminado este martes con las conclusiones de las partes, y el titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona ha dejado el caso visto para sentencia. En juego está la propiedad del gigante siderúrgico español: si el juez decide homologar el plan de restructuración presentado por los fondos de inversión que atesoran una parte importante de la deuda de la multinacional, Celsa pasaría a ser propiedad de estos fondos. Si, en cambio, estima la demanda de oposición a este plan presentada por la familia Rubiralta, propietaria de Celsa, esta podrá seguir controlando la empresa que fundó en 1967. En sus conclusiones, los fondos acreedores han asegurado que no hay una alternativa a su plan que no sea el concurso y la liquidación de la compañía a causa de la elevada deuda que arrastra. El abogado de los socios propietarios, en cambio, ha afirmado que los fondos no tienen un plan industrial: “Lo que pretenden los fondos es la expropiación, en una magnífica operación financiera para ellos”. El juez Álvaro Lobato ya ha avanzado que el fallo se conocerá en los primeros diez días de septiembre, un veredicto que será definitivo, ya que no se podrá interponer recurso.

En el juicio han participado tres partes: la familia Rubiralta, que tiene el 100% de las acciones de Celsa; los fondos de inversión —Deutsche Bank, Goldman Sachs, Anchorage, Attestor, Cross Ocean y Golden Tree— que tienen 2.200 millones de la deuda de la compañía; y Kutxabank, el único acreedor que se ha opuesto al plan. La vista de este martes llega después de una semana en la que en el juicio han comparecido testigos de una y otra parte, y se han analizado los distintos informes sobre la valoración de la compañía. Determinar cuánto vale Celsa es clave para su futuro: si vale más que la deuda que arrastra (3.300 millones) los Rubiralta podrán seguir al frente de la empresa, pero si vale menos, los fondos podrán hacer valer su plan y quedarse con Celsa. Este plan, presentado en septiembre pasado tras unos años de tensión, prevé convertir parte de la deuda que atesoran los fondos —1.291 millones— en el 100% de las acciones, mientras que el resto se podría devolver en cinco años.

En sus conclusiones, el abogado de los socios de Celsa ha defendido que la empresa es solvente y que el plan de los fondos “no puede ser homologado sin infringir la ley”. Primero, ha expuesto, porque el plan se ha elaborado sin el consentimiento del deudor, y segundo porque la compañía no es, como dicen los fondos, insolvente. “Ha quedado claro que el grupo puede pagar sus deudas, el grupo ha ido pagando con normalidad a sus proveedores, obtuvo unos resultados muy buenos en 2022 y está cumpliendo con los presupuestos este año. La supuesta insolvencia se encuentra solo en el impago de la deuda”, ha expresado.

La multinacional siderúrgica ha llegado a tener un peso muy importante —con 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, una facturación de 6.084 millones de euros el año pasado y un resultado bruto de explotación de 867 millones—, y si lo ha hecho ha sido en parte gracias a las adquisiciones que ha ido haciendo para crecer, y que ha financiado con préstamos de la banca. Los fondos de inversión compraron esta deuda a los bancos con grandes descuentos, y ahora mismo tienen el 90% de la deuda jumbo y el 89% de la deuda convertible, con plazos de pago ya vencidos.

“Los solicitantes han despreciado durante dos años todas las posibilidades para llegar a un acuerdo, no les interesa, porque necesitan mantener la deuda en default para tener el impago como argumento”, ha dicho el abogado de Celsa, que ha insistido una y otra vez en la solvencia de la empresa. “Cuando una sociedad está en insolvencia, no se puede pagar a nadie, y aquí se está pagando a todo el mundo. Se habría pagado a los solicitantes, pero estos se han negado”, ha apuntado, resaltando que el grupo tiene capacidad para refinanciarse.

El abogado de los socios ha criticado con dureza el informe que los fondos encargaron a Lexaudit, que sitúa el valor de Celsa entre los 2.400 y los 2.800 millones de euros, por debajo de la deuda del grupo: “Carece del más mínimo rigor técnico y de imparcialidad”. También ha negado que el hecho de haber negociado una ayuda con el Estado —se acordó un rescate de 550 millones dentro de las ayudas que la SEPI aprobó a empresas estratégicas para hacer frente al impacto de la pandemia— signifique que la compañía sea insolvente. “Es evidente que la covid ocurrió, y que el Estado español puso a las empresas estratégicas mecanismos para garantizar su solvencia. El haber negociado esta ayuda no significa que haya insolvencia, más cuando esta ayuda no se ha ejecutado”, ha expresado, en relación al hecho de que el rescate estaba sujeto a que hubiese una quita de la deuda.

El representante de los socios ha calificado la operación de los fondos de “expropiación forzosa”. “La única explicación es el cambio de la propiedad. Lo que pretenden los fondos es la expropiación, en una magnífica operación financiera para ellos”, ha resaltado el abogado, quien también ha afirmado que detrás de este plan no hay una estrategia industrial para mantener el empleo y la actividad: “Su óptica es la del retorno de la inversión”. “El plan no contiene análisis de los riesgos, provocaría una situación tan grave que puede llevar al colapso”, ha concluido.

Los acreedores: “La alternativa es el concurso”

Las conclusiones de la parte de los fondos han ido en la dirección completamente opuesta. Han asegurado que el juez tiene ante sí una disyuntiva importante: homologar su plan de reestructuración o “asumir que Celsa llegue a una situación de concurso de acreedores” que, en su opinión, terminaría en la liquidación de la compañía. “La propuesta alternativa de los socios del grupo Celsa es puro humo, una quimera, algo que no existe”, ha apuntado el abogado de los fondos, en referencia al plan de los Rubiralta para seguir al frente de la empresa. En este sentido, los fondos han cuestionado que, una vez se conozca la sentencia, la SEPI esté dispuesta todavía a entregar una ayuda a la empresa que sería crucial para hacer frente al pago de la deuda.

El letrado que representa a los fondos ha recordado que Celsa no ha aportado los resultados financieros de los dos primeros trimestres de este 2023. El abogado entiende que los habrían aportado “si esos resultados intermedios arrojasen una conclusión de validación de las proyecciones de negocio de la compañía”. “La empresa lleva más de tres años sin hacer frente al servicio de su deuda, no ha sido capaz de obtener financiación para pagar la deuda impagada y la deuda convertible se vende con descuentos muy relevantes, que reflejan el verdadero valor de la empresa. Todos los elementos son prueba de que no hay valor en las acciones”, han insistido más tarde los fondos en un comunicado. En la nota, los acreedores apuntan que “si la empresa valiera 6.000 millones, como afirman los propietarios, habría podido obtener financiación en el mercado o, alternativamente, proceder a la venta de activos para pagar la deuda y no habría sido necesario llegar al punto en que nos encontramos ahora”. Kutxabank, por su parte, el único acreedor que se ha opuesto al plan, ha negado que esté alineado con los socios propietarios y ha pedido al juez que declare su no afectación en el proceso, ya que la entidad no tenía ningún crédito vivo con Celsa el 26 de abril de este año, fecha del plan de reestructuración.

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