Bruselas cifra en unos 13.000 millones de euros el ahorro de extender la excepción ibérica a toda la UE

La Comisión Europea cifra en unos 13.000 millones de euros el ahorro de aplicar para toda la UE un modelo que limite los precios del gas que se usa para generar electricidad inspirado en la llamada excepción ibérica. Un ahorro, sin embargo, que los técnicos del Ejecutivo comunitario que han explorado la extensión de la fórmula a toda la UE no parecen considerar que supere las salvedades que encuentran al modelo, según un informe exploratorio —en tono bastante crítico— que han estudiado este martes los ministros de Energía de los Estados miembros en Luxemburgo. Para trazar su fórmula, Bruselas considera que el tope a imponer debería ser de entre 100 y 120 euros el megavatio por hora (muy por encima de los entre 40 y 60 que tienen España y Portugal desde junio), para evitar que se incremente el consumo de gas. Un grupo de países ha advertido a la Comisión de que el documento oficioso que ha lanzado es insuficiente, carece de datos sólidos y estructurados y no es una propuesta.

Los líderes de los Veintisiete instaron la semana pasada a la Comisión Europea a emprender medidas urgentes para controlar los precios del gas y la electricidad, ante la guerra energética del presidente ruso, Vladímir Putin, que lleva meses empleando el suministro de gas como arma. En línea con las propuestas de intervención de mercado y ahorro del Ejecutivo comunitario, los jefes de Estado y de Gobierno reclamaron un límite temporal y dinámico para el precio en el mercado mayorista (el TTF holandés, la referencia del sector) suficientemente quirúrgico para que se pueda aplicar en los momentos de pico de precios. También urgieron al equipo de la presidenta Ursula von der Leyen a explorar las ventajas, inconvenientes, costes y beneficios de la solución ibérica.

Trata de salvar la petición en un documento exploratorio en el que se remarca que, independientemente de que la extensión a toda la UE del modelo ibérico salga adelante, los países podrían adoptar medidas similares a las de España y Portugal si cumplen con las normas de ayudas de Estado y garantizan que el comercio transfronterizo entre los países miembros no esté restringido.

El informe plantea la fórmula ibérica con un lenguaje plagado de fórmulas disuasorias: sostiene que Francia, que tiene poco gas o carbón en su generación eléctrica y es un gran importador de otros Estados, sería el gran beneficiado del modelo al recibir gas subsidiado; mientras, Alemania, Países Bajos e Italia, países con una gran proporción de combustibles fósiles en su mix energético, enfrentarían costes más altos por las compensaciones a pagar a las plantas de gas.

Ese punto, de hecho, funcionará como combustible contra el modelo del que recelan profundamente Berlín y La Haya. Ambos países, que encabezan el sector más crítico a imponer cualquier límite al precio del gas por miedo a poner en riesgo el suministro, dicen, abrieron por primera vez la puerta a emprender alguna medida en esa línea la semana pasada, en una cumbre en Bruselas. Así, aunque sin gran emoción, son algo más favorables al corredor dinámico temporal para el TTF (una especie del euríbor del gas).

Pese a todo, no hay consenso aún para sacar ninguna de las dos medidas adelante por unanimidad, apuntan fuentes comunitarias. Y una cláusula del compromiso alcanzado por los líderes de los Veintisiete la semana pasada dicta que el acuerdo debe ser aprobado por unanimidad. Todos esos ingredientes, impulsados por el recelo de Berlín hacia la extensión del modelo ibérico y unidos al poco entusiasta informe de la Comisión Europea podría derivar en una carrera de documentos técnicos, retrasos y debates que no conduzcan más que a meter la idea en un cajón y enterrarla y que, idealmente, no haga falta. “Está claro que la Comisión y algunos Estados no ven el modelo ibérico como una fórmula para llevar hacia adelante”, ha apuntado en Luxemburgo Jozef Sikela, ministro de Industria de la República Checa, que tiene la presidencia semestral rotatoria de la UE. En una rueda de prensa acompañado de la comisaria de Energía de la UE, Sikela ha reclamado, muy crítico, a la Comisión Europea un informe de propuestas y de impacto mucho más concreto que el que ha circulado la Comisión Europea entre los ministros.

Peses todo, el mero anuncio de que los Veintisiete emprenderán medidas para controlar los precios de la energía, unido a que las reservas están llenas, ya ha tenido un efecto en los mercados: el mercado holandés de referencia sigue retrocediendo y estaba este martes por la mañana a su nivel más bajo desde junio; aunque más alto que en 2021.

Los precios han bajado y en los últimos días, por ejemplo, no ha hecho falta en España y Portugal aplicar ese tope, ha remarcado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, en Luxemburgo. El sistema, “funciona como un reaseguro, si el precio del gas volviera a crecer, los consumidores portugueses y españoles estarían protegidos”, ha señalado Ribera. Un espíritu que defiende un grupo de países, que abogan por extender la excepción ibérica a toda la UE además de por introducir ese corredor dinámico temporal quirúrgico para los mercados mayoristas.

Aunque las reservas para este año están básicamente cubiertas frente a la guerra energética de Rusia, las facturas siguen siendo altas para los bolsillos de los consumidores y las empresas, ya agujereados por la inflación, lo que amenaza con llevar a la UE a una recesión. Además, toca prepararse para el próximo invierno. De ahí, que los Estados miembros y el Consejo Europeo hayan urgido a la Comisión a presentar propuesta más concretas y más rápido.

Ahora, tras la cumbre de la semana pasada que terminó con un (aunque no demasiado concreto) compromiso político, es el turno de los ministros de Energía y de los técnicos diseñar los detalles y también poner las bases para la plataforma de compras conjuntas y los mecanismos de solidaridad obligatorios para aplicar cuando algún país esté en serios apuros. Tras la cita de hoy en Luxemburgo, los ministros volverán a verse en Bruselas, el 24 de noviembre, en un consejo de energía extraordinario. Todavía queda un largo camino por delante.

Modelo extendido

A diferencia del modelo ibérico, la fórmula que han explorado los técnicos de la Comisión no incluye las centrales eléctrica del carbón. El resto es similar: los Estados miembros tendrían que pagar a sus centrales eléctricas de gas un subsidio para cubrir la diferencia entre e precio real en el mercado de referencia y del precio objetivo. Así, dice el informe técnico del Ejecutivo comunitario, países que dependen en gran medida de la generación de energía a base de gas en su sistema eléctrico tendrían que pagar más costes en subvenciones y también que quizá estas no se pagarían de forma casi automática a cuenta del ahorro.

Así, la forma más eficaz de gestionar estos efectos de distribución entre los Estados miembros sería crear un plan europeo que redistribuya los costes de la medida entre todos en consonancia con los beneficios que genera, dice Bruselas. “Esto podría ser difícil de diseñar debido a la falta de estadísticas confiables y desafíos políticos”, abundan sus técnicos. También, por supuesto, porque choca con el escasísimo apetito de Berlín y La Haya por abrir la caja de las subvenciones y con su enorme reticencia a tocar el mercado.

‘Fugas’ de gas

Bruselas identifica tres salvedades de la adaptación del modelo ibérico: el posible aumento de la demanda (de ahí ese tope más alto, de entre 100 y 120 megavatio por hora), la diferente adaptación en los países en función de su mix energético, y las posibles ‘fugas de gas’ a buen precio a terceros países. Es decir, que debido a las interconexiones hubiera países de fuera de la UE, como Reino Unido y Suiza, que se beneficiasen de ese gas más más barato a cuenta de los Europeos.

Para solventarlo se podría crear un modelo basado en una doble subasta: un precio para compradores dentro de la UE y otro para la electricidad que se exportase fuera, algo que tendría que estudiarse para que no choque con los acuerdos internacionales con los socios comerciales de la UE, apuntan fuentes comunitarias. Otra opción que baraja Bruselas es subir al carro de la medida a Reino Unido o Suiza, por ejemplo. Una opción por la que aboga Francia. “Habría simplemente que hablar con el Reino Unido y Suiza, que también pueden tener interés porque están en la misma situación que nosotros”, ha remarcado la ministra de Transición Energética de Francia Agnès Pannier-Runacher. “Conociendo el pragmatismo de estos dos países no me sorprendería que pudieran estar interesados en la extensión de ese mecanismo”, ha añadido en Luxemburgo.