El juez imputa a Ricardo Currás, ex consejero delegado de Dia, por manipular las cuentas para cobrar el bonus

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal cree que Ricardo Currás, consejero delegado de Dia hasta agosto de 2018, ideó un plan para mejorar artificialmente los resultados del grupo en 2017 mediante “prácticas contables irregulares”. Por eso le ha imputado, junto a otros cuatro miembros de su cúpula directiva y el auditor de KPMG, por presuntos delitos de administración desleal y falsedad contable. Currás habría inflado el resultado en casi 52 millones para cobrar su bonus, que en 2016 ascendió a más de 600.000 euros, según el auto con el que cita a declarar al exdirectivo el próximo 28 de enero.

Las cuentas de 2017 de Dia ofrecían “una imagen que no se correspondía con la real”, asegura el juez, que relata cómo la investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha permitido descubrir que la cúpula de la entidad maquilló las cuentas. Lo hizo emitiendo cargos ficticios a proveedores y dejando de contabilizar facturas, entre otros trucos que el juez atribuye directamente a Currás como ideólogo de la estrategia para engordar el ebitda (resultado bruto operativo) de la cadena de supermercados española. Su objetivo: cobrar la retribución variable.

El periplo judicial de Dia que inauguró el auto del juez procede de la querella que un grupo de accionistas minoritarios presentaron en mayo del año pasado. En ella cuestionaban la veracidad de las cuentas de 2017, que un año más tarde tuvieron que ser reformuladas y provocaron que las acciones se hundieran a mínimos históricos en octubre de 2018. Los impulsores de la denuncia, liderados por el despacho Demandas Colectivas, acusan al consejo de Dia y a KPMG de delitos que incluyen la estafa y piden la declaración como imputados de los consejeros. Están estudiando recurrir el auto porque, según asegura el director del despacho, José Martínez, todos los miembros del consejo son responsables de la formulación de las cuentas.

A este procedimiento se ha acumulado la denuncia que el ya también ex consejero delegado de Dia Borja de la Cierva presentó contra sus predecesores ante la Fiscalía Anticorrupción.El auto cita como investigados —la antigua figura del imputado— , a Currás, su número dos Amando Sánchez, los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, el director financiero Antonio Arranz Martín y el auditor de KPMG Carlos Peregrina García, que revisó las cuentas de 2017. Currás fue despedido en agosto de 2018.

El auto también cita el 27 de enero a los tres peritos que han elaborado informes sobre las cuentas de Dia en el marco de la investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción y llama como testigos el día 28 a dos trabajadores de la empresa que habrían recibido instrucciones de Currás para realizar las maniobras contables que se investigan: Miguel Ángel Iglesias Peinado y Susana Pagés de la Peña.El equipo directivo de De la Cierva encargó a EY realizar una auditoría forense de las cuentas de los últimos ejercicios de la compañía, que encontró pruebas de que se ocultó de forma deliberada información al consejo, a los accionistas y también al auditor, según comunicaron en febrero del año pasado fuentes de la empresa, que no ha hecho público el informe.

Anticorrupción acusa a los directivos de idear un plan para maquillar las cuentas mediante “prácticas contables irregulares” engordando las cuentas de la empresa de forma ficticia. El juez afirma que, como las cifras del ejercicio 2017 no permitían conseguir los objetivos y “se produciría un importante descenso en la cifra del ebitda”, Currás ideó un plan “para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo en el ebitda”. Con distintos trucos, finalmente lo engordó en 51,8 millones de euros. Con ello pretendía dar “una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos”. Es decir, el bonus que el consejero delegado y otros altos directivos de Dia percibían cada año en función de la consecución de objetivos.

Estas cantidades debían provisionarse en las cuentas de cada ejercicio. El juez asegura que Currás, para que no quedara constancia de la merma en el ejercicio 2017, “impartió órdenes para que no se realizaran tales provisiones, de forma que la cantidad asociada a las mismas no minorase la cuenta de resultados”. Los bonus (813.943 euros) se pagaron finalmente en marzo de 2018. Además de no provisionar el pago de bonus y gratificaciones al personal, entre las prácticas contables irregulares figura la previsión de ingresos no justificados procedentes de la negociación con proveedores, la incorrecta contabilización de ingresos, la eliminación de la provisión de facturas pendientes de recibir.

La estrategia de Currás afectó también a la división de Dia en Brasil, donde contó con la colaboración del que entonces era el máximo responsable para América Latina, Antonio Coto, nombrado posteriormente su sucesor como consejero delegado. El juez se refiere a Coto como “investigado”, aunque en el auto no le cita a declarar.