Abertis denuncia a Argentina por dos autopistas

El grupo de concesiones Abertis ha demandado a Argentina ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por el desequilibrio financiero que presentan desde hace doce años las autopistas que gestiona el país tras la decisión del gobierno de congelar tarifas. Según fuentes cercanas a la compañía, la demanda, presentada el pasado 17 de diciembre, obedece a la imposibilidad de negociar con los ejecutivos de ese país una salida para recomponer ese desfase.

Las mismas fuentes rechazaron atribuir la decisión al cambio de gobierno en el país y lo atribuyeron a que el grupo ha dado ya todos los pasos que podía seguir en el ámbito administrativo. En concreto, Abertis controlaba el accionariado de dos compañías concesionarias: Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que gestiona la autopista entre Buenos Aires y Luján (56 kilómetros), y Austol, titular de la concesión de 119 kilómetros del acceso norte de Buenos Aires —popularmente conocida como la autopista Panamericana— y del mantenimiento de la Autopista General Paz.

Según estas fuentes, hace doce años el ejecutivo argentino decidió congelar los peajes de las vías de pago. Abertis abrió entonces un proceso de negociación con las autoridades del país para recomponer el desequilibrio económico-financiero que suponía esa decisión por la falta de actualización de los precios, que ha acabado teniendo un impacto sobre las cuentas de las dos sociedades participadas por el grupo catalán.

Sin embargo, las negociaciones no han dado ningún fruto, por lo que Abertis ha acabado interponiendo una demanda al Tesoro argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial. Aun así, fuentes del sector explicaron a Europa Press que la compañía no renuncia a seguir negociando con la Administración argentina. La compañía que preside Salvador Alemany y pilota Francisco Reynés, sin embargo, declinó hacer comentarios al respecto.

El de Argentina no es el único contencioso que tiene abierto Abertis. La empresa concesionaria llevó a la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, una demanda contra el Gobierno de Bolivia por la nacionalización de la empresa de gestión aeroportuaria Sabsa en 2013, que gestiona los tres principales aeropuertos del país: El Alto (que sirve a la Paz) y el de Santa Cruz y Cochabamba. Además, tiene otro litigio en los tribunales españoles contra Fomento sobre la autopista AP-7 después de que el ministerio no admitiera una compensación por los tráficos de la vía.