Elecciones e instituciones fiscales

Nuestras leyes no están bien preparadas para transitar por periodos electorales o con gobiernos en funciones. Ni las presupuestarias, ni las de financiación territorial, ni, por supuesto, la Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF). A partir de la disolución de las cámaras legislativas, ¿qué ocurre con los objetivos fiscales que se aplicarán en 2024? ¿Y con la financiación autonómica y local? ¿Y con la renovación, si es el caso, de las medidas fiscales para paliar los efectos de la inflación, que expiran el 30 de junio?

La LOEPSF, esa norma que está y no está, prevé que antes del 1 de abril el Gobierno envíe al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local las propuestas de objetivos de déficit y deuda pública para los próximos tres años. No ha habido noticias de ello. Cierto es que para 2023 las reglas fiscales se encuentran suspendidas, pero la Comisión Europea ha advertido que regresarán en 2024. Ya no es solo el problema de una ley convertida en papel mojado, sino también la necesidad de un ejercicio de anticipación.

A finales de julio suele enviarse información a las comunidades autónomas sobre las entregas a cuenta que recibirán el siguiente año, a fin de facilitarles la elaboración de sus presupuestos. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. En esta ocasión, dada la interrupción del proceso presupuestario, no es previsible que ello suceda. Tradicionalmente, cuando los Presupuestos Generales del Estado no seguían el timing convencional, se prorrogaban también dichas entregas a cuenta. Aunque en 2019, afortunadamente, se pudieron actualizar sin Presupuestos aprobados y usando la base de su proyecto.

Si el trámite presupuestario solo se retrasa dos o tres meses por las elecciones, no es todo lo malo. La financiación territorial se actualizará más tarde que pronto, pero es de esperar que sin graves desórdenes de tesorería. El problema surgiría si la formación del nuevo Gobierno se retrasa y entramos en 2024 sin cifras de referencia. Un evento político en una administración afectaría notablemente al desempeño de otras. ¿Por qué no utilizar los escenarios inerciales del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas para fijar esas entregas a cuenta? Así servirían para algo.

Finalmente, la renovación de las medidas anticrisis (rebaja del IVA, cheque de 200 euros). El Gobierno, que todavía no está en funciones, puede prorrogarlas a través de un real decreto-ley que debe convalidarse por la Diputación Permanente del Congreso si se aprecia extraordinaria y urgente necesidad. Apuesto a que este va a ser el caso, avalado por la oposición y sin discusión sobre la idoneidad de su mantenimiento ni, por supuesto, la forma de financiarlas. Las urnas mandan.

Diego Martínez López es profesor en la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea

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