El Gobierno creará dos complementos salariales para premiar el desempeño de los funcionarios

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sector público, el Gobierno estudia fórmulas con las que obtener un mayor rendimiento de sus organismos y trabajadores. Para elevar la eficacia de las plantillas, el Ejecutivo ha diseñado dos incentivos que podrán añadirse a su retribución habitual: un “complemento de carrera”, que recaería sobre aquellos empleados que acreditasen una progresión continuada dentro de la Administración, y un “complemento de desempeño”, que sería para quienes superasen las distintas evaluaciones sobre su rendimiento en el puesto de trabajo. Estas propuestas, junto con otra batería de medidas para modernizar el esqueleto administrativo estatal, forman parte del anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que el Gobierno ha presentado a los sindicatos, y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La reforma de la Administración y del empleo público es uno de los compromisos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 11), y que también está incluido en el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI que el Gobierno suscribió con los sindicatos UGT y CC OO el pasado 19 de octubre. Además, como se detalla en el anteproyecto, esta ley “viene a desarrollar las disposiciones contempladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”, aprobadas hace 15 años.

El objetivo del Gobierno pivota sobre cuatro ejes precisados en el texto: “La revitalización de los instrumentos de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos; la transparencia y agilidad de los procesos selectivos con plena garantía de la efectividad de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público; la regulación de las garantías básicas de la carrera profesional vertical y horizontal y de la formación; y el desarrollo de la figura del personal directivo público profesional como elemento clave en la concepción de una administración pública moderna”.

Los elementos más novedosos dirigidos a reconocer el desempeño de los trabajadores públicos son varios complementos relacionados con su trayectoria dentro de la Administración. Se trata del “complemento de carrera”, que recompensa la progresión alcanzada en el sistema público a lo largo de los años —y cuya cuantía deberá quedar reflejada en los Presupuestos Generales—; y el “complemento de desempeño”, que estará vinculado “a superar la evaluación del desempeño obligatoria en cada caso”. Este examen obligatorio sobre resultados y competencias servirá “para mejorar la productividad” y “para adecuar la evolución de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones del empleado público”, indica el texto.

Otra de las fórmulas que recoge que el anteproyecto es la regulación de la carrera profesional horizontal, la que consiste en la progresión de grado, categoría o escalón sin que sea necesario cambiar de puesto de trabajo. Para ello, la nueva ley establece un sistema de tramos, y que estará entre 4 y 6. Para que un trabajador pueda ir progresando dentro del sistema, se tendrá en cuenta su trayectoria profesional y el resultado de sus evaluaciones de desempeño.

Además de estos pluses, otro de los aspectos que recoge la futura legislación na mejor gestión de las tareas tiene que ver con la figura de la provisión temporal de puestos. Aquellos trabajadores que sean reubicados para “la consecución de objetivos estratégicos” cuando se considere “que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos” podrán permanecer en estos puestos durante un año prorrogable, “con un máximo de dos”. La necesidad de provisión permitirá también que el personal funcionario de carrera “pueda ser adscrito temporalmente a un puesto vacante mientras se realiza la cobertura definitiva del mismo”.

Relevo generacional

Todo el catálogo de medidas que plantea el Gobierno están dirigidas a confrontar la realidad del sector público en España. Un armazón estatal que se ha desgastado a lo largo de los últimos años, después de que las plantillas no se hayan reforzado ni renovado lo suficiente. Según los últimos datos oficiales, en España existen 2.717.570 trabajadores públicos, de entre los cuales aquellos de entre 50 y 59 años son los más numerosos, seguidos de aquellos entre 40 y 49. Este envejecimiento proyecta un problema a largo plazo con la jubilación de una gran parte del personal, y del que los sindicatos vienen advirtiendo. “Es preciso desarrollar políticas de reclutamiento y selección que aseguren el relevo intergeneracional, orientadas a la captación de talento diverso y a la inclusión de grupos infrarrepresentados”, indica el anteproyecto.

Junto con la falta de manos, la otra reivindicación histórica de la plantilla pública tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, que CSIF sitúa en el 20%. De hecho, este sindicato fue el único que no firmó el acuerdo al que el Gobierno sí llegó con UGT y CC OO, y en el que se definió una hoja de ruta de subidas salariales para 2022, 2023 y 2024. En estos tres años, el sueldo de los trabajadores públicos podría elevarse en hasta un 9,5%, un porcentaje que en CSIF consideran insuficiente.