Ayuso se lanza a la caza de patrimonio extranjero con una deducción en el IRPF del 20% sobre lo invertido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región podrá desgravarse el 20% del total de lo invertido repartiéndolo entre sus declaraciones del impuesto de la renta de los siguientes seis años. Esa apuesta, lanzada durante una intervención en la 13ª edición de Spain Investors Day, que reúne durante dos días a las compañías cotizadas españolas e inversores internacionales, tiene tres ventajas para los intereses de la líder conservadora. Primero, le permite confrontar con el Gobierno central, que ha impulsado un impuesto a las grandes fortunas. Segundo, aumenta el atractivo para el patrimonio extranjero de Madrid, que ya atrae más del 70% de la inversión extranjera en España. Y tercero, justo antes de las elecciones del 28 de mayo, revitaliza la política de rebajas fiscales del PP, que ha supuesto que los sucesivos gobiernos regionales de Madrid hayan renunciado a más de 60.000 millones de euros en ingresos desde 1995.

“Les anuncio que vamos a aprobar un incentivo fiscal para nuevos inversores en la Comunidad de Madrid que pretendemos actúe de contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez”, ha dicho este jueves la presidenta regional sobre una medida que primero debe ser aprobada por su Gobierno, y luego por la Asamblea, por lo que es difícil calcular cuando entrará en vigor, pues en medio hay elecciones en mayo.

“Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid, e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en su tramo autonómico de la renta correspondiente al 20% de dicha inversión”, ha seguido. “Tan solo ponemos dos condiciones”, ha subrayado. Y ha enumerado: “La primera, que venga de fuera de España, concretamente establecemos un límite de al menos cinco años viviendo en el extranjero para poder disfrutar de esta deducción. Y la segunda, que invierta su patrimonio, en lo que quiera, y cuanto quiera, pero que genere riqueza y prosperidad para todos”.

Así, por ejemplo, un español residente en el extranjero desde hace cinco años que vuelva a España y se compre una casa de 300.000 euros, se ahorrará 60.000 euros en impuestos. De invertir 12.000 euros en acciones o fondos, su beneficio sería de 2.400 euros. O si un gran patrimonio extranjero se lanza a la aventura de entrar en el accionariado de una empresa madrileña, por ejemplo, con un millón de euros, se ahorrará 200.000 euros en su factura fiscal, que podrá repartir a lo largo de seis años. El Gobierno regional calcula que por cada 1.000 millones de inversión obtenida por esta vía aumentaría la recaudación en 125, se añadirían 886 al PIB regional y se crearían 13.000 puestos de trabajo

No hay nada casual en la decisión. Solo un día después de que la Comunidad anunciara por enésima vez que recurrirá el impuesto estatal a las grandes fortunas ante el Tribunal Constitucional, la presentación de la nueva rebaja se viste de “contrapeso” frente a la medida de Sánchez. Con las urnas ya en el horizonte, Ayuso tiene planeado profundizar en su discurso de libertad, trasladado a todos los terrenos: fiscal, sanitario, educativo, servicios sociales... En paralelo, pondrá en valor que Madrid es la locomotora económica de España. Y para reforzar esa imagen usará medidas como la anunciada este jueves.

Seis rebajas impositivas

Así, el Gobierno de Ayuso ha aprobado desde las elecciones de mayo de 2021 seis rebajas impositivas que supondrán que las arcas públicas autonómicas dejen de ingresar por esos conceptos más de 700 millones de euros cada año. Todo se confía a la curva de Laffer, teorizada sobre una servilleta y mil veces negada por múltiples académicos: se supone que a menos impuestos, más recaudación, porque los ciudadanos tienen más dinero para gastar. Las consecuencias de validar la teoría no son neutras: del acierto depende que haya dinero para financiar los servicios públicos.

La principal reforma impositiva de Ayuso llegó en 2021: una rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del IRPF, valorada en 330 millones y que favorece especialmente a las rentas altas, como ocurre en todos los impuestos progresivos. Ese mismo año llegó un gesto de valor ideológico, propagandístico y político, aunque no económico: suprimir todos los impuestos propios (3,4 millones de euros, que apenas representaban un 0,02% de la recaudación). A esas dos decisiones se les han unido en 2022 deducciones para fomentar la natalidad (34,7 millones); la ampliación al 25% de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos y tíos y sobrinos (48,3 millones de euros); la deflactación del IRPF (casi 200 millones, que de nuevo concentran el beneficio en las rentas más altas); y seis nuevas bonificaciones anunciadas el martes pensando en 2023 (92 millones).

Pero el acelerón fiscal del Gobierno de Ayuso no se frena. No se ha cumplido el primer mes de 2023, y ya hay una nueva rebaja fiscal: cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región podrá desgravarse el 20% del total de lo invertido repartiéndolo entre sus declaraciones del impuesto de la renta de los siguientes seis años.

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