El paso adelante en Bruselas con las pensiones allana el cuarto pago del Fondo de Recuperación

Las conversaciones entre Madrid y Bruselas por la reforma de pensiones han sido “intensas” en las últimas semanas. Las posiciones ya coinciden, según explica el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El Ejecutivo comunitario no lo confirma oficialmente ni puede hacerlo: “La evaluación de la Comisión sobre un hito determinado solo puede realizarse después de que se hayan completado todos los hitos y objetivos relacionados con una solicitud de pago específica”, ha aclarado este viernes una portavoz. Esto quiere decir que el turno de Bruselas llegará cuando el Gobierno solicite los 10.000 millones del cuarto tramo del Plan de Recuperación, del que esta reforma es su piedra angular. No obstante, varias fuentes comunitarias sí que admiten que las posturas de ambas partes se han acercado muchísimo.

El acuerdo con Bruselas del que habla Escrivá, en todo caso, no puede ser definitivo todavía. Los diferentes hitos que componen la reforma de pensiones, apuntan todos los documentos del Plan de Recuperación español, deben evaluarse con el texto legal publicado en el BOE. Por tanto, aunque la Comisión ya haya cerrado con el Gobierno español las líneas básicas y los números a los que tiene que ajustarse la reforma, ahora le toca esperar a ver lo que sale del diálogo social y la tramitación parlamentaria, campos en los que no parece haber mucho margen tras el complicado tira y afloja entre Madrid y Bruselas de las últimas semanas.

Además, el caso español es observado muy de cerca por los demás socios. Al ser el país más avanzado con el despliegue del Plan de Recuperación, se convierte en ejemplo para bien y para mal, lo que también ha sido esgrimido por Bruselas durante estas conversaciones, apuntan fuentes al tanto de la negociación. Esto último no es una excusa inventada por el Ejecutivo comunitario y más en lo que tiene que ver con las reformas de retiro. Esto se ve en las preguntas que algunos socios comunitarios han hecho al Gobierno y la Comisión en el análisis del pago que se está tramitando en este momento, el tercero: Austria se interesó “pese a que no es un requisito de este desembolso, por el estado de la reforma en lo concerniente al periodo de ajuste para el cálculo de la pensión [...], dado que estaba previsto que se implementara en el cuarto trimestre de 2022”, según un documento interno de finales de febrero. Viena, como Bélgica, también se ha comprometido a reformar sus sistema de pensiones endureciendo el acceso a la jubilación anticipada, algo que España ya hizo a finales de 2021.

El elemento clave sobre el que se han desarrollado las conversaciones es la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Las previsiones de ingresos y gastos más los escenarios demográficos futuros no coincidían. Así que Madrid ha tenido que ajustar sus cálculos —probablemente prometiendo más aumentos de cotizaciones— y convencer a los técnicos de Bruselas de que sus pronósticos demográficos no son tan irreales (por optimistas) como ellos pensaban. En esto último ha tenido que fajarse personalmente el ministro Escrivá, defensor entusiasmado de sus números, con el director general del departamento de Economía y Finanzas, Maarten Verwey. También lo ha hecho el secretario de Estado, Borja Suárez, con otros negociadores de la Comisión, como la española Maite Fábregas, una de las directoras del grupo de trabajo del Fondo de Recuperación, creado expresamente para el proyecto estrella de esta legislatura europea.

Para Bruselas, la reforma de las pensiones, como lo era la laboral, son elementos clave del Plan de Recuperación español. Por eso los técnicos de la Comisión Europea han prestado tanta atención a este aspecto y dieron un toque de atención serio el año pasado al evaluar las reformas correspondientes al segundo pago. En Bruselas han aceptado que España volviera a vincular la actualización de las pensiones con el IPC, lo que ha provocado un aumento del 8,5% de prestaciones en 2023. “De una forma o de otra, pasa en casi todos los países”, suelen decir con cierto tono de resignación en el departamento de Economía y Finanzas comunitario. También han asumido que se eliminara el factor de sostenibilidad, que se aprobó en 2013 y, en teoría, iba a vincular la prestación inicial de los nuevos jubilados a la esperanza de vida en ese momento (nunca llegó a aplicarse).

Todas estas medidas —como lo conocido estos días sobre el periodo de cómputo— implican más gastos y, por tanto, la Comisión exigía medidas que aumentaran los ingresos. Y eso es lo que Madrid ha negociado con Bruselas, porque, como decía la evaluación del segundo pago, “las autoridades españolas han dado sus estimaciones que dicen que sustituir el Factor de Sostenibilidad con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional tendría un impacto fiscal neutro, mientras que la Comisión considera que es probable que conduzca a un incremento significativo del gasto público como porcentaje del PIB”.

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