El Gobierno pide al presidente de la Junta que “desista” de la propuesta de ampliar regadíos en Doñana

Primero fue la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, luego la Unesco y la Comisión Europea, la semana pasada. Ahora, es el Gobierno de España, a través de su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, su malestar ante la reforma legal presentada por PP, Ciudadanos y Vox para convertir 1.460 hectáreas de Doñana en suelo regable y que este miércoles se debate en el pleno del Parlamento regional. Ribera pide en una carta remitida al dirigente popular que “desista de la iniciativa legislativa que tan perjudicial puede resultar para España”.

En la carta, adelantada por la Cadena SER y a la que ha tenido acceso este diario, la vicepresidenta advierte a Moreno de “los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior” que puede tener la propuesta presentada por la derecha andaluza de salir adelante. Ribera recuerda al presidente de la Junta el “serio riesgo” de que a consecuencia de la iniciativa legislativa, el problema de los pozos y la extracción ilegal de agua en Doñana regrese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea “y culmine en cuantiosas multas, que se reiterarían en el tiempo” hasta que la situación se corrigiera.

La iniciativa supondría un “daño grave a la credibilidad internacional de España, en un momento en el que estamos haciendo grandes esfuerzos por reforzar todos nuestros compromisos internacionales con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático”, advierte la vicepresidenta. Ribera se hace eco de la carta que la Comisión remitió la semana pasada al Gobierno alertando de las consecuencias que tendría para España la aprobación de la propuesta de PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz.

En esa carta, como también hace Ribera en la misiva remitida a Moreno, se recuerda que el Tribunal Europeo, en su condena contra España por la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana, establecía un camino para su protección que la propuesta andaluza vulnera. El cambio legislativo propuesto por los tres grupos parlamentarios atenta contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que el pasado junio condenó a España por no haber frenado el expolio provocado por los invernaderos clandestinos de frutos rojos “con extracciones de agua ilegales”. En paralelo, la medida contraviene a la Unesco, que mantiene los humedales de Doñana como Patrimonio de la Humanidad, pero que en sus informes ha urgido a las administraciones españolas a respetar el plan diseñado para proteger el acuífero.

Tanto los partidos que sustentan la iniciativa legislativa como el propio presidente de la Junta han argumentado estas semanas que su propuesta no implica una ampliación de los regadíos, sino la regularización de una situación “alegal” provocada por los “derechos históricos” adquiridos por algunos agricultores que venían suministrando agua a sus invernaderos desde hace décadas. Esos supuestos derechos históricos no tienen encaje legal y los diputados de PP, Cs y Vox sostienen que la propia Junta concedió ayudas económicas para reforzar estos invernaderos. Los alcaldes de la zona apoyan o están abiertos a estudiar la modificación del plan, salvo el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), que se ha opuesto a la iniciativa.

La vicepresidenta reconoce en la carta “la necesidad de que el Estado articule mecanismos de participación, cooperación y coordinación en materia pública hidráulica”, pero recalca que eso no implica “determinaciones unilaterales del legislador autonómico” que supongan una invasión de las competencias que la Constitución atribuye al Estado sobre las aguas de las cuencas intercomunitarias. Ribera señala que la proposición de ley vulnera esas competencias.

El presidente de la Junta manifestó este lunes que estaba dispuesto a reunirse con el Gobierno y con los ecologistas las veces que fueran necesarias. La consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Crespo, para tratar de acallar el revuelo producido, también ha remitido esta semana una carta al comisario de Medio Ambiente, Virgilio Sinkevicius, en la que desvincula a su Ejecutivo de la iniciativa legislativa, traslada el compromiso de la Junta con el medio ambiente y le pide una reunión urgente para explicarle la situación. Fuentes cercanas al presidente de la Junta han confirmado a este diario que no tenían constancia de haber recibido la carta de la vicepresidenta tercera.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal