La justicia deja a Rato al borde del banquillo por delitos de blanqueo, corrupción y fraude fiscal

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado remitir este jueves a la Audiencia Provincial de Madrid las actuaciones del denominado caso Rato para su enjuiciamiento, después de siete años de instrucción de un procedimiento en el que se han acumulado más de 70.000 documentos, con lo que deja a Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, al borde del banquillo. Por esta causa, además de Rato, serán juzgados otros 16 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal por el presunto origen ilícito del patrimonio del expolítico del PP y exbanquero.

Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black y absuelto en la causa abierta por la salida a Bolsa de Bankia —entidad que presidió entre 2010 y 2012—, aún tiene pendiente la vista oral por el supuesto origen ilícito de su patrimonio. El exvicepresidente del Gobierno va a ser juzgado como autor de un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública entre 2005 y 2015, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares en la concesión de las campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis en su etapa al frente de la entidad financiera.

El pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la apertura de juicio, para el que todavía no se ha fijado fecha. La Fiscalía, que le atribuyó a Rato más delitos durante la investigación —los de insolvencia punible y falsedad, aunque la Audiencia de Madrid los desestimó—, ha llegado a pedir que se le condene a 70 años de prisión por estas pesquisas.

Aunque el juzgado de instrucción ha elevado el caso a la Audiencia Provincial, este continúa con la tramitación de las piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguación de bienes de los investigados que aún no han satisfecho las cantidades que les reclama el órgano judicial.

En su escrito de acusación provisional, el ministerio público apuntó que el exdirector del FMI ocultó parte de su patrimonio al fisco desde 1999, cuando era vicepresidente del Gobierno. Para ello, según la acusación, se valió de un entramado de sociedades —entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment; las panameñas Red Rose Finantial y Westcastle Corporation; y la británica Vivaway Limited— que usaba para realizar continuas actividades de inversión financiera, mediante multitud de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares.

La Fiscalía también asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros. También afirma que se han registrado rendimientos de capital mobiliario en el exterior no declarados, y 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra hay que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades. La Fiscalía calcula que las cuotas defraudadas por Rato superan los 8,5 millones de euros.

El expresidente de Bankia ha negado la tesis de la fiscalía. Rato defiende que él se acogió a la amnistía fiscal que había aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La defensa del expolítico del PP se basa en el artículo 305.4 del Código Penal. Ese precepto legal contempla que no se puede castigar a un defraudador si “regulariza” antes de que Hacienda, la Fiscalía o un juez le hayan notificado el inicio de una investigación contra él.

Para apuntalar su versión, la defensa del exvicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía solicitó el pasado mayo que Rafael Catalá, ex ministro de Justicia de Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio para que ratifique unas declaraciones públicas que hizo en 2015, cuando este aseguró que Rato se había acogido a la amnistía fiscal de Rajoy. La defensa de Rato también pidió que declare en el juicio Santiago Menéndez, ex director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).