Ya tenemos libro blanco, ¿y ahora qué?

Entre el “tenemos que estudiarlo” de una parte del Gobierno, que suena a un aplazamiento sine die, y la reforma fiscal de urgencia de Unidas Podemos, hay un término medio. Según la tradición, las probabilidades de que el Libro Blanco se deposite en un cajón ministerial son elevadas. Por su parte, algunas ministras del Ejecutivo exigen ya cambios de emergencia sobre la base de una propuesta que lanzaron justo antes de que el comité de personas expertas publicase su informe.

Los expertos ya han realizado su trabajo. Los grandes dilemas sobre tributación que plantean solo pueden resolverse desde la política. Sin embargo, hay un territorio en el que lo técnico y lo político pueden asistirse mutuamente: en el calendario de la reforma, dosificando lo inmediato y lo que marcha al largo plazo. Por supuesto, todo condicionado a la triste geopolítica que nos llega desde Ucrania.

Toda reforma económica conlleva perdedores y ganadores. Por eso es inevitable contar con recursos para compensar a los primeros. También es cierto que los cambios sustanciales requieren no solo gradualidad para facilitar la adaptación de los contribuyentes, sino también anuncios y orientaciones ex ante que vayan preparando el camino.

En este sentido, un aspecto en el que la reforma tributaria ya puede comenzar es el de la fiscalidad empresarial. Aquí los vientos armonizadores internacionales y de evitación de conductas elusivas no suponen una sorpresa para los agentes económicos. Con determinadas recomendaciones sobre el IRPF ocurre otro tanto. Ni fracturan el statu-quo (el modelo dual se mantiene e incluso se refuerza) ni contradicen líneas de actuación ya sugeridas en otros ámbitos y tiempos (progresiva eliminación del sistema de módulos en estimación objetiva).

Sí resulta más rompedora la propuesta de transformar la reducción por rendimientos del trabajo en IRPF por un esquema similar al Earned Income Tax Credit norteamericano. Tanto su coste recaudatorio como los problemas con el funcionamiento del ingreso mínimo vital, que inevitablemente debería coordinarse con esta medida, obligan a ser prudente. Algo similar ocurre con el reajuste de tipos en el IVA que, para compensar a los más desfavorecidos, se sugiere combinar con transferencias directas a los hogares; de nuevo, su coste, diseño y ejecución óptima merecen pensarlo bien.

Ámbitos como los de la fiscalidad medioambiental y la patrimonial deben sincronizarse, a su vez, con otras reformas. La primera con aquellas asociadas al uso de los Fondos NGEU (Next Generation EU); se necesita dinero no solo para reconvertir actividades contaminantes, sino para compensar a los perdedores inevitables. La segunda, con la de la financiación autonómica; los impuestos sobre la riqueza están compartidos con las comunidades autónomas y contar con grados de libertad en otras variables ayudaría a digerir la necesaria armonización propuesta.

Diego Martínez López es profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla