Los gobiernos europeos llaman a reducir el consumo de energía: “Si muchos lo hacen, puede marcar la diferencia”

Europa empieza a tomar conciencia de lo que se le viene encima en invierno si Rusia consuma sus amenazas y cierra el grifo del gas. Aunque con un mayor decalaje de lo que querrían las organizaciones ambientalistas y un buen número de especialistas en energía, los tres mayores países del euro —Alemania, Francia e Italia— ya han movido ficha para acelerar el llenado de los depósitos de gas y tratar de esquivar el precipicio. Retórica al margen, España va con retraso respecto a sus principales socios comunitarios:

Alemania: riesgo mayúsculo, demora en la acción

Alemania, el principal consumidor de gas de la Unión Europea, hace semanas que le ve las orejas al lobo. En junio decretó la segunda fase de nivel de alerta y ya está solo a un escalón del nivel de emergencia, que permite imponer restricciones al consumo. Los hogares serían los últimos en sufrir el racionamiento; antes se pararían industrias no vitales para el país. Berlín ha puesto en marcha varias medidas de ahorro de gas, como sacar de la jubilación viejas centrales de carbón que se mantenían en reserva y producir con ellas electricidad. La prioridad del Gobierno es usar el gas disponible para llenar los depósitos antes del invierno, cuando las calefacciones —la mitad de los hogares alemanes se calientan con gas— disparen la demanda.

Berlín contiene la respiración estos días por el cierre por tareas de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1, actualmente la principal vía de entrada del hidrocarburo. Los trabajos, que en teoría terminan el día 21, podrían ser la excusa perfecta para que Vladímir Putin decida usar su arma más poderosa contra las economías occidentales y corte del todo un suministro que ya había reducido al 40% desde mediados de junio. El llenado de las reservas, que están al 64,5%, lleva un par de días estancado.

Por ahora, el Ejecutivo de coalición (socialdemócratas, verdes y liberales) da consejos de ahorro a empresas y particulares, pero sin imponer medidas coercitivas. Aunque el ministro de Economía y Clima, el verde Robert Habeck, no lo ha descartado. El Gobierno alemán puso en marcha el mes pasado una omnipresente campaña de concienciación para pedir a los ciudadanos que reduzcan su consumo. Los mensajes apelan a la necesidad de limitar la dependencia de Rusia y dan consejos sobre cómo ser más eficientes en el uso del gas y la electricidad en las oficinas y los hogares. “Descongelar periódicamente el congelador, cambiar el cabezal de la ducha o instalar LED para iluminar las oficinas reduce el consumo. Y si muchas personas lo hacen, realmente puede marcar la diferencia”, dijo Habeck durante la presentación de la campaña, que incluye anuncios en espacios públicos, Internet y redes sociales.

Las asociaciones ambientales han criticado al Gobierno por tardar demasiado en poner el foco en la eficiencia energética mientras aprobaba subsidios a los combustibles fósiles, un empeño de los liberales que forman parte del Ejecutivo tripartito que encabeza el socialdemócrata Olaf Scholz. En muchos edificios oficiales ya se está dando ejemplo. En el ministerio de Habeck, por ejemplo, el aire acondicionado solo se enciende al superar los 26 grados, cuando antes lo hacía a los 22.

Francia: el parón nuclear apremia

Los largos meses de campaña electoral en Francia mitigaron los mensajes de alarma ante una potencial precariedad energética de cara al invierno que sí han sonado con fuerza en otros vecinos europeos. La emergencia, política y electoral, era contener la inflación y preservar el poder adquisitivo. Pasados los comicios, las voces empiezan a sonar de forma apremiante. En su primer discurso ante la Asamblea Nacional, a comienzos de mes, la primera ministra, Élisabeth Borne, advirtió ya de que si Moscú corta el grifo del gas a Europa, aunque Francia sea menos dependiente que sus vecinos, sentirá también sus efectos. Sobre todo ahora que la eléctrica EDF, que el Gobierno quiere renacionalizar, ha reducido en varias ocasiones sus objetivos de producción por problemas en varios de sus reactores nucleares. “No podemos creer o hacer creer que nos libraremos de las decisiones unilaterales de Rusia”, dijo a los diputados.

Esta semana su jefe, el presidente Emmanuel Macron, subió el tono y la urgencia al anunciar, en una entrevista televisada, que Francia también tiene que preparar un “plan de sobriedad energética” para consumir menos a todos los niveles: desde la administración pública a empresas privadas y los propios ciudadanos. Según Macron, Rusia usa el gas como un “arma de guerra” y, por eso, “tenemos que prepararnos para un escenario en el que todos vivamos totalmente sin gas ruso”. Hay que “entrar colectivamente en una lógica de sobriedad”, insistió.

Los mensajes oficiales se unen al llamamiento conjunto —e inusual— para mejorar la “eficiencia energética y cazar el despilfarro nacional” que hicieron a finales de junio los directivos de las tres principales empresas energéticas del país: Engie, EDF y TotalEnergies. “Llamamos a una toma de conciencia y a una acción colectiva e individual para que cada uno de nosotros —cada consumidor, cada empresa— cambie sus comportamientos y limite inmediatamente su consumo energético, eléctrico, gasístico y petrolero (…) Cada gesto cuenta”, dijeron Catherine MacGregor (Engie), Jean-Bernard Lévy (EDF) y Patrick Pouyanné (Total) en una tribuna publicada en el dominical Journal du Dimanche.

Una primera propuesta de “esfuerzo ciudadano” ya había sido lanzada, aunque tímidamente, en marzo: MacGregor propuso bajar un grado la temperatura del termostato de las casas. “Es el equivalente a entre 12 y 15 buques de metano que llegaran a Francia”, dijo de una medida que recibió el respaldo inmediato del ministro de Economía, Bruno Le Maire, pero que jamás se ha convertido en obligación. De hecho, no existe todavía un catálogo concreto de medidas inmediatas, aunque sí metas a cumplir: reducir el consumo de energía de Francia en 10% con respecto a 2019 en los próximos dos años y, a más largo plazo, acabar en el país con las energías fósiles antes de 2050.

Para buscar cómo cumplir estos objetivos, el Gobierno lleva semanas organizando grupos de trabajo sobre “sobriedad energética” con diversos sectores —pequeños comerciantes y artesanos, empresas o gran distribución, entre otros— para ver qué medidas se pueden tomar y cómo mejorar el cumplimiento de normas, como las del alumbrado público limitado.

A falta de gestos individuales concretos, la primera ministra Borne ya adelantó algunas medidas oficiales a medio y largo plazo que, sin embargo, serán primordiales para ahorrar energía y, también, acelerar la necesaria transición hacia unos modelos más ecológicos. Francia ampliará el plan de renovación de viviendas denominadas “coladeros térmicos” por su mal aislamiento a 700.000 casas anuales, impulsará el tren como transporte limpio y alentará el uso de vehículos de emisiones cero con la implementación —aún sin fecha— de un “sistema de alquiler de larga duración a menos de cien euros mensuales” de este tipo de coches limpios. Por su parte, Macron adelantó la presentación, este mismo verano, de una “ley de urgencia para reducir los retrasos” de hasta 10 años en la planificación de parques eólicos o plantas solares. “Tenemos que ir mucho más rápido”, insistió.

Italia; la primera en apelar a la eficiencia

Italia se prepara para un otoño complicado debido a las posibles restricciones energéticas por cortes de suministro del gas procedente de Rusia. El gobierno de Mario Draghi fue uno de los primeros en Europa en proponer medidas de ahorro. De hecho, el propio primer ministro instó a los ciudadanos a elegir entre una temperatura confortable o armar a Vladímir Putin en su guerra contra Ucrania. Además, su ejecutivo puso en marcha la conocida como Operación termostato, una norma que regula la temperatura del aire acondicionado de los edificios públicos del país.

Desde mayo no se puede bajar de 27 grados. Por el contrario, en invierno, la calefacción no podrá tener una temperatura superior a los 19 grados. Eso afecta a escuelas, institutos, universidades, ayuntamientos, centros cívicos u oficinas públicas, entre otros, con la única excepción de los hospitales. El Ejecutivo prevé ahorrar con este plan entre 2.000 y 4.000 millones de metros cúbicos de gas.