Las empresas familiares afean al Gobierno sus críticas hacia Ferrovial y Rafael del Pino

El anuncio de Ferrovial de trasladar su domicilio a Países Bajos ha provocado un pequeño terremoto en el mundo empresarial y político: después de que saltase la noticia, el Gobierno se lanzó en tromba contra la decisión y señaló directamente al presidente de la compañía, Rafael del Pino: “En España hay muchos empresarios comprometidos con su país, no es el caso de Del Pino”, afirmó el presidente del Gobierno, el pasado jueves. Este martes, el Instituto de la Empresa Familiar ha afeado al Ejecutivo sus críticas a la compañía y a su presidente: “Pedimos al Gobierno que evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial”.

Ferrovial es una de las mayores empresas familiares españolas. De hecho, su fundador —y padre del actual presidente—, Rafael del Pino y Moreno, fue presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar. En su comunicado, que titular con “La España en la que nos queremos quedar”, la asociación defiende que las empresas familiares “grandes, medianas y pequeñas” son “la columna vertebral de la economía española” y pide al Gobierno que “impere la reflexión y el análisis riguroso” al definir medidas que inciden en su actividad.

Estas empresas, apunta el comunicado, “han contribuido con entusiasmo a la modernización y la prosperidad de la España democrática”. Fundada en 1952, la multinacional de infraestructuras ha obtenido adjudicaciones públicas por cerca de 9.000 millones desde 1991 por obras del Ministerio de Fomento. El año pasado, el mercado español representó un 18% de su facturación, solo por detrás del Reino Unido y su mercado norteamericano. En la era Sánchez, la compañía se ha adjudicado más de 1.000 millones en contratos del Estado.

Sánchez no ha sido el único en atacar a Ferrovial. Para la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, la decisión de marcharse supone una “falta total de compromiso con España”. El Gobierno baraja, de hecho, bloquear el movimiento a través del escudo ‘antiopas’, que permite al Gobierno vetar operaciones que supongan la entrada de capital extranjero en compañías estrategias españolas.

Seguridad jurídica

Una de las razones expuestas en un principio por la empresa fue la seguridad jurídica que impera en Países Bajos. Este argumento —además de la falta de preaviso— fue una de las principales razones del enfado del Gobierno. Sin embargo, el director de Comunicación de Ferrovial, Francisco Polo, ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que en ningún momento se ha puesto en duda la seguridad jurídica española, que es homologable a la de cualquier país europeo.

La asociación de empresas familiares ha insistido, sin embargo, en esta cuestión, y ha solicitado al Ejecutivo que, al legislar, “no se creen barreras competitivas desfavorables respecto de las que existen en otros países de nuestro entorno”. “Nuestra Constitución, juntamente con las leyes de la Unión Europea, ha creado un marco político de libertad y convivencia que debemos preservar y reforzar”, defienden.

Con todo, la principal asociación de empresas familiares —representante de más de 1.500 compañías que emplean 2.140.000 personas—, concluye su comunicado con una llamada a la concordia: “Es imprescindible recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de nuestras empresas”.

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