El Banco de España limita a 200.000 los hogares que recibirán las ayudas para la hipoteca en lugar del millón previsto

El Banco de España ha rebajado este miércoles la potencia del escudo social pactado por el Gobierno y el sector financiero para auxiliar a los hogares vulnerables o en riesgo de serlo a causa de su deuda hipotecaria y la subida de los tipos de interés. Si a finales del año pasado el Ejecutivo y las entidades cerraron un acuerdo que preveía beneficiar a un millón de familias endeudadas, el supervisor calcula ahora que esta red podrá proteger a hasta unos 550.000 hogares en el caso de que los tipos se incrementen en 50 puntos básicos más (hasta el 4%, desde el 3,5% actual). Sin embargo, si se toman los datos históricos de adhesión a este tipo de protocolos, la institución cree que finalmente se beneficiarán de estas medidas solo cerca de 200.000 familias, según recoge en su último Informe de Estabilidad Financiera.

El organismo que preside Pablo Hernández de Cos hace una aproximación a la capacidad de ayuda que tendría la reforma del Código de Buenas Prácticas en la situación actual. Este ya estaba en vigor desde 2012 y el año pasado se actualizó para que alcanzase a más hipotecados en apuros. Además, se le añadió un nuevo protocolo ideado para llegar a las rentas medias (con unos ingresos máximos de 29.400 euros brutos), que estará en vigor durante dos años. Entre las medidas incluidas se encuentra un periodo de carencia de cinco años, la congelación de la cuota durante 12 meses y un alargue de los préstamos para reducir el pago mensual, entre otras. El Banco de España cifra la ampliación de la cobertura con los cambios realizados: casi se triplica el alcance potencial y más que se duplican las familias que efectivamente se beneficiarían.

Ángel Estrada, director general de estabilidad financiera, regulación y resolución del Banco de España, ha argumentado también que el número de hogares que se pueden adherir al protocolo de 2012 actualizado y al nuevo protocolo temporal no se pueden sumar. Esto se justifica porque, en su mayoría, los que tengan acceso al de hace una década actualizado este año también entrarán al nuevo en buena parte de los casos.

“En su día se hicieron varias hipótesis y nuestros resultados actuales son los que se presentan aquí. Esto tiene que ver con que algunas de las condiciones para ser elegibles son el aumento de la carga financiera y el aumento de la tasa de esfuerzo, entre otras. Estos números hay que tomarlos con cautela porque no somos capaces de evaluar todas las condiciones para ser elegibles”, ha argumentado Estrada. Las asociaciones de consumidores e incluso el sector financiero consideraron desde el inicio demasiado optimista la cifra del millón de beneficiados. En los dos primeros meses de andadura, se han adherido solo 9.000 hogares, según avanzó en marzo la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Fuentes del ministerio que dirige Calviño añaden que la estimación del millón de beneficiarios potenciales se calculó con los datos disponibles entonces del propio organismo que dirige Hernández de Cos.

Los cálculos incluidos en el informe publicado este miércoles por el Banco de España parten de la cifra de hogares vulnerables: según los últimos datos de los que dispone el supervisor, en España hay casi 10,8 millones de deudores bancarios (si solo se tienen en cuenta las hipotecas, la cifra es de algo más de 5 millones). De estos, los que se consideran vulnerables (aquellos que tienen que dedicar más de 4 de cada 10 euros de sus ingresos a la devolución de deudas) son un 10,4%. Esto es, alrededor de 1,1 millones de hogares, lo previsto por el Ejecutivo. Una cifra que escalaría hasta los 1,5 millones de familias si el BCE eleva los tipos de interés al 4%.

Para determinar el número máximo de las familias que accederá al protocolo, el Banco de España calcula primero el número de hogares que cumplen los requisitos del código. Y sobre estos, tomando como referencia el histórico de peticiones y adhesiones efectivas al Código de Buenas Prácticas de 2012, calcula que solo un 35% de estos conseguirá acogerse a alguno de los protocolos en vigor. Por ello, dice la institución, los beneficiarios potenciales se quedarán en 550.000 (con una subida de tipos de medio punto más), de los que solo 200.000 se acogerán de forma efectiva al escudo protector. El millón que estimó el Gobierno no se refería en realidad solo a los beneficiarios potenciales, sino al conjunto de los vulnerables, aunque no todos cumplirán los requisitos.

Según el Ministerio de Economía, los mecanismos protegerán a menos hogares debido a un menor impacto de lo esperado de la subida del euríbor. “Se ha producido una rápida bajada de los precios de la energía y de la inflación, se ha acelerado el crecimiento económico y la creación de empleo, han subido las pensiones, el salario de los funcionarios, el salario mínimo interprofesional y los salarios pactados en convenios, aumentando las rentas de las familias y aliviando el impacto de la subida de hipotecas”, relatan fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño. Inciden además en que se trataba de un plan preventivo y que está sujeto a cambios (hay una nueva reunión entre Gobierno y patronales bancarias en junio para analizar el funcionamiento de los protocolos).

Ayudas para un tercio de los vulnerables

Esto supone que el escudo protector tendrá en realidad como potenciales beneficiarios solo a un tercio de los vulnerables totales. Dicho de otra forma, habrá alrededor de un millón de familias que destinen más de 4 de cada 10 euros de sus ingresos a la devolución de deudas y no se puedan acoger a estas ayudas: ni a la actualización del protocolo de 2012 ni al temporal aprobado a finales de 2022. Según el supervisor, en su categoría de vulnerables entrarán 380.000 hogares más si el precio del dinero se sitúa en el 4% hasta los 1,5 millones de hogares ya citados.

Sin embargo, como el dinero es finito, las ayudas también lo son. Y esta red de seguridad está destinada solo a una parte de los endeudados en apuros: los que están en los percentiles de renta más bajos (de 0 a 20 y de 20 a 40). Esto es, el 40% de la población que menos gana y, además, que cumplan una serie de requisitos. Entre estos está, por ejemplo, un incremento sustancial del pago de la cuota mensual y que esta represente un porcentaje elevado de sus ingresos netos.

En el quintil más bajo, donde se sitúa el 20% que menos ingresos tiene, un alza de tipos de medio punto más del actual provocaría que haya 600.000 familias con una carga financiera de más del 40%. Y en el siguiente quintil se sumarían otras 410.000. Es decir, dos tercios de los vulnerables estarían en las clases medias y bajas, aunque no todos podrán aprovechar el escudo social del Gobierno.

Más impagos de los créditos avalados por el ICO

Otra de las cuestiones que aborda el Informe de Estabilidad Financiera es la evolución de la cartera de créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que en 2022 ha incrementado la ratio de impagos. “Dentro de los créditos ICO clasificados como dudosos, fueron los morosos (que ya han incurrido en impago objetivo) los que más se elevaron (un 177% en tasa interanual), mientras que los dudosos no morosos lo hicieron en menor medida (un 29,6% en tasa interanual)”, explica el informe.

Estrada, por su parte, ha matizado que la variación del porcentaje de créditos impagados se explica en parte por las salidas de parte de los préstamos buenos. “Se está produciendo una disminución del volumen total de la cartera ICO por las amortizaciones significativas que está habiendo. Es una cartera en la que ya no hay más entradas, aunque sí hay salidas”, ha explicado el director general de estabilidad financiera, regulación y resolución del Banco de España.

A cierre de 2022, los créditos ICO dudosos se situaron en el 7,1%, lo que representa cerca de 6.000 millones de euros, entre los que están los que ya han impagado y los que tienen una probabilidad significativa de entrar en impagos. En caso de no haber disminuido el tamaño de la cartera (sin amortizaciones), la ratio de dudosos sería de un 6,3%. Por otro lado, los que están calificados en vigilancia especial se situaron en el 19,6%, casi un punto por debajo de la proporción de cierre del año anterior.

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