El IRPF tira de la recaudación tributaria, que se ralentiza en el primer trimestre

Ya van tres años en los que las estadísticas económicas suelen ir acompañadas casi siempre de un pero. Este viernes se conoció el dato de crecimiento del PIB entre enero y marzo: un avance de un sólido 0,5%. El enfriamiento generalizado de la actividad y a la presión de la inflación, sin embargo, han lastrado el consumo. También el empleo resiste. Ha logrado su mejor trimestre en 15 años, aunque la tasa de paro ha repuntado. Lo mismo vale con los ingresos por impuestos. Tras un 2022 récord, han seguido creciendo hasta marzo, pero las señales de desaceleración son cada vez más marcadas. La recaudación total aumentó un 2,6% en el trimestre, hasta los 56.150 millones de euros, frente al 20,2% del año anterior. El principal motor fueron, una vez más, las rentas del trabajo, mientras que la aportación del IVA se frenó y la de los impuestos especiales entró en caída libre.

“La aportación más importante al crecimiento del primer trimestre corresponde a las retenciones del trabajo”, señala la Agencia Tributaria en el informe mensual de recaudación que publica este viernes. El IRPF avanzó hasta marzo un 11,7%. En el sector privado, el alza ha sido del 10,1%. “El mayor aumento de la masa salarial como consecuencia de la actualización salarial y el consiguiente aumento del tipo efectivo son las principales causas de este comportamiento”, añade el organismo. En el sector público, la subida ha llegado al 11,3%. Las retenciones de los salarios aumentaron más de un 10% y superaron el 13% en el caso de las pensiones.

El IVA, el segundo pilar del sistema tributario después del IRPF, creció un 7,2% en el trimestre, muy por debajo de las tasas de doble dígito a las que acostumbraba el año anterior. “Sigue desacelerándose como consecuencia de la bajada de tipos en algunos productos y también de la moderación del gasto, que además ha provocado la caída de los ingresos por impuestos especiales”, destaca la Agencia Tributaria. El frenazo se ha dado tanto en las grandes empresas como en las pymes, una tendencia que tiene que ver con la moderación de la inflación desde finales de 2022 y que está en línea con la caída del consumo y la senda de desaceleración que inició al cierre del año pasado.

A partir de enero, también se aplicó la reducción en el IVA alimentario —hasta el 0% para los productos antes gravados al 4%, y al 5% para aceites y pasta—. Esta medida, calcula Hacienda, ha provocado una pérdida de 244 millones. En cambio, el nuevo impuesto al plástico y los gravámenes a energéticas y banca aportaron 1.537 millones hasta marzo, según los datos de ejecución presupuestaria también publicados este viernes.

Los ingresos por impuestos especiales, por su parte, cayeron un 3% hasta marzo. Solo el nuevo tributo a los plásticos no reutilizables presentó resultados positivos (96 millones en el primer trimestre). Sobre el impuesto de sociedades no se pueden sacar conclusiones, ya que los ingresos hasta marzo suelen ser negativos, debido a que el primer pago fraccionado es en abril y el grueso de las devoluciones solicitadas en la última campaña se realizan en los primeros meses del año.

La desaceleración de los ingresos tributarios ya empezó a notarse en el segundo semestre del pasado año, tras alcanzar máximos en 2022. La recaudación por impuestos llegó a 255.463 millones de euros, un 14,4% más y un resultado histórico logrado gracias al repunte de la actividad —el PIB avanzó un 5,5%— y el vigor del mercado laboral. A estos elementos se suma la fuerte inflación, de más de un 8%, al que Hacienda solo atribuye un tercio de la mejora recaudatoria, a diferencia de otros organismos que le dan un peso mayor.

El déficit baja un 30%

El saldo entre ingresos y gastos públicos —excluidas las corporaciones locales— ha sido negativo en 8.544 millones hasta febrero, una reducción del 31% con respecto al mismo periodo de 2022. En ratio sobre el PIB, se trata de un desfase del 0,62%. El déficit de la Administración central se ha reducido en un 24,6% gracias al aumento de los ingresos en un 12,3%, el grueso de ellos por impuestos. Los gastos también han crecido, pero a un ritmo muy inferior, del 2,6%. Las comunidades también han mejorado sus números rojos, en 997 millones, hasta el 0,01% del PIB. También en este caso el aumento de los ingresos ha sido superior al de los gastos —un 9,3%, frente al 5,7%—. La Seguridad Social ha rebajado su déficit hasta el 0,04%, equivalente a 577 millones. El déficit del Estado, en este caso hasta marzo, se ha situado en el 0,04% del PIB, un 91,4% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a acelerar el ajuste fiscal y a bajar el déficit hasta el 3% del PIB, el umbral máximo que marcan las reglas europeas de estabilidad, ya en 2024, un año antes de lo que había proyectado el pasado ejercicio. En 2022, el desfase ha sido del 4,8%, lo que significa que debe afrontar un ajuste de más de 20.000 millones en dos años. De esta forma, cumpliría con el nuevo marco comunitario antes de que vuelva a funcionar a pleno ritmo tras cuatro años suspendido.

La Comisión Europea suspendió de facto en 2020 el Pacto de Estabilidad, el acuerdo que establece los desvíos presupuestarios máximos en los que pueden incurrir los Estados miembros —3% de déficit y 60% de deuda— y los mecanismos de ajustes para volver al equilibrio. La pandemia fue el detonante de la decisión: mantener el corsé presupuestario hubiese significado agrandar aún más el roto que la crisis sanitaria estaba haciendo en las finanzas de las Administraciones.

Durante este tiempo, el Ejecutivo comunitario ha retomado el debate para reformar las reglas fiscales y este mismo miércoles ha presentado una propuesta que pasa por mantener los umbrales máximos de déficit y deuda en los niveles anteriores, pero flexibiliza los ajustes para que sean más graduales y se adapten a la situación de cada país. La iniciativa contempla que los países con déficit excesivo reduzcan sus números rojos a una tasa de, al menos, el 0,5% del PIB al año. España llegaría a 2025, cuando previsiblemente el nuevo marco tenga total aplicación, con los deberes ya hechos en este campo. Aun así, caería en el saco de los países incumplidores por su abultada deuda, que a 31 del pasado diciembre alcanzaba el 113% del PIB, la cuarta ratio más alta de toda la UE.

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