El Gobierno no concreta los detalles del impuesto en su reunión con las energéticas

Las primeras reuniones entre el Gobierno y las empresas energéticas se saldaron este jueves con muy pocos detalles sobre el impuesto anunciado el martes. La reunión matutina entre la vicepresidenta tercera y ministra de para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y las patronales gasista (Sedigas) y eléctrica (Aelec) concluyó sin ninguna concreción sobre el diseño y la operativa del tributo. En el encuentro de la tarde, con la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), ni siquiera se ha tratado la cuestión fiscal: fue prácticamente un monográfico sobre los planes que llevará España al próximo consejo de ministros de Energía que se celebrará el próximo día 26 en Bruselas para tratar de amarrar un plan conjunto que permita asegurar el suministro el próximo invierno.

“En la reunión solo se ha hablado del plan de contingencia”, explica una persona al tanto del encuentro entre los representantes del Ministerio y las petroleras. En ella, Ribera invitó tanto a las firmas petroleras —como ya había hecho por la mañana con las eléctricas y las gasistas— a hacer propuestas en dos temas de máxima actualidad: ahorro energético y sustitución de la mayor cantidad posible de gas a través de la electrificación.

Tras los reproches vertidos el miércoles por la AOP (Endesa, Iberdrola y EDP, entre otras), que afirmó que no se podía “hablar de beneficios extraordinarios” y que en el negocio del crudo y los carburantes “los márgenes son cíclicos y no hay que olvidar las pérdidas que se produjeron en 2020 de miles de millones de euros entre las compañías que operan en el país”, este jueves ha llegado el turno de críticas Sedigas. Tras concluir la reunión con Ribera, la asociación que representa los intereses de las empresas gasistas emitió un comunicado en el que afirmaba no entender “el funcionamiento y el impacto del impuesto que plantea el Gobierno” con la información disponible ni “qué cálculo se va a empresa, cuál va a ser la base imponible o qué tipo de gravamen” será.

“La prudencia, por desconocimiento, nos impide poder hacer una evaluación del impacto que tendrá en nuestro sector este nuevo impuesto, pero entendemos que cualquier incertidumbre tiene efectos sobre los planes de inversión de las compañías y afecta negativamente a su operativa y a sus perspectivas de creación de empleo y crecimiento”, se ha despachado Sedigas. “No parece la medida más sensata”, concluía al tiempo que cargaba contra la —a su juicio— retórica beligerante del Ejecutivo.

El plan del Gobierno —anunciado el martes por el presidente, Pedro Sánchez, en los primeros compases de la sesión de control en el Congreso— pasa por recaudar alrededor de 2.000 millones de euros al año, tanto en 2023 como en 2024, gravando los “beneficios extraordinarios” de las empresas del sector energético: petroleras, gasistas y eléctricas. Según concretaron después desde el Ministerio de Hacienda, el gravamen —muy probablemente inspirado en el italiano, que aplica un recargo del 25% sobre el aumento de beneficios desde el inicio de la crisis energética— únicamente se aplicará sobre las compañías que facturen 1.000 millones de euros anuales o más.