Sobre los agoreros

Agorero es el que predice males o desdichas. El término se suele usar para descalificar a aquellos que ofrecen una visión relativamente pesimista del futuro. Se tildó de agoreros a aquellos que al principio de la crisis financiera anticiparon el colapso del sector inmobiliario español, el aumento del desempleo hasta los cinco millones de personas o los riesgos asociados al sector financiero. Los agoreros acertaron, en parte, gracias a la lectura errónea de la crisis llevada a cabo tanto por las autoridades españolas como por las comunitarias.

Parece ser que los agoreros han vuelto. Diversos analistas, públicos y privados, nacionales e internacionales, están poniendo en duda las perspectivas económicas del Gobierno para el año que viene. ¿Acertarán? Puede ser que esta vez las autoridades comunitarias no se equivoquen tanto y tan groseramente. El BCE se toma en serio el control de la inflación, a la vez que trata de evitar la fragmentación financiera de la eurozona. Está por ver si el instrumento diseñado para mantener la transmisión de la política monetaria —el TPI— es capaz de conjurar los riesgos de fragmentación. Es ésta una cuestión especialmente relevante para España, dado su elevado endeudamiento y el aumento de los costes de financiación en el último año.

El contexto internacional es muy complejo. Nos enfrentamos a una crisis múltiple, combinando inflación y endurecimiento de las condiciones monetarias, un shock energético, que es estructural, así como tensiones geopolíticas mundiales con el telón de fondo de la guerra en Ucrania. Aunque estos factores son globales, la mayoría de ellos afectan especialmente a la eurozona y por tanto a España, deteriorando la confianza de consumidores e inversores, lo que lastra el crecimiento cuando todavía no ha recuperado los niveles de actividad prepandemia. Los analistas difieren de forma significativa en la cuantificación de estos impactos. La horquilla que se obtiene comparando las previsiones para el PIB del año que viene es anormalmente amplia, con el Gobierno en la parte alta de la misma. La razón es que, si bien los factores que determinan la narrativa de las previsiones parecen identificados, su evolución se produce en un contexto de incertidumbre radical. Un dedo puede apretar un botón fatal, o puede que el ejército ruso se retire detrás de sus fronteras.

En este contexto de incertidumbre, lo mejor es suscribir un seguro. El BCE puede tener éxito o no en evitar la fragmentación financiera en la eurozona, pero el TPI funcionará mejor si se conjuran posibles dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en los países más endeudados. A corto plazo, los ingresos fiscales extraordinarios deberían destinarse a la reducción de la deuda y, a medio plazo, habría que adoptar una reforma profunda del sistema impositivo que acabase con el ya casi secular déficit estructural. Dejémonos de pequeñas reformas parciales y temporales, que no aseguran suficientes ingresos futuros como para abordar las necesidades sociales del país. En paralelo, el control del gasto permanente parece prioritario, especialmente el corriente, mientras que una mayor absorción de los fondos europeos potenciará la inversión y la transformación de la economía española sin aumentar la deuda. Ello debe ser compatible con medidas selectivas y temporales que protejan a los más vulnerables de la inflación y la crisis energética, y siempre coordinadas a nivel comunitario. Hay que evitar el “sálvese quien pueda”.

En el último medio siglo, varias crisis de naturaleza global y exógenas han impactado en la vulnerable economía española de forma especialmente significativa. Mientras hay viento de cola el planeador español responde de forma eficiente, pero gestiona mal el viento de cara. Hay que prepararse para el aterrizaje, y que esta vez sea suave. Los agoreros están de vuelta y los vientos de cara también.