La presidenta de la CNMC critica a la Audiencia Nacional por torpedear todas sus sanciones

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha acusado a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que el organismo impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una” de las multas e impedir, además, de esta forma que se cumpla el mandato de evitar a esas compañías sancionadas firmar contratos con la Administración Pública.

Fernández, que compareció este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso, denunció que el órgano jurisdiccional ordena sistemáticamente la suspensión cautelar de las sanciones porque, en su análisis donde evalúa el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sanción, siempre “prima el segundo”.

Por ello, no dudó en reconocer que en la actualidad las prohibiciones a empresas sancionadas por vulnerar las normas de competencia de no poder presentarse a ningún contrato público ni ser adjudicatarias de los mismos “no se están aplicando”, bien porque esta prohibición tiene que ser aplicada por la Junta Consultiva de Contratos del Sector Público, o bien porque todas las empresas solicitan la suspensión cautelar de la multa. Fernández ha apuntado el derecho “perfectamente legítimo” por parte de las empresas de pedir la suspensión cautelar de las sanciones, aunque ha aclarado que eso signifique que la Audiencia tumbe todas las multas cuando dicta una sentencia firme.

Ante esta situación, la presidenta de la CNMC ha abogado por que las resoluciones que dicte el organismo que lidera incluyan la duración y el alcance de la prohibición de contratación con la Administración, teniendo en cuenta el máximo de tres años establecido por ley. Esto aportaría seguridad jurídica, según Fernández, sobre todo en el caso de licitaciones internacionales en las que puedan participar empresas españolas, y supondría a su vez un efecto disuasorio “inmediato” en las licitaciones.

También ha apuntado que al ser la CNMC quien impone la sanción, se podrá hacer de una forma más precisa, ya que si es la Junta de Contratos Públicos quien impone la prohibición, esta afectará a todos los negocios de una empresa con relación a todos los entes de la Administración. Así, en el caso de un conglomerado con varias áreas de negocio, la CNMC podrá centrar la prohibición solo en las áreas y licitaciones que considere oportunas. Tras haber sacado a consulta un primer documento de criterios, el organismo de Competencia quiere aprobar ahora una comunicación este mismo año y a poder ser “antes del verano”.

Las declaraciones de Fernández vienen a redundar en la queja histórica de la CNMC de la dificultad de aplicar con carácter inmediato las sanciones muy graves a las empresas que han formado parte de cárteles. Es el caso la sanción de 203,6 millones de euros que impuso Competencia a las seis principales constructoras españolas en julio de 2022 —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado presuntamente durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos. La sanción incluía también la prohibición de contratar con la Administración, pero la Audiencia Nacional la suspendió cautelarmente, por lo que las empresas han seguido presentándose y ganando concursos públicos.

Lo cierto es que los recursos judiciales de las empresas consiguen anular muchas sanciones u obligan al regulador a recalcular otras a la baja. Baste un dato para darse cuenta del fenómeno: Competencia impuso entre 2000 y 2012 más de 1.153 millones de euros en sanciones a las empresas que incumplieron la legislación, de los que solo pudo recaudar 290,4 millones de euros, es decir, solo uno de cada cuatro euros. Pese a ello, Cani Fernández destacó que la labor de la CNMC es muy beneficiosa para el ciudadano, y puso como ejemplo que el ahorro total para los consumidores españoles en 2022 generado por la actividad de este organismo superó los 2.000 millones de euros con decisiones como las rebaja de las tarifas aeroportuarias o la competencia en el transporte ferroviario.

Fusiones e IVA de alimentos

Por otra parte, Cani Fernández ha anticipado una investigación “muy a fondo” de la fusión entre Orange y MásMóvil ante la complejidad del mercado de las telecomunicaciones. La CNMC ha reclamado para sí el análisis de la operación a la Comisión Europea, pero ha admitido que generalmente este tipo de operaciones suelen autorizarse en Bruselas.

No obstante, independientemente de la decisión comunitaria, Fernández ha anticipado una “colaboración muy estrecha” entre la autoridad nacional y Bruselas. Además, ha recordado que la CNMC ha analizado recientemente el mercado con la compra de Euskaltel por parte de MásMóvil y el papel de la entidad como reguladora de las telecomunicaciones.

También ha señalado que todos los escenarios son posibles a la hora de poner condiciones a la operación. Por un lado, reconoce la “altísima competencia” del sector y la erosión de márgenes de los operadores, así como el efecto positivo que podría tener la fusión a la hora de desarrollar infraestructuras como el 5G, uno de los argumentos defendidos por Orange y MásMóvil. Sin embargo, por otro lado, ha remarcado que la fusión puede “cambiar completamente el panorama”. Además, ha subrayado la necesidad de analizar si la unión se traducirá en una reducción de competencia sin posibilidad de que haya nuevas llegadas al mercado en alguno de los ámbitos de la misma. La Comisión Europea tiene hasta el 3 de abril para pronunciarse en primera fase sobre la fusión.

Asimismo, Fernández ha indicado que cooperarán con las autoridades de competencia europeas en el análisis de la compra de Air Europa por Iberia, pese a que no han recibido notificación de la operación, “aunque es posible que se esté notificando a nivel europeo”.

Por último, la presidenta de la CNMC ha confirmado que el organismo está estudiando si las grandes empresas de distribución están trasladando o no la rebaja del IVA a los alimentos por su posición de dominio en el mercado. En concreto, se está requiriendo información a grandes superficies para saber “en qué medida” la mayor concentración empresarial en un territorio específico está impidiendo un traslado efectivo de la rebaja del IVA. El Gobierno aprobó en diciembre una rebaja del IVA del 10% al 5% en aceites y pastas, mientras que suprimió este mismo tributo en alimentos básicos para contener el avance de la inflación y, sobre todo, de la cesta de la compra.

Propuesta del PSOE para endurecer las multas

El PSOE ha propuesto, a través de una enmienda en el Congreso, un cambio en la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones de euros y fijar en un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que hayan participado en un cártel. También propone endurecer las sanciones a los directivos, que se incrementarían de 60.000 hasta 400.000 euros la multa a cada uno de los que participara en la infracción. 

Si esta modificación es finalmente aprobada, las compañías que caigan en este tipo de prácticas pueden ser sancionadas con una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es "muy grave", como es el caso de pertenecer a un cártel. La actual regulación establece que las multas leves oscilan en una horquilla de entre 100.000 y 500.000 euros; las graves entre 500.001 euros y 10 millones, y las muy graves por encima de los 10 millones.

De cualquier modo, si sale adelante la enmienda socialista, siempre que se pueda, las multas se calcularán en función de la facturación mundial de la empresa y no la total, como está dispuesto actualmente. En este sentido, las sanciones leves se calcularían sobre el 1% del volumen de negocios mundial de la compañía o asociación de empresas participantes en el cártel; las graves con hasta el 5% del volumen y las muy graves con hasta el 10% del volumen.

Todo lo anterior implicaría, en muchos casos,  una mayor cuantía si se comparan con las cantidades fijas de multas propuestas por el PSOE, sobre todo en los casos de infracciones muy graves. En el caso de una empresa que a nivel mundial facture, por ejemplo, 1.000 millones de euros, las multas oscilarían entre el millón y los 100 millones de euros. Los socialistas también plantean ampliar el plazo general del procedimiento sancionador de la CNMC de 18 a 24 meses, mientras que el plazo de la segunda fase de control de concentraciones pasa de 2 a 3 meses.

Precisamente, la presidenta de la CNMC ha pedido este jueves a la oposición que apoye las intenciones del Gobierno con estas enmiendas, que además quieren dotar al organismo de más independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por altos funcionarios (del subgrupo A1).

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