El desafío de Ferrovial nos abre los ojos
Es deber de los Gobiernos democráticos establecer sistemas fiscales que defiendan los intereses ciudadanos y el estado de bienestar claramente amenazado
La decisión de Ferrovial de trasladar su sede a los Países Bajos, un país conocido por los privilegios fiscales a las empresas, es un serio desafío para el estado de bienestar. La decisión de la constructora, que ha crecido al amparo de la obra pública del Estado y se ha convertido en una poderosa multinacional gracias a su capacidad tecnológica, nos abre los ojos ante los retos de la economía global. Un mundo en que el poder de las multinacionales supera cada vez más al de los Estados y al de las entidades supranacionales como la Unión Europea.
La excusa del traslado para facilitar la cotización en la compañía en Nueva York resulta poco convincente. Varias empresas españolas cotizan en Estados Unidos sin necesidad de cambiar de sede. Telefónica fue autorizada a operar en Wall Street en 1987.
La búsqueda de ventajas fiscales es una de las motivaciones básicas de la iniciativa. La compañía habría explorado los sistemas de otros países de baja tributación como Luxemburgo e Irlanda.
Ferrovial aprovecha las debilidades de la UE en materia fiscal. Un agujero que impide a la Unión avanzar en la cohesión europea. Situación de la que se aprovechan Países Bajos, Irlanda, Malta, Chipre y Luxemburgo, que con sus sistemas fiscales especiales, pueden atraer empresas y así elevar su recaudación impositiva en perjuicio de sus socios. Oxfam estima que el sistema holandés le cuesta al resto del mundo unos 22.000 millones de euros anuales. España perdió más de 4.000 millones de euros en 2019, por los desvíos de beneficios de las multinacionales a los paraísos fiscales, según distintas investigaciones.
Los gigantes estadounidenses (Google, Apple, Intel, Meta y Pfizer) han establecido sus bases en Irlanda para pagar menos impuestos en otros países. Gracias a la competencia impositiva desleal desde 2014 ese país ha logrado doblar su economía, mientras que el conjunto de la UE ha crecido un 23%, según Eurostat.
Hay otra Europa que interesa. La que representan países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia y Alemania con una alta conciencia fiscal de sus ciudadanos y empresas. Son estados con menos desigualdades que persiguen que la seguridad jurídica sea un valor efectivo tanto para las compañías como para los ciudadanos.
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, busca el terreno de juego más favorable y no duda en utilizar las instituciones nacionales o europeas para optimizar los beneficios de su empresa. Es deber de los Gobiernos democráticos establecer sistemas fiscales que defiendan los intereses ciudadanos y derechos del estado de bienestar claramente amenazado.
Ante el desafío fiscal, los juristas de ATTAC, Alex Madariaga, Xavier Martínez Gil y Jaume García recordaban recientemente en Barcelona el mandato Constitucional: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Los ciudadanos precisan más protección en esta desigual batalla. Los Estados y la UE se juegan su propia existencia y no deberían vacilar en actuar ante el omnímodo poder de las corporaciones, cuyas actuaciones son permitidas.
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