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Herrero Brigantina usa sin autorización a la aseguradora Generali para avalar una inversión con un 50% de rentabilidad

La firma financiera de León, que ha anunciado su salida a Bolsa, salda el 1% de las deudas de decenas de inversores que denuncian impagos

Joaquín Gil
Herrero Brigantina
El economista y fundador del Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, en una imagen reciente publicada en la web de su conglomerado financiero.

La compañía leonesa de servicios financieros Herrero Brigantina ha usado sin autorización la marca de la compañía Generali Seguros para vender un producto de inversión que ofrece una rentabilidad de un 50% en diez años, según confirma la aseguradora a EL PAÍS.

North Atlantic Insurance Broker Company S. A. (NAIBC), una sociedad de Herrero Brigantina —conglomerado que dice tener 35.000 clientes en Europa y que ha anunciado su salida a Bolsa— incluyó en documentos dirigidos a clientes a los que ha tenido acceso este diario el nombre de Generali España S. A. para comercializar su solución Top 2023 Eco. Se trata de un producto unit linked, seguro de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos, que —según su vendedor— fue emitido por la aseguradora.

Generali niega haber autorizado el uso de su nombre en este folleto. “NAIBC incluye una mención a Generali que no cuenta con nuestra aprobación y que ha sido rechazada formalmente”, expone por correo esta compañía, que confirma también que envió a Herrero Brigantina la pasada semana un burofax para pedir que deje de comercializar sus productos.

El Top 2023 Eco es una solución que augura una rentabilidad del 50% si el cliente mantiene su dinero hasta abril de 2033. Su venta se inició el pasado enero y se puede contratar por un mínimo de 5.000 euros y finalizará antes si se colocan ocho millones. Como el producto se canaliza a través de un contrato privado de prestación de servicios ligado a un seguro, está supervisado por la Dirección General de Seguros (Ministerio de Economía). Ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni el Banco de España monitorizan su venta.

Tras la publicación en este diario de un reportaje sobre las presuntas irregularidades financieras de Herrero Brigantina, esta firma leonesa que dice tener una treintena de oficinas en España y sedes en Londres, Miami, París, Ámsterdam y Hong Kong elaboró un dossier con una póliza de Generali para transmitir confianza a sus clientes.

Según Generali, el importe de esta póliza es “muy reducido” y no puede ser usado para colocar un producto que pretende captar ocho millones de euros. El presidente de NAIBC, Benjamín Suárez, justifica que “la póliza de Generali está emitida con NAIBC como tomador”.

Junto a Generali, NAIBC también recurrió a la imagen de la aseguradora Canada Life para vender su producto Top 25.2.0 —que preveía una rentabilidad del 25%— y con el que el pasado año pudo recaudar 20 millones, según su folleto.

Pese a que este diario ha intentado sin éxito recabar durante una semana la versión de la aseguradora canadiense, el presidente de NAIBC sostiene que la firma “es mandataria de una operación en nombre de Neonova [otra sociedad de la constelación Herrero Brigantina]”.

Generali se suma a las aseguradoras Axa y Plus Ultra, cuyos nombres fueron usados sin autorización en folletos comerciales de Herrero Brigantina. Según la corporación leonesa, Axa estaba relacionada con su producto Top 25 —que prometía un 25% de interés en cinco años— y Plus Ultra con el Top 2023 Global (35% en siete años). Una de las tres aseguradoras afectadas admite que mantiene desde la semana pasada un intercambio de información con la Dirección General de Seguros. Este departamento del Ministerio de Economía ha abierto una investigación a la firma financiera. Herrero Brigantina también se encuentra bajo el radar del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, que conecta a esta corporación con una presunta estafa de 40 millones —fondos recaudados entre 2021 y 2022— y ha pedido a la Audiencia Nacional que indague la causa.

Víctimas

Pese a que Herrero Brigantina niega impagos y retrasos, este diario ha recabado nuevos testimonios de inversores que denuncian que no han cobrado tras avisar con 30 días de antelación de que querían recuperar sus ahorros. Otros afectados confirman que percibieron solo el 1% de su deuda tras la investigación de EL PAÍS. Sus nombres se suman a decenas de víctimas en España que rescataron su dinero in extremis después de amenazar a la compañía con un burofax, presentar una demanda civil o tener señalada la fecha del juicio.

B. Ríos, director comercial de una firma de Guadalajara, colocó 121.000 euros en 2019 en varios productos. Tres años después, depositó otros 15.000 en la solución que daba un 25% en cinco años y de la que hoy Axa se desvincula. “A los pocos días del reportaje, me pagaron 852 euros, el 1% de la deuda. Pensé que era una broma. Lo veo muy negro. Uno que conozco metió 290.000”, indica Ríos, que prepara una demanda civil.

El jerezano José Antonio de los Reyes, empleado de aseguradora de 50 años, también recuperó recientemente el 1% (150 euros) de su deuda. “Nadie sabe cuándo vamos a cobrar. Por la cantidad que me deben [menos de 15.000 euros], no sé si vale la pena meterme en abogados”, valora.

Corría 2020 cuando C. Romero depositó en varios productos de la corporación leonesa 106.000 euros y asegura que tiene pendiente de cobro 79.000 desde hace siete meses. “Me han pagado 791 euros, el 1% de la deuda”.

A sus 73 años, la jubilada vizcaína L. U. desconoce cuándo recuperará los 140.000 euros que confió en varios productos y cuya devolución reclamó en julio. “Son los ahorros de mi vida”, lamenta.

El sevillano M. A. se ha visto inmerso en una espiral de burofaxes y abogados para rescatar su cartera de inversiones en Herrero Brigantina. Esta semana cobró, por fin, los 20.000 euros que le adeudaban. “Contaba con ese dinero para comprarme un piso. Como no me pagaban, tuve que pedir un préstamo. Me quedé sin dinero y con una deuda”, reconoce.

Las hermanas sevillanas P. S. y R. S. están pendientes de rescatar 60.410 euros desde octubre. “Nos dijeron que había un cuello de botella y retrasos”, se queja la primera. Como la mayoría de los consultados, también han presentado una demanda.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Financieras (Victifin), Jessica González, estima en 500 los afectados en España. La cifra, sostiene, excluye a quienes no han solicitado el rescate. “Hay quien tiene pendiente de cobro 300.000 euros”, advierte González, que afirma que una treintena de clientes de Herrero Brigantina ya se han puesto en contacto con ella.

investigacion@elpais.es

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Sobre la firma

Joaquín Gil
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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