Bruselas plantea medidas energéticas menos estrictas que las españolas

Las nuevas medidas planteadas por Bruselas para combatir la crisis energética europea dejan más dudas que novedades en España. A raíz de la coyuntura provocada por la guerra de Ucrania, que ha disparado el precio del gas y con ello el de la generación de electricidad, la Comisión Europea ha perfilado en los últimos días un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas y un mecanismo para limitar los llamados beneficios caídos del cielo. En realidad, el Gobierno español lleva ya más de un año estudiando, y legislando, normas en esa misma línea. Un anticipo que fuentes del sector energético atribuyen a las peculiaridades del mercado español (más sensible a los vaivenes de importes porque se firman menos contratos a precio fijo y con duración más breve) y que ahora deja la duda de cómo se compaginarán con lo que plantea el Ejecutivo comunitario. España, ha dicho este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adaptará su normativa española a lo que se consensúe en Europa.

Este martes, durante su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insistió en las líneas maestras del plan: ahorro de luz y medidas para que las energéticas no obtengan un beneficio de una situación que está resultando muy perjudicial para los consumidores. Para esto último se plantean dos medidas fundamentalmente. La primera es un nuevo gravamen del 33% sobre los beneficios extraordinarios que de las empresas petroleras, gasísticas, de carbón y de refino.

Lo que eufemísticamente se ha denominado “contribución solidaria” considerará un beneficio extraordinario el que supere en un 20% la media de ganancias de los últimos tres años. Y según explicó la Comisión Europea, de su recaudación se encargará cada Estado miembro. El Gobierno español, sin embargo, ya ha planteado otra fórmula para gravar lo que se considera un provecho excesivo de las empresas por la coyuntura de precios actual. En este caso no es un impuesto, sino que se ha recurrido a la figura de la prestación patrimonial de carácter no tributario, y se cargará sobre los ingresos (de manera que las empresas abonen el 1,2% de su cifra total de negocios) en lugar de sobre los beneficios.

En ambos casos se trata de un recargo temporal, pero hay otra notable diferencia. La Comisión Europa lo plantea de momento como un impuesto solo para este año. Es decir, se pagará en 2023 a partir de los beneficios de 2022. La intención en España, sin embargo, es que fuera bianual, pagándose en 2023 y 2024 a partir de las cifras de negocios de las compañías del sector en 2022 y 2023. Ahora habrá que esperar a la definición de la norma europea, apuntan las citadas fuentes, para ver si el Gobierno tiene que cambiar su planteamiento. Aunque podría intentar justificarse ante Bruselas que el objetivo de recaudación sobre los beneficios extraordinarios se cumple igualmente, las palabras de Montero este miércoles apuntan en la línea de un cambio en lo que se aprobó el pasado julio.

Un tope más alto

La segunda de las medidas ideadas por la Comisión Europea es el tope temporal de ingresos para los productores inframarginales. Esto se refiere a los beneficios caídos del cielo, ya que afecta a productores de electricidad que usan fuentes más baratas que el gas pero se benefician en la retribución de los altos precios de esta u otras materias primas (como algunos tipos de carbón). Lo que ha marcado la Comisión es que estas compañías no puedan obtener más de 180 euros por megavatio hora (MWh), de manera que temporalmente (hasta el 31 de marzo próximo) tendrían que devolver lo que obtengan por encima de ese importe.

Pero España también ha avanzado previamente en la misma idea. El Gobierno lo intentó hace un año, aunque luego su propuesta quedó descafeinada al no poder aplicarse retroactivamente en los contratos que ya estaban vigentes, y luego ahondó en esa senda planteando un tope que es más bajo (67 euros por MWh) que el europeo. Eso y la denominada excepción ibérica, que permite a España y Portugal reducir la influencia del precio del gas en la generación eléctrica, limitan la efectividad real de la medida europea sobre el mercado español, según las fuentes del sector. Pero de nuevo quedan incógnitas como si Bruselas introducirá cierta retroactividad (lo que impedía hasta ahora) o si aceptará límites inferiores al que propone.

En su conjunto, la Comisión Europea dijo que con ambas medidas espera una recaudación de unos 140.000 millones. Si las reglas españolas cumplen con el cupo que el país debería aportar a esa cifra global, Bruselas podría conformarse con que las cosas se queden como están, apunta un experto. De hecho, lo ve “probable” por la celeridad con la que las autoridades tienen que actuar en el actual contexto para obtener ahorros inmediatos. Pero habrá que esperar al menos hasta final de mes, cuando se reunirán los ministros de Energía de los Veintisiete para aprobar la propuesta de Bruselas, para conocer la letra pequeña. Una situación que añade incertidumbre a la maraña normativa que sufre el sector en los últimos tiempos.