Estas son las mayores multas a empresas españolas por repartirse los contratos y manipular precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos. Se trata de la mayor multa de la historia desde que existe este organismo pero, desde luego, no la única para evitar que los grandes cárteles se repartan ilícitamente el mercado.

Hasta la de ayer, la mayor sanción de la historia por parte del organismo regulador del mercado correspondió al sector del automóvil. En julio de 2015, Competencia multó con 171 millones de euros a 21 empresas de automoción, que acaparaban el 91% de la distribución del sector en España. Casi todas las marcas de coches que se venden en España cargaron con parte de la multa millonaria, salvo Seat y Volkswagen por actuar como delatoras. El expediente se produjo por compartir información sensible desde 2006 y hasta 2013, para evitar aplicar estrategias agresivas o descuentos para captar compradores.

La tercera mayor sanción fue impuesta en marzo de 2019, cuando la CNMC sancionó a 15 empresas con 119,1 millones de euros por repartirse contratos de Adif valorados en más de 1.000 millones durante 14 años. Entre las sancionadas están ACS, OHLA y Sacyr, que también aparecen en el expediente anunciado ayer. Estas empresas fueron Elecnor, Siemens, Alstom, Indra, Isolux, cuatro filiales de ACS (Cobra, Cymi, Semi y Electrén), una filial de OHL (Eym), otra de Sacyr (Neopul) y una de Abengoa (Inabensa).

En 2016, la multa de mayor cuantía correspondió a los fabricantes de absorbentes para la incontinencia urinaria en adultos (AIO), por un valor total de 127,8 millones de euros, incluyendo sanciones personales a los principales directivos implicados. Este cártel duró desde diciembre desde 1996 hasta al menos enero de 2014 y fijó el precio de venta de los pañales para adultos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

En enero de 2015, la CNMC impuso una multa de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones sectoriales del sector de la gestión de residuos y demás actividades de saneamiento urbano como limpieza, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas entre 2000 y 2013. Entre las multadas estaban ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr.

Cuatro de los principales bancos españoles (CaixaBank, BBVA, Santander y Banco Sabadell) fueron sancionados en febrero de 2018 con 91 millones de euros en total por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en “condiciones de mercado”.

En julio de 2019, se sancionó con 80,6 millones de euros a ocho empresas lácteas y dos asociaciones por prácticas anticompetitivas en detrimento de los intereses de los ganaderos. Entre las sancionadas estaban firmas conocidas como Capsa, Danone o Nestlé.

Mediaset y Atresmedia recibían una multa de 77,1 millones de euros por prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad en televisión en noviembre de 2019.

Renfe y Deutsche Bahn eran sancionadas en 2017 con 75,6 millones de euros por entorpecer la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril (75,6 millones). Aunque no fue, ni de lejos, la mayor multa sí se trató de la sanción mayor a una sola empresa, ya que Renfe debe afrontar 65 millones del total.

La CNMC sancionó en marzo de 2018 a nueve empresas de mensajería y paquetería, entre ellas Correos, con una multa de 68 millones de euros por crear un gran cártel para repartirse los clientes empresariales. También desmanteló en 2019 un cártel de 19 empresas de montajes y mantenimientos industriales, como Duro Felguera, ACSA y Atrian, a las cuales multó con 54,2 millones de euros. Este cártel fue creado para encarecer los servicios prestados, fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.

En noviembre de 2017, el regulador desmanteló cinco cárteles integrados por 11 empresas y una asociación empresarial que fabricaban y distribuían cables eléctricos por amañar precios y repartirse proyectos, y les impuso una multa de 44,8 millones de euros.