Andalucía sigue a Madrid y recurre al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas

Andalucía se ha sumado a la Comunidad de Madrid y ha autorizado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que el Gobierno central aprobó el diciembre del año pasado. El Ejecutivo de mayoría absoluta del popular Juan Manuel Moreno se ha adherido a los principales argumentos esgrimidos por el gabinete jurídico que asesora al gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y alegará ante el tribunal de garantías que la nueva tasa supone una invasión de las competencias autonómicas recogidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); que infringe el principio de seguridad jurídica y que su tramitación, a través de una enmienda, se ha hecho vulnerando el procedimiento. Además, para la Junta, que ha pedido la suspensión cautelar en tanto que se resuelve el recurso, este gravamen es un “impuesto contra Andalucía, porque está liderando, porque está en parámetros donde ellos [el PSOE] nunca la colocaron y eso les molesta”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, Ramón Fernández- Pacheco, este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha explicado que el recurso ante el Tribunal Constitucional que la Junta registrará en los próximos días, considera, desde el punto de vista formal, que el impuesto a las grandes fortunas vulnera el derecho a la participación recogido en el artículo 23 de la Constitución, por haberse incluido “por la puerta de atrás” como una enmienda a otra ley que por la que se crean dos nuevos tributos. “Se priva al Parlamento, de poder establecer enmiendas y se cercena el derecho a los ciudadanos”, ha señalado España.

Como en el recurso presentado el 1 de febrero por la Comunidad de Madrid, el de Andalucía también entiende que se infringe el artículo 9,2 de la Constitución, al entender que el nuevo gravamen “se ha introducido de manera sorpresiva, impidiendo a los afectados adaptarse a las circunstancias”. Pero en lo que más hincapié ha hecho la consejera andaluza de Economía y Hacienda es en la “invasión de competencias normativas de la comunidad que se encuentran reconocidas en la Constitución, el Estatuto y en la LOFCA”. “Es algo sin precedentes, nunca un nuevo impuesto se había superpuesto a un impuesto regional”, ha señalado en relación con el impuesto de Patrimonio, que la nueva tasa anula, en parte. “No se puede ceder a las Comunidades Autónomas, pero País Vasco y Navarra sí pueden concertarlo, ¿dónde está la armonización?”, se ha preguntado la consejera.

El Gobierno de Moreno entiende el gravamen a los ricos como una manera de anular la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía, que el presidente autónomo anunció el pasado 19 de septiembre, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, a la que el dirigente popular tiene como modelo en materia de fiscalidad. Esta decisión desató una guerra fiscal entre las comunidades a la que respondió el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciando un impuesto a las grandes fortunas, complementario al del Patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, para gravar con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros. “Cuando lo planteó Podemos en junio de 2022, el PSOE lo desestimó por considerarlo que se solapaba con la fiscalidad autonómica y que tenía un escaso poder recaudatorio, lo único que cambió desde entonces a cuando se aprobó fue que Andalucía suprimió el de Patrimonio”, ha insistido la consejera andaluza.

La portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha respetado la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir al Constitucional, pero ha defendido la filosofía redistributiva que defiende el Ejecutivo de Sánchez con ese gravamen. “Esto nos permite avanzar en justicia social para fortalecer el sistema de salud, la FP... Los que más tienen más deben contribuir”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Solo 1.000 afectados por el impuesto a los ricos

Cuando el Gobierno andaluz anunció la eliminación de ese impuesto, por una parte, trató de quitarle trascendencia ante la avalancha de críticas por parte de la oposición y los sectores sociales de una comunidad con la mayor tasa de pobreza del país, alegando que solo afectaba al 0,2% de la población, que apenas tenía peso específico en el montante total de la recaudación —95 millones, el 0,6%―, pero que, a cambio, permitiría atraer a varios miles de contribuyentes con rentas altas, que tributarían por IRPF. La Consejería de Economía y Hacienda no concretó entonces cuántos contribuyentes nuevos esperaba seducir o en qué montante se beneficiarán las arcas autonómicas por la subida en la recaudación de IRPF que vaticinó, pero sus técnicos calcularon que con que trasladaran su domicilio fiscal 7.200 ciudadanos, se compensaría con su declaración de la renta la pérdida de ingresos por Patrimonio.

De la supresión de este tributo se benefician alrededor de 19.000 andaluces, mientras que los afectados por el denominado impuesto a los ricos serían solo 1000. La Junta tampoco ha valorado en qué merma de inversiones o de ingresos para las arcas andaluzas supondría el nuevo gravamen. “Por cada euro que se va de patrimonio, se dejan de ingresar 10 en IRPF”, ha señalado España. “Lo que nos preocupa no son esas cifras, sino la invasión de competencias que supone ese impuesto, porque si mañana nos encontramos con que el Gobierno quiere establecer un nuevo impuesto de Sucesiones y Donaciones, ¿para qué se nos dan las competencias?”, ha hecho hincapié la consejera.

La titular de Economía y Hacienda de la Junta también ha advertido de cómo ese impuesto está provocando un “efecto huída” de las grandes fortunas y grandes inversiones de Andalucía y de España. “Había un interés de la gente por venir a esta comunidad que ya no existe”, ha incidido la consejera. Pero cuando se le han pedido datos concretos que avalen esa afirmación, se ha limitado a señalar que es lo que les trasladan los despachos de asesores fiscales.

Menos impuestos, más recaudación

Desde que el PP accedió a la Junta de Andalucía en 2019 (primero en coalición con Ciudadanos) la bajada de impuestos ha sido uno de los grandes ejes de sus políticas, en consonancia con el ideario fiscal de su partido. El Gobierno de Moreno ha reivindicado que cada una de las bajadas impositivas —cuatro desde que el dirigente popular asumió la presidencia, entre las que se ha bonificado el 100% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y se han rebajado los tramos autonómicos del IRPF― se ha traducido en una mayor recaudación, Una afirmación que este martes ha vuelto a realizar la consejera de Hacienda que ha señalado que entre 2019 y 2022 la recaudación se ha incrementado un 12,75%. España atribuye esa subida —que es generalizada en todas las comunidades autónomas― no solo a la coyuntura económica, sino a la mayor recaudación por IRPF que, según los datos de la consejería, en 2019 y 2020 creció por encima de la media nacional en un 6,49% y un 2,35%, respectivamente.

El recurso ante el Constitucional de Andalucía es un paso más en la estrategia de confrontación con el Gobierno central que está siguiendo el PP desde la Junta, como ya hiciera en el pasado el PSOE cuando en La Moncloa gobernaba Mariano Rajoy. Al cambio de modelo de financiación autonómico y al pago de la deuda histórica, reivindicaciones seculares, se han sumado los choques por la llegada y distribución de los fondos europeos de recuperación, el plan de regadío de Doñana y, recientemente, el plan hidrológico del Tajo-Segura aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que contempla la creación de un caudal ecológico que reduce la cantidad de agua que se trasvasará al Segura, y que Moreno ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo, siguiendo en este caso la estela de otro Gobierno autónomo popular, el de la vecina región de Murcia.