El juez archiva la causa contra Currás y la antigua cúpula de Dia por falsedad contable

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha archivado la causa abierta por falsedad contable y administración desleal contra el ex consejero delegado de la cadena de supermercados Dia Ricardo Currás y cuatro miembros de su cúpula directiva. El magistrado toma esta decisión después de que la Sala de lo Penal acordara, el pasado diciembre, anular el procesamiento de todos ellos al considerar que no había indicios sólidos contra ellos y devolviera la causa al magistrado instructor para que o retomara la investigación en busca de nuevas pruebas o la sobreseyera. Finalmente, el juez ha optado por esto último al considerar que los hechos investigados “no serían constitutivos de delitos”, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La decisión judicial, que ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, no es firme y puede ser recurrida.

La investigación contra el ex consejero delegado se inició en 2019 después de que un grupo de accionistas minoritarios presentara una querella en la que cuestionaban la veracidad de las cuentas de 2017 de la compañía, que un año más tarde tuvieron que ser reformuladas, y culparan al ex consejero delegado del perjuicio económico que habían sufrido por el descenso de valor de las acciones en bolsa. Despedido en agosto de 2018 tras varios trimestres de caída de beneficios y ventas, Currás había estado 32 años en la empresa y 10 como máximo ejecutivo. Entonces, Anticorrupción le acusó de maquillar las cuentas mediante “prácticas contables irregulares” engordando las cuentas de la empresa de forma ficticia en casi 52 millones de euros para cobrar un bonus de 600.000 euros y provocar con ello el desplome bursátil de Dia.

Por todo ello, la Fiscalía pidió la imputación del ex consejero delegado, que el entonces juez instructor, Alejandro Abascal, acordó en enero de 2020. Junto a él fueron llamados a declarar como investigados el que fuera su número dos, Amando Sánchez; los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, y el director financiero Antonio Arranz. Trece meses después, en febrero de 2021, el magistrado propuso juzgar a los cinco.

Aquella decisión fue revocada el pasado diciembre por la Sala de lo Penal en un auto en el que estimaba parcialmente el recurso de apelación presentado por el abogado Pablo Ureña en nombre del ex consejero delegado. Esta decisión judicial es en la que ha sustentado ahora García-Castellón su decisión de acordar el archivo de la causa. En su auto, fechado el pasado 8 de septiembre, el magistrado rechaza, en primer lugar, practicar una diligencia pericial solicitada por la acusación al considerar que la misma no es ni pertinente, ni necesaria, ni útil para una investigación que, como recalca, “se halla finalizada” al haberse agotado el plazo máximo de 12 meses de instrucción que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, el juez, en línea con la decisión de diciembre de la Audiencia Nacional, concluye que la investigación ha puesto de manifiesto que el descenso en el valor de las acciones de Dia se produjo por “una pluralidad o multitud de causas” y no únicamente por el supuesto falseamiento de las cuentas, como denunciaban los querellantes. García-Castellón añade que tampoco se puede afirmar que esas irregularidades contables de las que habían sido acusados los cinco directivos constituyan delito y apunta que, como mucho, serian “una infracción de naturaleza administrativa”. Por todo ello, acuerda el sobreseimiento libre para Currás y los otros cuatro investigados, como habían solicitado estos y la Fiscalía.

La decisión del juez García-Castellón es la segunda victoria de Currás en los tribunales en lo que va de año. El pasado marzo, la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Dia a devolver a su antiguo consejero delegado 2,46 millones de euros que este había percibido como indemnización al ser cesado en 2018 y que tuvo que reintegrar por orden de otra jueza. Además, el tribunal ordenó a la cadena de supermercados pagarle otros 557.000 euros en concepto de retribución y de compensación por el pacto de no competencia suscrito entre ambas partes, que no le había abonado. En total, más de 3 millones de euros.