Yolanda Díaz pide a los expertos que actualicen sus proyecciones con la inflación para calcular la subida del salario mínimo

La vicepresidenta y ministra de Trabajo evita hablar de cifras, pero recuerda que los datos sobre salarios tomados como referencia han quedado desfasados

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su intervención en las jornadas de la APIE este miércoles.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su intervención en las jornadas de la APIE este miércoles.Carlos Luján (Europa Press)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a dejar claro que el Gobierno trabaja en un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 que podría ir más allá de las primeras proyecciones elaboradas por el comité de expertos. Cobra fuerza la posibilidad de que se superen los 1.050 euros estimados por este grupo para 2023 —actualmente el SMI se encuentra en los 1.000 euros mensuales en 14 pagas—, debido a la elevada inflación que está condicionando a las economías mundiales.

A pesar de negarse a concretar las cifras que están sobre la mesa —”Todo el mundo habla de estas materias y yo lo hago poco”, ha dicho Díaz—, la vicepresidenta sí que ha deslizado nuevamente que las estimaciones iniciales han quedado desfasadas debido al cambio de contexto económico. “Les hemos pedido a los expertos que actualicen el cómputo, porque los salarios con los que han tratado eran de 2018″, ha reconocido. El compromiso que adquirió el Gobierno es el de equiparar el salario mínimo con el 60% del salario medio del país.

Sin embargo, a pesar de no delimitar cantidades, sí que ha recordado que la coyuntura económica es uno de los factores que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores como una variable para poder alterar el cómputo del salario base. “Si soy capaz de conseguir un acuerdo, prefiero la garantía de legitimidad social que le damos a la sociedad con ese acuerdo que ostras cuestiones”, ha indicado.

A pesar de que la potestad de determinar el salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno, Díaz ha recordado que la mesa de diálogo social para abordar esta nueva alza será convocada en diciembre, entre otras razones, porque entonces ya se conocerá el dato de inflación del mes de noviembre —que resulta fundamental para delimitar, por ejemplo, la revalorización exacta de las pensiones y que ahora orbita alrededor del 8,5%—.

A pesar de las previsiones de la Autoridad Fiscal (Airef), que apuntan a una entrada en recesión técnica de la economía española a finales de este año, en opinión de Díaz la reforma laboral delimitará su impacto sobre el mercado de trabajo. “Nosotros hacemos previsiones cautas. Se habla de una caída pequeña, y esto quiere decir que en términos de empleo va a ser un impacto menor de lo previsto”, ha indicado la también ministra de Trabajo. Al mismo tiempo, ha señalado que el carácter proteccionista del nuevo marco legislativo permite afrontar con garantías periodos comprometidos como el actual. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad: la reforma está pensada para que en situaciones de crisis las empresas no tengan que despedir”, ha indicado.

La vicepresidenta ha defendido los efectos del esqueleto legislativo laboral aprobado en diciembre de 2021 en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) celebradas este miércoles en Madrid. Durante su intervención, Díaz ha vuelto a exigir una subida de los salarios, y para ello ha apelado a las recomendaciones recientes de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. “Guindos ha pedido que los salarios suban un 5% en Europa, porque el riesgo de empobrecimiento es real”, ha señalado. “El propio Banco de España ha advertido del impacto que tiene la subida del SMI en la lucha contra la pobreza, y, por eso, hemos pedido a los expertos que también trabajen en esta línea”, ha remachado.

Bloqueo

Aun así, ha limitado el ámbito de actuación del Gobierno en la negociación del acuerdo salarial que depende, exclusivamente, de los representantes de los trabajadores y los empresarios. “El Gobierno solo tiene una competencia, fijar el SMI. No tiene ninguna competencia de fijación salarial, forma parte de la voluntad de los agentes sociales”, ha advertido. Y ha vuelto a cargar sobre los empresarios la responsabilidad del bloqueo: “Llevan desde el 5 de mayo sin estar en esa mesa. A los hechos me remito. No se han vuelto a sentar”.

En contra del argumento de la Confederación de Organizaciones Empresariales Española (CEOE) de que no es necesario un acuerdo salarial para que se pacten subidas en los convenios, la vicepresidenta ha tirado de estadísticas. “Los datos de convenios son muy malos: a fecha de septiembre, se han registrado 653 en total, y que afectan sobre más de un millón y medio de trabajadores. El año pasado fueron 1.436 con una afectación sobre más de cuatro millones de trabajadores. No vamos bien”, ha remachado.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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