La CNMC investiga a Repsol, Cepsa y BP por prácticas anticompetitivas con sus descuentos sobre carburantes

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación a varias compañías energéticas por “posibles prácticas anticompetitivas”. Aunque el organismo no ha precisado el nombre de las empresas objeto de las pesquisas, Repsol, Cepsa y BP han confirmado ser las tres firmas inspeccionadas. Un portavoz de la CNMC, por su parte, ha rechazado cualquier comentario adicional y se ha remitido a la nota publicada a primera hora de la mañana en la página web del organismo.

Los funcionarios del ente encargado de velar por el correcto funcionamiento del mercado energético, entre otros, llevaron a cabo entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre una serie de inspecciones en sus sedes “tras la presentación de varias denuncias”. Esas reclamaciones proceden, según fuentes del sector, de operadores independientes que acusan a los grandes grupos petroleros de estar violando las normas de competencia tanto con su “agresiva” política de descuento a los clientes finales como con los altos precios aplicados en la venta mayorista de combustible (son, también, proveedoras de la mayoría de gasolineras independientes). La combinación de ambos factores, alegan, está sacando del mercado a las firmas de menor tamaño.

“Repsol ha colaborado plenamente con la CNMC. Negamos los hechos denunciados y afirmamos que cumplimos de firma estricta con la regulación en materia de competencia”, apunta a EL PAÍS un portavoz de la mayor petrolera española. Cepsa, por su parte, afirma haber “puesto a disposición del organismo supervisor toda la información requerida, con el pleno convencimiento de la correcta actuación de nuestra compañía en materia de competencia”. Y BP se limita a afirmar que “ha colaborado” con Competencia en todo el proceso. Los nombres de las tres empresas inspeccionadas fueron adelantados por El Confidencial.

Precio similar al de las gasolineras de bajo coste

Tanto Repsol como Cepsa y BP han aplicado en los últimos meses descuentos adicionales a la subvención gubernamental de 20 céntimos por litro. Con esta rebaja adicional, desde primavera sus precios se han igualado casi por completo a las estaciones de servicio de bajo coste, dando la vuelta a las tornas de los últimos años, en los que las segundas eran —de largo— las más baratas.

No es la primera vez que la CNMC posa su lupa sobre estas tres empresas. En 2015 ya las multó con más de 32 millones de euros por pactar precios. Una sanción que también recayó sobre Disa, Galp y Meroil, pero que el Tribunal Supremo acabó anulando en julio de este año por exceder los plazos. Hace casi un año, más de 3.000 camioneros impusieron una demanda colectiva contra ellas por acordar el precio del gasóleo, fijando un sistema de precios máximos a las gasolineras a las que surtían de combustible.

De acabar confirmándose la existencia de estas prácticas anticompetitivas, el organismo recuerda que “podrían constituir una infracción de los artículos 1 y 2 de la ley de Defensa de la Competencia y 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Estos artículos hablan de “conductas colusorias” —acuerdos que “impidan, restrinjan o falseen la competencia” mediante la fijación de precios, la limitación o el control de la producción o el reparto del mercado, entre otros— así como de “abuso de la posición dominante” —que se produce cuando una o varias empresas de gran tamaño imponen precios u otras condiciones comerciales al conjunto del mercado, se niegan injustificadamente a “satisfacer la prestación de un servicio”, subordinan un contrato a la aceptación de una prestación suplementaria o, más en general, coloca a un competidor en situación de ventaja sobre el resto—.

Paso previo al expediente sancionador

Si en esas pesquisas se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la UE, como las denunciadas, el regulador desliza que “se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador”. En la nota en la que ha hecho pública la apertura de la investigación, la CNMC recuerda que las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición de dominio en un mercado constituyen una “infracción muy grave” de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior.

Competencia recuerda que las inspecciones son solo un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas prácticas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades. Aún se tiene que analizar toda la documentación, también descargas informáticas, recabadas en la sede de las empresas.

Todo el material recopilado —por lo regular, copias: salvo en casos muy excepcionales, los originales y los ordenadores se quedan en el domicilio social de las compañías investigadas— es el que ahora están estudiando los técnicos del organismo. Hasta la apertura de un expediente sancionador —si procediese—, el ente subraya que esa información es “cautelarmente confidencial”.