El Tribunal de Cuentas alerta sobre los impagos de los préstamos avalados por el ICO

El Tribunal de Cuentas se suma a las voces de alarma sobre los préstamos otorgados con garantía estatal: cree que el impago de los créditos respaldados en 2020 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con las consecuentes ejecuciones de los avales, ganarán “relevancia” este año. El organismo fiscalizador del sector público llega a esta conclusión en un informe, que acaba de publicar, sobre el otorgamiento de avales públicos para hacer frente a la pandemia, en el que también detecta errores, incongruencias y deficiencias en los procesos de concesión.

“Los plazos generales de carencia de dos años en las operaciones de 2020 hacen previsible que el comienzo de la relevancia de las posibles situaciones de impago y ejecución de los avales por estas operaciones se empiecen a manifestar a partir del año 2022″, detalla el informe, que saca sus conclusiones a la luz de datos recientes: hasta octubre de 2021 se había solicitado ejecutar el aval de 5.846 operaciones formalizadas por 5.082 clientes.

Sobre esta posible bomba de relojería ya viene avisando el Banco de España. El organismo ha alertado de que el horizonte se ha oscurecido por los nubarrones que han traído la guerra en Ucrania y la crisis energética, con todas sus derivadas ―de la inflación disparada a la subida de las tasas de interés―, y ha elevado hasta los 23.000 millones los créditos avalados por el ICO dudosos o bajo vigilancia especial. “Se observa un cierto deterioro de su calidad crediticia durante los últimos trimestres”, advirtió hace dos semanas el gobernador del banco, Pablo Hernández de Cos. “Debe tenerse en cuenta que una parte significativa de estos préstamos todavía disfruta de un período de carencia, que finalizará alrededor del verano de este año”, añadió

En 2020 ―el periodo fiscalizado por la entidad―, el ICO otorgó casi 90.000 millones en avales a través de sus líneas Liquidez, Inversión y Arrendamiento. La primera de ellas se liberó en su totalidad (100.000 millones), y a cierre del ejercicio ya se habían usado 86.694 millones; en la segunda se liberaron avales por un 30% del total (de 40.000 millones), pero solo se había empleado un 13% a 31 de diciembre de 2020. Las dos líneas sumaron 953.782 operaciones, el 98% de pymes y autónomos y el 2% de grandes empresas, aunque la financiación que obtuvieron estas últimas alcanzó casi el 30% del total. En la línea de arrendamiento se habilitaron los 1.200 millones previstos, pero se usó apenas el 2%: 25 millones avalados de 6.914 arrendatarios.

Limitaciones

El Tribunal de Cuentas ha detectado varias deficiencias, errores e incongruencias en el otorgamiento de los avales ICO en 2020, vinculados a aspectos como la transparencia, la seguridad y el funcionamiento de Banc@ico, una aplicación preexistente empleada para gestionar y conceder las garantías, que la entidad fiscalizadora cuestiona tras haber detectado varios fallos. “Banc@ico fue diseñada para una utilización más generalista y tiene limitaciones para gestionar específicamente los avales fiscalizados”, señala.

En las líneas dedicadas a empresas y autónomos, hay incongruencias y errores en la clasificación del tipo de cliente (pyme o no pyme, sociedad o autónomo, etcétera), el inicio de la actividad, el valor de los fondos propios o la facturación. Por ejemplo, se detectaron 2.311 empresas beneficiarias que tenían registradas 13.687 operaciones como pyme y no pyme en el mismo ejercicio; 1.180 grandes empresas accedieron a los avales como pyme, mientras que 2.861 operaciones de 1.443 clientes acabaron clasificadas como no pymes cuando sí lo eran.

El informe también subraya que, a julio de 2021, el ICO aún no había comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones hasta 45.157 operaciones de 2020 que tenía la obligación de comunicar en virtud de la normativa sobre ayudas de Estado, y alerta de otros errores y datos “que carecen de sentido económico”, que pueden causar problemas legales en caso de ejecución del aval o en el control de las ayudas de Estado. El ICO, por su parte, alega que se decidió priorizar la agilidad en un momento en el que había que actuar con rapidez, y considera que “la posibilidad de revisar en el futuro los avales concedidos en las operaciones que se vayan incumpliendo puede permitir subsanar los errores y deficiencias detectados”.

Una factura de 28.810 millones para la Seguridad Social

El Tribunal de Cuentas también analiza, en otro informe publicado este lunes, el impacto que han tenido en 2020 las medidas anticovid sobre las arcas de la Seguridad Social. La factura ascendió a 28.810 millones, importe financiado por el Estado. El 66,7% de esta cifra (más de 19.200 millones) se destinó a ERTE y prestaciones por desempleo; más de 7.000 millones a prestaciones para autónomos, y 1.694 millones a trabajadores en situación de incapacidad temporal por la covid. El mayor coste (53,5%) lo soportó el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con 15.426 millones.

El coste medio por beneficiario de cada ayuda “se ajustó a criterios de razonabilidad económica”, señala la entidad, y la mayor cobertura se alcanzó con las prestaciones para autónomos, llegando al 26,5% del colectivo. Le siguen los ERTE (17,9%), mientras que las bonificaciones en las cuotas empresariales para el sector turístico llegaron a más de un 70% de sus beneficiarios potenciales.

En este caso, el organismo fiscalizador admite que no ha sido posible determinar si la cobertura y efectividad de las medidas analizadas han sido o no “el óptimo”, debido a que no hay “antecedentes similares con los que comparar”. Sin embargo, sí considera que “han contribuido a mitigar los efectos negativos de la pandemia en la respuesta del paro y la afiliación de empresas y trabajadores autónomos”.