La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la multa de la CNMC a Ferrovial

La Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar la sanción interpuesta el pasado mes de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Ferrovial Construcción, que se traducía en el pago de una multa de 38,5 millones de euros y la prohibición de contratar con la Administración pública. La sanción forma parte de la multa de 203,6 millones de euros que impuso Competencia a las seis principales constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado presuntamente durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.

Todas las empresas recurrieron la multa -la mayor impuesta nunca por la CNMC- ante la Audiencia Nacional, que, además de dar la razón a Ferrovial, se pronunció previamente también a favor de las tesis de OHLA y Sacyr Construcción, acordando suspender cautelarmente sus multas de 21,5 millones y 16,7 millones, respectivamente, y la prohibición de contratar, hasta que haya una sentencia final.

A falta de que la Audiencia Nacional se pronuncie de una forma definitiva, las constructoras han conseguido no solo no tener que afrontar la sanción, sino, sobre todo, eludir la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, lo que hubiera supuesto un duro revés para sus planes de negocio.

Según la CNMC , estas empresas mantenían reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esas citas, las empresas acordaban los concursos en que iban a compartir —entre todas o en un subgrupo— una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Las empresas también intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como su intención de concurrir o no a licitaciones, o la de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían para asegurarse las adjudicaciones.

Por su parte, las constructoras a través de su patronal Seopán niegan que haya existido ningún acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera presentar las mismas ofertas técnicas y alterar las licitaciones como decía la resolución de la CNMC, y justifican las reuniones al intento de reducir costes en la preparación de licitaciones compartiendo los estudios geotécnicos, topográficos o de otra índole.

Otras multas

Las constructoras también lograron la suspensión de otra multa de la CNMC, en este caso de agosto de 2021 por formar parte de un cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018. Todas las compañías sancionadas por un total de 61 millones de euros (ACS, Alvac, Ferrovial, Copasa, Elsamex, Innovia, Aceinsa, OHLA, Acciona, Elecnor Y FCC), a excepción de la última, ya han logrado también la suspensión de esa sanción