Abertis defiende que los contratos de autopistas que quiere anular Argentina son “legítimos”

Abertis está lista para enfrentarse al Gobierno de Argentina. La multinacional española de infraestructuras defiende que los contratos de concesión para que Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) –en las que Abertis es el accionista más importante– gestionen las dos carreteras de acceso a Buenos Aires son “legítimos”. El Gobierno argentino aprobó el miércoles un decreto con el que se inicia un proceso de demanda ante los juzgados para que se declaren nulos los contratos aprobados por la administración de Mauricio Macri en 2018, que extendían la concesión diez años y actualizaban las tarifas en dólares para que las empresas recuperaran la deuda de la construcción de las carreteras, a principios de los 2000. El Gobierno de Alberto Fernández considera que las condiciones de los contratos son “lesivos” hacia el Estado y los usuarios.

El Ejecutivo argentino dio el miércoles un paso más en su empeño para suspender los contratos de las dos mayores autopistas de peaje de acceso a Buenos Aires. Estas se construyeron a finales de los noventa con contratos de concesión en los que se reconocía una deuda en dólares y se fijaban unas tarifas de peaje también en esta divisa. En 2001 se pasaron las tarifas a pesos argentinos. El proceso de las concesionarias (en ese momento Abertis no estaba en el accionariado) para reclamar una compensación pasó por varios momentos, y aunque el Gobierno de Néstor Kirchner reconoció en 2006 que existía esa deuda y que había que dar una compensación, esta no llegó.

En 2014, con Abertis ya como accionista de referencia en ambas concesionarias, las empresas empezaron a preparar una demanda internacional, pero un año después Macri abrió una negociación. En 2018 esta se cerró con unos acuerdos según los cuales se renovaban las concesiones por diez años (tenían que terminar en 2020 y se alargó su duración hasta 2030), se reconocía una deuda en dólares de 540 millones para Ausol y 272 millones para GCO, se actualizaba el régimen tarifario y las empresas adquirían nuevos compromisos de inversión.

Estos son los contratos que el Ejecutivo argentino quiere anular mediante una demanda judicial, después de haber realizado una auditoría durante los últimos dos años. El miércoles, Fernández afirmó que los contratos eran “lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad”. “A nuestro juicio, son contratos absolutamente distorsivos, que generaron daño económico al Estado nacional y a los usuarios”, aseguró. El decreto argumenta que no se podía dolarizar la deuda, y que no existe justificación para estipular las tasas de interés al 8% anual, entre otras objeciones.

Abertis, que tiene el 49% de las acciones de GCO y el 32% de Ausol, y que es el accionista más importante en ambas concesionarias, defiende que los acuerdos firmados con Macri para dar “cumplimiento a los compromisos asumidos y no honrados por el Estado Nacional desde 2001″ son “plenamente legítimos y fueron aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un proceso transparente”, según señalan fuentes de la compañía. Estas añaden que tomarán las acciones necesarias “en defensa de sus derechos”. Con todo, el impacto económico de estas participaciones para las cuentas de Abertis no es muy elevado, según señalan las mismas fuentes, y supone alrededor del 1% del resultado bruto de explotación o ebitda, lo que en el ejercicio de 2021 se tradujo en unos 22 millones de euros.