Financiación autonómica: parches bien diseñados

No resulta nada evidente que este año se culmine la reforma integral del sistema de financiación autonómica. Para ello se necesitaría alguna de estas dos condiciones: o un acuerdo de ámbito nacional en las Cortes Generales que luego se traslada a los Gobiernos regionales (lo deseable), o regar con miles de millones de euros el Consejo de Política Fiscal y Financiera para recibir el plácet de las comunidades autónomas. Por desgracia, no parece fácil apoyarnos en una u otra salida.

Aunque la suficiencia financiera de las comunidades autónomas es un tema central (y la del Estado, y la Seguridad Social, y algunos Ayuntamientos…), esta tendrá que esperar. Allegar más recursos a las haciendas autonómicas después de los superávits vistos en 2020, y sin ningún tipo de condicionalidad, supondría desencajar las cuentas públicas más de lo que están. Lo ideal sería facilitar a las comunidades autónomas más capacidad para obtener recursos, a cambio de enfrentarse a reglas fiscales exigentes (ya lo eran; tanto que perdían factibilidad) y creíbles (aquí el gran reto).

Pero en gobernanza fiscal tenemos dos problemas. Primero, hay que esperar a que culmine el debate a escala europea, que nos condiciona. Segundo, el año pasado desaparecieron las referencias legislativas sobre disciplina fiscal y ahora habrá que ver cómo hacemos regresar al genio a la lámpara. Aplicar la cláusula de escape de la ley de estabilidad era necesario, pero sin destruir la credibilidad de una ley que ya andaba debilitada.

Pese a todo ello, cabe diseñar algunos parches que permitan transitar el momento. Una prioridad sería corregir la falta de equidad en la financiación por habitante; podrían utilizarse las liquidaciones que en 2022 revertirán desde las comunidades autónomas hacia el Estado para inyectar recursos a las que se encuentran por debajo de la media. Igualmente, hay margen de mejora técnica en las variables que definen las necesidades de gasto relativas. La discusión sobre armonización fiscal no debería limitarse exclusivamente a cambios en las leyes tributarias, sino encajarla en lo anterior y fijando un precio al ejercicio de la competencia fiscal a la baja a través de recaudaciones normativas bien definidas. Y por supuesto, trascendiendo el concepto de parche y por los vasos comunicantes con la financiación autonómica, iniciar una reforma fiscal en profundidad alejada de eslóganes.

Más pronto que tarde, todas las comunidades autónomas (y por supuesto, el Estado) deberían embarcarse en la elaboración de un plan de reequilibrio de las cuentas públicas. Pero no con objetivos “de referencia” sino vinculantes, establecidos en niveles realistas aunque sean elevados. Unos planes a los que obliga la ley de estabilidad cuando se aplica la cláusula de escape y que, quizás por novedosos, harían olvidar la reducida credibilidad y eficacia de los llamados planes económico-financieros.

Diego Martínez López es profesor de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.