Celsa contiene la respiración ante el juicio que decidirá su futuro

Celsa está ante su semana clave. Este lunes ha arrancado el juicio que debe dirimir si la propiedad del gigante siderúrgico continúa en manos de la familia Rubiralta, fundadores de la empresa en 1967, o bien si se entrega el control de la compañía a los fondos de inversión que quieren cobrarse la parte de la deuda que atesoran de la multinacional. Para ello, los fondos —entre los que están Deutsche Bank, Goldman Sachs, Anchorage, Attestor, Cross Ocean y Golden Tree— han pedido que se aplique la Ley Concursal, para que se apruebe su plan de reestructuración que prevé convertir la deuda que tienen en acciones, y así hacerse con el 100% de la empresa familiar. En la primera jornada se han debatido cuestiones previas y se han fijado posiciones: los Rubiralta afirman que el plan de los fondos “no aseguraría la continuidad del grupo”, mientras que los acreedores han anunciado que ya tienen listo un nuevo consejo de administración para sustituir al actual, si el juez les da la razón. El próximo martes, el titular del juzgado de lo mercantil número 2 tiene previsto exponer sus conclusiones.

El peso de una multinacional como Celsa es muy notable, y prueba de ello es cómo han cerrado filas en torno a la empresa tanto el Gobierno de la Generalitat como la patronal Foment del Treball, que en los últimos días han expresado la necesidad de que la empresa siga en manos de la familia Rubiralta. El temor que tienen es que un gigante como Celsa —con 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, una facturación de 6.084 millones de euros el año pasado y un resultado bruto de explotación de 867 millones— pase a manos de los fondos y estos vendan la compañía para recuperar el dinero invertido. En esta línea se ha expresado en sede judicial, Francesc Mesegué, vicepresidente del consejo de administración de Barna Steel, empresa del grupo, y uno de los cargos de confianza de los accionistas. Mesegué ha afirmado que el plan de reestructuración de los fondos “sumiría a la empresa en una incertidumbre que puede llevar al desastre”, por la posibilidad de que las empresas del grupo se pongan a la venta: “Trabajar con los fondos da miedo: pueden hacer cosas no usuales”, ha dicho. Otro de los testimonios que han comparecido en la sesión de este lunes ha sido Xavier Pujol, consejero independiente, quien ha afirmado que el plan es “perjudicial” para la compañía, ya que es en realidad un plan financiero y no de desarrollo de negocio. Los representantes de los fondos han asegurado que su plan no es vender la empresa, que garantizan el empleo, que tienen un proyecto y no van a tocar el rumbo industrial e inversor de la empresa, y que hasta ya tienen preparado un nuevo consejo de administración.

Esta visión de desarrollo de negocio explica también cómo se ha llegado hasta aquí. Celsa pidió importantes sumas a la banca española para financiar su política de crecimiento basada en adquisiciones, que ha resultado ser exitosa y le ha dado el volumen que tiene hoy, pero a la vez ha agrandado su deuda. Los fondos compraron una parte importante de esta deuda con importantes descuentos, y actualmente tienen 2.200 millones de los 2.700 millones del pasivo de Celsa (ostentan el 90% de la deuda jumbo y el 89% de la deuda convertible), cuyo plazo de pago ya venció. Tras meses de tensión, en septiembre los fondos, que ya habían planteado entrar en el capital, dieron un salto adelante y plantearon convertir parte de la deuda que atesoran —1.291 millones— en el 100% de las acciones, mientras que el resto se podría devolver en cinco años. La cuestión es, pues, cuánto vale Celsa: si vale más que la deuda que tiene, los Rubiralta podrán retener la compañía, pero si vale menos, los fondos podrán convertir la deuda que tienen en el total del capital. Los informes de las partes también están presentes en el juicio. El informe de Lexaudit sitúa el valor de Celsa entre los 2.400 y los 2.800 millones de euros. Es el informe en el que se basan los fondos, y está presente en el proceso, pese a que Celsa intentó excluirlo, ya que fue mediador entre las partes. Por otro lado, los informes encargados por Celsa a Lazard y AZ Capital elevan la valoración hasta los 6.000 millones.

En el juicio sobre la homologación del plan de reestructuración hay tres partes implicadas: los accionistas que tienen el capital de la empresa, es decir, la familia Rubiralta; los acreedores que impulsan el plan de reestructuración; y Kutxabank, el único de los acreedores que se opone al plan. Los representantes de los acreedores que se adhieren al plan para relevar a los Rubiralta han explicado que progresivamente fueron perdiendo la confianza en los accionistas, lo que les llevó a querer hacerse con el control de la empresa. En los últimos contactos, la familia ha aceptado proponer que los fondos se queden con una parte minoritaria a cambio de una quita de 600 millones de deuda, pero los fondos ya quieren todo el pastel. Si se hubiese llegado a un acuerdo en esta dirección, ello habría desbloqueado los 550 millones de euros que Celsa negoció con el Estado en el marco de los rescates de la SEPI por la pandemia, y que aún no se han ejecutado porque estaban sujetos a que hubiese una quita de deuda. La situación ahora ya es otra: “No hemos dejado de confiar en el grupo Celsa, sino en el accionista”, ha afirmado el representante de uno de los fondos en el juicio.

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