El Gobierno ofrece su apoyo a “la competitividad de la industria” en una reunión con Renault

La industria de la automoción alberga esperanzas de que la Presidencia española de la Unión Europea, prevista para el segundo semestre de este año, sirva para acabar de definir la nueva norma de emisiones para coches que prepara la Comisión Europea y minimizar unas condiciones que la industria considera contraria a sus intereses y a los de la reducción de emisiones de CO₂. El consejero delegado de Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA por sus siglas en inglés), Luca de Meo, ha mantenido este martes una breve reunión por videoconferencia con Pedro Sánchez, encuentro en el que la Euro 7 (el calificativo de la futura homologación) se ha convertido en el gran eje de la conversación. De Meo ya advirtió hace unas semanas del riesgo de cierre de plantas si la norma llega a aprobarse tal y como se conoce ahora. Según ha publicado en un comunicado el Gobierno, Sánchez ha trasladado al ejecutivo italiano el “apoyo a la competitividad de la industria” durante la presidencia española.

Fuentes informadas de la cita explican que De Meo ha trasladado al Gobierno las preocupaciones ya mostradas por ACEA, que se basan en una crítica a las pretensiones de Euro 7 por ser excesivamente cara para la reducción de emisiones que logrará respecto a la actual Euro 6, por el limitado tiempo que tendrán las marcas para adecuar sus vehículos a una norma que debería entrar en vigor a mediados de 2025 y por el también corto periodo de tiempo para amortizar las inversiones requeridas si se confirman los planes de la Comisión y del Parlamento europeo de vetar los motores de combustión a partir de 2035, siempre y cuando se supere la oposición mostrada la pasada semana por los gobiernos de Alemania e Italia. En resumen, que su aprobación definitiva sin cambios, que supondría endurecer las pruebas a las que se someten los vehículos antes de ser comercializados, amenaza a las fábricas y al empleo y que una caída de las ventas de coches de combustión más modernos podría frenar todavía más la reducción de emisiones contaminantes.

El encuentro mantenido con De Meo llega un mes después de que Sánchez se viera con el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume, en el que la norma de emisiones para la que previsiblemente será la última generación de vehículos de combustión para Europa fue la gran preocupación expresada ante Sánchez. Los contactos del Ejecutivo con la industria de la automoción, en todo caso, todavía no han concluido y proseguirán la próxima semana. El presidente del Gobierno ha citado el jueves 16 de marzo a la cúpula de la patronal española de fabricantes, Anfac, a un nuevo encuentro en Moncloa.

El Gobierno tiene diferentes asuntos sobre la mesa que comparte con la industria de la automoción. Pero el Euro 7 se ha convertido en las últimas semanas en la principal preocupación en las sedes de los fabricantes. Argumentan que se puede convertir en una distracción para las inversiones que se están realizando para desarrollar el vehículo eléctrico, nodo de la estrategia de descarbonización en el ámbito del transporte de la Unión Europea.

De hecho, la futura cita entre Sánchez y Anfac, a la que acudirán su presidente, Wayne Griffiths, y su secretario general, José López Tafall, llega después de que la patronal demandara una batería de medidas, sobre todo fiscales y en forma de incentivos, para lanzar las ventas de coches eléctricos, mercado en el que España se encuentra en el vagón de cola europeo. Asimismo, se prevé que el Gobierno dé más pistas sobre las nuevas convocatorias de ayudas a la industria de la automoción: después de la fallida primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el vehículo eléctrico dejara fondos europeos sin asignar. El Ejecutivo trabaja en la segunda convocatoria, que verá la luz entre este mes y el próximo y en una línea adicional de ayudas. En total, hay disponibles 2.100 millones de euros.

Pese a esos programas de ayudas en marcha, Sánchez ha puesto el acento hoy ante De Meo en otro de los PERTE en los que trabaja el Ejecutivo español, el que trabaja para crear un ecosistema de diseño, fabricación y venta de semiconductores, piezas que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la industria en los dos últimos dos años. El presidente del Gobierno le habría trasladado que España quiere apoyar toda la cadena de valor del coche eléctrico y que, en ese esquema, tiene intención de repartir hasta 12.000 millones para desarrollar la actividad vinculada con los microchips.

Otro de los temas que se han planteado se han referido a los planes de futuro de Renault. Uno de los pilares de su futuro se basa en la separación de sus diferentes negocios. Por ejemplo, se prevé concentrar la actividad de motores de combustión en la nueva sociedad Horse, compañía que Renault compartirá con la china Geely. España y Rumania compiten por quedarse con la sede de la nueva empresa.

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