Francia se pone en modo de ahorro energético

Si hubiera que definir una consigna del verano en la Francia de 2022, esa sería la de “sobriedad energética”. Ahorrar o, al menos, evitar su despilfarro, es el nuevo mantra del Gobierno de Emmanuel Macron y de ciudades como París, que buscan convencer a ciudadanos y comerciantes para que aporten su granito de arena o, más bien, su kilovatio de ahorro. El objetivo es reducir el consumo por motivos ecológicos, sí, pero sobre todo de cara a un invierno que se presenta crudo en toda una Europa angustiada por las amenazas rusas de cerrar su grifo del gas.

Hay que acostumbrarse a “pequeños gestos”, dice el Gobierno de Emmanuel Macron, como apagar las luces de las estancias que no se están usando o cerrar las puertas de los comercios climatizados. Una medida, esta última, que también estará incluida en el plan de ahorro que el lunes desvelará el Ejecutivo español y de la que este viernes EL PAÍS ha adelantado algunos puntos. A la par, se está trazando un más complejo entramado de acuerdos, decretos, leyes y consensos institucionales y del sector privado. Todo ello para reducir, en los próximos dos años, un 10% de la energía consumida —gas natural, electricidad y carburante— con respecto a 2019.

¿Lo logrará? La mayor parte de los compromisos anunciados y decretos necesarios no han sido aún publicados o no han entrado todavía en vigor, por lo que es imposible valorar su alcance. No obstante, ya hay algunos pasos. Siguiendo el ejemplo de las ciudades de Lyon y Bourg-en-Besse, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, promulgó una ordenanza que obliga a los comercios cerrar la puerta si el aire acondicionado está en marcha, otra medida que también entrará en vigor en España en los próximos días. Aunque se dio la primera semana de plazo para que las tiendas se acostumbren, el cambio comienza a notarse. En la popular rue du Commerce del distrito 15 de París, una calle en la que se suceden pequeñas boutiques y grandes cadenas internacionales de moda, la mayoría de los establecimientos climatizados mantenían ya las puertas cerradas este viernes. Muchos habían colocado carteles en la puerta explicando a los clientes la iniciativa e invitándoles a entrar “al fresco del interior” o a contribuir cerrando la puerta al salir.

Hasta ahora, explicaba a EL PAÍS la dependienta de una de esas tiendas, solo cerraban la puerta los días de mucho calor. Desde la ordenanza, lo hacen todo el tiempo. La policía ya ha pasado varias veces por la calle a verificar el cumplimiento de la norma, aunque estos primeros días, señalan varios comerciantes, solo han hecho advertencias a los que incumplían la normativa. Las multas, dicen, comenzarán a llegar este lunes y serán de 150 euros. Pese a que muchos pequeños comerciantes temen que una puerta cerrada aleje a su clientela —de ahí los carteles informativos e invitando a entrar al cliente—, la mayoría de los consultados consideraba que la norma “tiene sentido” ante la amenaza de cortes energéticos.

Los ciudadanos también están invitados a poner de su parte. El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, ha pedido “pequeños gestos” como apagar el wifi y desenchufar el mayor número posible de aparatos cuando las familias se marchan de vacaciones o apagar la luz en las habitaciones no ocupadas. “Le pedimos un esfuerzo a los ciudadanos. Estos gestos diarios tienen un impacto muy importante en nuestro consumo eléctrico. Cada energía que seamos capaces de ahorrar hoy colectivamente, es una energía de la que podremos disponer el otoño e invierno próximos”, dijo Véran, que se cuidó mucho de subrayar que se trata de recomendaciones y no de una obligación.

Tras ello se esconde la idea de evitar a toda costa que la sobriedad energética sea percibida como un nuevo esfuerzo reclamado solo a los ciudadanos o a los pequeños negocios. De ahí, también, que la primera ministra, Élisabeth Borne, llamara esta semana a sus ministros a demostrar “ejemplaridad”. Para ello, apuntó en una circular enviada el martes, hay que implementar “sin dilación” todas las medidas que permitan “reducir el consumo de energía y acelerar el fin de las energías fósiles”.

Todas las oficinas públicas están llamadas a limitar el uso de aire acondicionado y la calefacción cuando llegue el frío. La jefa de Gobierno también insta a los servicios públicos a no dejar los equipos electrónicos en stand by, a apagar “sistemáticamente” las luces cuando no sean necesarias, a cerrar las puertas de las oficinas de recepción de público si están climatizadas y a “alentar” el uso de transporte “sostenible” para el personal, desde vehículos compartidos a bicicletas o coches eléctricos.

“Es indispensable que el Estado haga su parte” para colaborar a la reducción de 10% de la energía, subrayó Borne en su circular. Unos días más tarde, las imágenes de una decena de coches oficiales que esperaban a los ministros reunidos en Consejo de Ministros, aparcados con el motor encendido y el aire acondicionado en marcha, provocaron polémica. “Tenemos que prestar atención a todo”, reconoció Véran sobre el error de imagen y de “ejemplaridad” gubernamental.

Las principales cadenas de supermercados y grandes superficies del país también han acordado por su parte unas medidas de ahorro de energía “comunes y concretas”. En una reunión de las federaciones comerciantes celebrada el martes, dieron el visto bueno a un protocolo que propone apagar los carteles luminosos a partir de la hora de cierre del local, sistematizar la bajada de intensidad luminosa antes de la llegada del público y disminuir puntualmente la iluminación de la superficie de venta, siempre que sea posible. También se comprometen a bajar la temperatura ambiente en los puntos de venta o a cerrar las puertas exteriores de los comercios si estos están climatizados (pese o no sobre ellos, como en París, una amenaza de multa), según explicaron en un comunicado.

“Todos debemos actuar juntos de manera responsable y ciudadana”, afirmó Thierry Cotillard, presidente de Perifem, la federación de los actores de la distribución. El protocolo acordado tiene como fecha de lanzamiento el 15 de octubre, pero algunas de las grandes marcas que se han comprometido con las medidas, como Decathlon, Ikea, Fnac o Leroy Merlin, aseguran que ya han comenzado a implementar algunas de las propuestas.

El Gobierno, mientras tanto, sigue celebrando reuniones de “sobriedad energética” con diversos sectores económicos —desde los comercios a las empresas digitales o la construcción— para analizar hasta septiembre sendas “hojas de ruta” sectoriales de ahorro energético. La coordinadora de estos encuentros, la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, también ha anunciado un decreto para limitar los horarios de encendido de los rótulos y publicidad luminosa. Salvo que ese decreto, que ordena el apagado de esa iluminación entre la 1 y las 6 de la mañana, ya existe desde hace una década. Aunque casi nadie lo cumpla.

Y ahí está el principal peligro de esta acción masiva de “sobriedad energética” del Gobierno, advierten algunos expertos: que haya mucho anuncio, pero poco seguimiento y verificación de resultados, o incluso un duplicado de normativas, como las de los rótulos, en vez de asegurar su cumplimiento o mejora, como ampliar los horarios de apagado de iluminación publicitaria.

“Todo el mundo puede hacer anuncios”, dice por teléfono Anne-Marie Ducroux, portavoz de la Asociación nacional para la protección del cielo y el medioambiente nocturno (Anpcen, por sus siglas en francés). “Pero lo que cuenta es que haya un seguimiento, que se midan los resultados y se comuniquen públicamente, es decir, la gobernanza del compromiso, que es tan importante como el compromiso en sí. A nosotros lo que nos interesa al final no es el anuncio, sino los resultados”, recuerda. Y para ello, continúa, se requiere de un “plan de acción” del que, por el momento al menos, no se ha hablado.

Alemania, ante el fantasma del estallido social

La sombra de la crisis planea sobre Alemania. Y uno es una crisis cualquiera: es un ataque que amenaza el bienestar de la población. Tras salvar al gigante comercializador de gas Uniper, el Gobierno de Olaf Scholz se vio obligado a enviar una “noticia amarga” a la ciudadanía: una carga extra de varios cientos de euros anuales a partir del 1 de octubre y que podría llegar a unos 1.000 euros para una familia de cuatro personas en un país en el que la mitad de los hogares tiene calefacción a gas, informa Enrique Müller.

El anuncio de que los precios de la energía seguirán subiendo, irremediablemente, ha llevado al presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), Marcel Frazscher, a advertir sobre un inminente estallido social en el país más poblado de la UE: “La repercusión de los costes reales a los clientes debe ir necesariamente acompañada de un tercer paquete de ayudas para las personas con ingresos medios y bajos; de lo contrario, conducirá a un desastre social”. Fratzscher sugirió un aumento inmediato de 100 euros por persona en las prestaciones sociales por persona y mes, con foco en todos los hogares con ingresos inferiores a 40.000 euros anuales.