Los asesores fiscales perciben un aumento en los cambios ficticios de residencia

Más consultas sobre traslados y más audaces. Seis de cada diez asesores fiscales perciben que el cambio de residencia fiscal de los contribuyentes hacia otros países va en aumento y que, cuando estos se producen, son mayoritariamente ficticios, con el único objetivo de pagar menos impuestos. Esta es una de las conclusiones de una encuesta del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) sobre la opinión del los expertos tributarios, que ha sido presentada este jueves junto al documento de Declaración de Sociedades 2022 del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Algo parecido ocurre con el traslado entre comunidades: hasta el 70% del colectivo advierte que el número de consultas ha crecido, y la mitad cree que el grueso de las mudanzas, cuando se materializan, no son veraces. Unos resultados que contrastan con las sensaciones que rodean el nuevo impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas: el 60% de los encuestados cree que desanima los movimientos entre autonomías por razones fiscales, pero incentiva la salida de patrimonios hacia el exterior.

En realidad, no hay tanta contradicción. El debate sobre los cambios ficticios de residencia entre comunidades no es nuevo y cada tanto incendia el debate político. La razón es que las autonomías tienen una amplia gestión normativa sobre varios tributos, entre ellos los que gravan la riqueza —patrimonio y sucesiones y donaciones—. Aunque recaudan poco sobre el total de ingresos, tienen un fuerte componente ideológico, y algunos territorios, con Madrid a la cabeza, destino favorito de las rentas altas y acusada por otras Administraciones de dumping fiscal, han introducido fuertes rebajas en estos impuestos.

El último incendio se prendió a cuenta del nuevo tributo a los ricos que empieza a cobrarse este año, que recauda el Estado y que se solapa al de patrimonio que gestionan las comunidades. El objetivo de Hacienda es que también lo paguen los residentes de aquellas regiones que bonifican el segundo —Madrid y Andalucía al 100% y Galicia al 50%—, algo que, como refleja la encuesta —en la que han participado los asociados del REAF—, reduce el interés por el traslado de una región a otra. “El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, de forma peculiar, armoniza el impuesto sobre el patrimonio”, ha afirmado Jose María Durán-Cabré, director del IEB y coautor de la encuesta junto a Alejandro Esteller Moré, investigador del mismo organismo y catedrático en la Universidad de Barcelona.

Durán-Cabré cree que las consultas sobre traslados internos crecen pese al nuevo gravamen porque “hay otros impuestos”, como sucesiones y donaciones o el IRPF —las comunidades gestionan la mitad del tramo impositivo, el autonómico, los mínimos personales y las deducciones— que pueden influir en la decisión del contribuyente. En contrapartida, también han aumentado los controles de la Agencia Tributaria y sofisticado sus herramientas, tanto para investigaciones internas como internacionales, ha alertado Agustín Fernández, presidente del REAF: “Los sistemas de comprobación de la Agencia Tributaria son muy superiores a los que tenía hace cinco o diez años”.

Madrid, la comunidad que más aporta al impuesto de sociedades

Madrid y Cataluña aglutinan el 20% de los contribuyentes por el impuesto de sociedades —excluido País Vasco y Navarra— y más de la mitad (54%) de la recaudación, aunque la región capitalina casi dobló los resultados de su competidora en 2020, con una cuota líquida de 4.856 millones, frente a los 2.764 de Cataluña.

Fernández ha recordado que los ingresos por sociedades se derrumbaron en 2020 por la pandemia, pero en 2021 recuperaron vigor y el año pasado alcanzaron un récord de 32.176 millones —fue el impuesto que más creció de todas las grandes figuras—, solo superado por las marcas de 2005,2006 y 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Los elevados beneficios corporativos, arrastrados por la banca y la energía, explican los resultados, que se producen pese a que la base imponible del impuesto fuera en un 21% inferior a la de 2007 por la existencia, ha explicado Fernández, de bases imponibles negativas de años anteriores que rebajan el importe. Las entidades radicadas en Cantabria, Canarias y Baleares fueron las que más aumentaron los ingresos en 2022 respecto a 2021.

Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del REAF, ha resumido varias de las novedades que han entrado en vigor en 2023 con respecto al tributo. La más importante es “una nueva penalización a los grupos que consolidan”, ha dicho en referencia a la limitación al 50% en la compensación de bases negativas que se aplica temporalmente este año, que ya ha supuesto más de 200 millones de recaudación adicional. Entre 2022 y 2023 también se han introducido un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, se ha reducido del 85% al 40% de la bonificación para rentas derivadas del arrendamiento de viviendas, se ha rebajado al 23% el tipo para firmas con facturación menor al millón de euros, y se han introducido incentivos fiscales para mejoras en la eficiencia energética y para empresas emergentes, entre otras iniciativas.

Complejidad

Todos estos cambios también complican el sistema, que los asesores fiscales han vuelto a valorar globalmente de manera negativa. Casi el 60% de los encuestados cree que ha empeorado en los últimos años, una percepción que se acentúa en cada nueva encuesta —esta ha sido la cuarta edición—. El mayor problema es la creciente complejidad (para el 90%) al legislar y aplicar los tributos. En este sentido, consideran que la Agencia Tributaria tiende a guiarse por “criterios predominantemente recaudatorios”, y a aplicar con “dureza” los procedimientos de comprobación y gestión.

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