Se busca un millón de firmas para que la UE cree un impuesto sobre el 1% más rico

El 1% más rico de Europa acumuló entre 2020 y 2021, en plena crisis del coronavirus, casi la mitad de la nueva riqueza generada en el continente. Ahora, un grupo de economistas, activistas, políticos y millonarios de siete países europeos ha registrado una iniciativa ciudadana para pedir a Bruselas que se ponga manos a la obra y confeccione un impuesto europeo sobre las mayores fortunas del bloque. En un mes, el Ejecutivo comunitario dará una respuesta. Si considera que la propuesta reúne los requisitos básicos —algo que suele ocurrir—, los impulsores tendrán un año para recoger un millón de firmas.

La propuesta solicita “a la Unión Europea que adopte un impuesto anual permanente sobre el patrimonio de las mayores fortunas de Europa para aumentar los ingresos a reducir la pobreza y la desigualdad tanto en casa como en los países más pobres, y abordar la crisis climática”, señala la nota que da a conocer la iniciativa, que ha sido registrada este jueves como iniciativa ciudadana europea. Este instrumento permite a los ciudadanos de la Unión solicitar al Ejecutivo comunitario que plantee nuevas leyes.

“Un impuesto sobre el patrimonio puede ayudar a revertir los niveles insostenibles de desigualdad actuales y desbloquear los miles de millones que necesitan las personas y el planeta. Es lo que necesitamos para una Europa y un mundo más justos”, ha dicho Lars Koch, director ejecutivo de Oxfam Dinamarca y uno de los impulsores de las propuestas. La ONG calcula que un gravamen anual europeo sobre las grandes fortunas, del 2% para los millonarios con un patrimonio superior a los 5 millones de dólares, del 3% para más de 50 millones y del 5% para los multimillonarios, casi 250.000 millones de euros al año.

Los demás firmantes de la iniciativa son el economista y político húngaro László Andor, ex comisario europeo de Empleo y Derechos sociales, la heredera austriaca Marlene Engelhorn —que renunció a la fortuna que le corresponde, el director ejecutivo de Oxfam Dinamarca Lars Koch, el economista Patrizio Laina (Finlandia), la eurodiputada francesa Aurore Lalucq, del partido de centro-izquierda Place Publique, el político socialista Paul Magnette (Bélgica), el economista francés Thomas Piketty y el coordinador global de la Alianza Progresista, Conny Reuter (Alemania).

El pasado marzo, más de 100 eurodiputados, algunos de los economistas más destacados del ala de pensamiento progresista, como Gabriel Zucman y Joseph Stiglitz y a la asociación Patriotic Millionaires —una organización de ricos estadounidenses que pide una reforma fiscal para pagar más impuestos—, ya habían pedido a la UE que introdujera un impuesto progresivo sobre la riqueza extrema.

El impulso de las crisis

También a nivel global los megaricos han inflado sus fortunas en este periodo de turbulencias económicas y sociales. En los dos primeros años de la pandemia, el 1% más acaudalado concentró el 63% de toda la nueva riqueza generada —unos 26.000 millones de dólares—. El 99% restante se quedó con el 37%, unos 16.000 millones. En España, la riqueza de los milmillonarios ha aumentado en casi 3.000 millones de dólares desde 2020.

Pero este periodo convulso también ha impulsado nuevos movimientos. El estallido de la pandemia, que ha golpeado de manera desigual a los distintos estratos de la población y se ha cebado con los más vulnerables, ha sido, en cierto sentido, un motor para retomar las conversaciones sobre la contribución fiscal de los más pudientes, tanto empresas como personas físicas, ante unas cuentas públicas depauperadas por la situación económica. Desde la irrupción del virus se han multiplicado las voces, también en ambientes liberales, que exigen a estos contribuyentes aportar más a las arcas públicas. De hecho, fue en 2021 cuando la OCDE, tras ocho años de trabajos, alcanzó un acuerdo entre más de 130 países para imponer un tipo mínimo del 15% a las multinacionales.

Con la guerra en Ucrania y la explosión de los precios energéticos, estas voces han ganado más decibelios y han aumentado los partidarios de pedir un mayor esfuerzo a los más ricos y a las empresas que gracias a la crisis han engordado sus números. El caso más paradigmático es el de las energéticas, que han disparado sus beneficios con el encarecimiento del gas y la electricidad. Varios países, entre ellos España, han optado —aunque con fórmulas muy distintas— por gravar estos beneficios extraordinarias, pero son menos frecuentes los impuestos a las grandes patrimonios. El Gobierno español ha implementado un nuevo impuesto a las grandes fortunas, de manera temporal durante dos años, para recaudar en total unos 3.000 millones. Pero es muy probable que estos números no se alcancen: se trata de bases imponibles muy móviles, que pueden irse a otro lugar con fiscalidad más ventajosa, como ocurre con el impuesto de sociedades.

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