Una no-reforma de pensiones contra los jóvenes

España será uno de los países más envejecidos del mundo en 2050, pues combina lo mejor y lo peor de otros países: una de las esperanzas de vida más altas del mundo con la tasa de fecundidad más baja del mundo (1,2 hijos). La aritmética demográfica es tozuda: hoy hay tres trabajadores por cada jubilado y en 2050 solo habrá 1,5 trabajadores.

Como sociedad tenemos que tomar una decisión: o adaptamos las pensiones a la nueva longevidad, donde cada generación vive más años que la anterior, o utilizamos todo el margen fiscal para pagar las pensiones. La última reforma ha elegido la segunda opción.

La nueva reforma aumenta el periodo de cómputo de forma voluntaria, convirtiéndose así en la primera reforma desde el origen de la democracia que da como resultado un aumento del gasto. También es la primera vez que aumentan las cotizaciones sin generar mayor pensión como contrapartida, lo que equipara las cotizaciones a un impuesto.

Esta subida de cotizaciones es insuficiente, ineficiente e insolidaria.

Es insuficiente, pues, el déficit del sistema de pensiones alcanzará el 4% del PIB y la subida de cotizaciones apenas aumentará ingresos un 0,9% del PIB. Incluso la subida de ingresos es inferior al aumento de gasto que supuso la revalorización de las pensiones en un 8,5% en 2023.

Es ineficiente, pues se utilizan las cotizaciones como un impuesto, siendo las cotizaciones el impuesto más distorsionante que existe pues daña la creación de empleo y el crecimiento del PIB. Todo ello en el país con la mayor tasa de paro juvenil de Europa.

Pero, sobre todo, es insolidaria con los jóvenes. España tiene un déficit estructural superior al 4% del PIB y un nivel de deuda pública del 115%. El déficit son gastos de hoy, que se transfieren al futuro para que sean pagados entonces (por los que hoy son jóvenes). La mayor longevidad supone además mayor gasto en sanidad y dependencia. Aumentar los impuestos para blindar las pensiones, sin considerar que la longevidad ha aumentado, implica que no van a quedar recursos para otros programas que benefician a los jóvenes, y al crecimiento a largo plazo, como son la educación, la vivienda, el apoyo a la familia, la I+D o las medidas para frenar el cambio climático.

En un sistema de pensiones de reparto como el nuestro, los niños y jóvenes de hoy serán los que pagarán las pensiones del futuro. Aunque hoy sean irrelevantes en las elecciones por su bajo número, el Parlamento y la Unión Europea también deberían velar por sus intereses y reflexionar sobre lo que están aprobando con esta reforma: hoy tenemos tres trabajadores pagando una pensión, dentro de un par de décadas tres nuevos trabajadores van a pagar dos pensiones, que además van a tener la misma cuantía mensual, aunque esos jubilados vivan mucho más que los de ahora.

Aunque sean minoritarios en las elecciones, los jóvenes no van a aceptar continuar viviendo en un país donde nunca hay políticas para ellos, y votarán con los pies, trasladándose a otros países que hayan adaptado las pensiones a la mayor longevidad. Reformar el sistema permite que los salarios y el empleo sea mayor, que se invierta más en educación, que haya más programas sociales para la vivienda, emancipación, cuidado de los hijos, etcétera… Esto ya está ocurriendo y hay muchos jóvenes españoles trabajando en Alemania, Países Bajos o Portugal, entre otros.

Esta no-reforma sólo conseguirá retrasar la inevitable reforma del sistema de pensiones para adaptarlo al envejecimiento. Tras lamentar el valioso tiempo perdido poniendo parches al sistema, espero que quien tenga la responsabilidad de diseñar la reforma definitiva vele por el interés y bienestar de los jóvenes. O es así, o continuaran yéndose.

José Ignacio Conde-Ruiz es subdirector de Fedea y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal