Qué bien, la banca se inquieta

La banca es una institución clave para que funcione la economía: el riego del crédito es vital. Incluso, en ocasiones, venerable. Pero en España ha solido tratar a los consumidores como a cautivos indefensos.

Ha abusado de cláusulas opacas. De contratos de adhesión. De prepotencia. Y se ha mofado de los clientes viejetes porque no sabían usar los cajeros o las aplicaciones informáticas de las entidades a las que estos confiaban sus ahorros.

Un paladín de estas prácticas deleznables ha sido el recién finiquitado presidente de la patronal AEB, José María Roldán. Se ha despedido a tono con su trayectoria, lanzando invectivas oblicuas —como su colega de la CECA— contra el hermoso anteproyecto de ley de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, pergeñado por la vicepresidenta Nadia Calviño.

Hermoso texto, sí. Porque tras un largo decenio de autorregulación inane, códigos de conducta cosméticos y propaganda hueca de los gobernantes que los pusieron en marcha en 2012, llega la hora de la verdad.

En efecto, las decisiones del nuevo árbitro, el Defensor del Cliente, serán obligatorias y podrán acompañarse con fuertes multas. Y no optativas, como quiso y logró el muy olvidable legislador de 2012: o sea, sorteables por los saboteadores.

La tensión entre banqueros y clientes es máxima. El balance de Roldán en aliviarlo es patético. En 2020, las firmas financieras recibieron 32.564 reclamaciones por asuntos de hipotecas y tarjetas. Dos tercios los examinó el Banco de España. El resto fue visto por la CNMV y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El Banco de España dictaminó contra la banca en el 67% de las 21.320 demandas que se le sometieron. Y de las 123.938 que fueron objeto de sentencia en 2021, los jueces ampararon a los clientes en el 97,8% de los asuntos, como ha subrayado aquí Andreu Missé (EL PAÍS, 28 de marzo). ¿Regulación o cueva de Alí Babá?

Veamos la síntesis de los resultados de uno de sus mecanismos principales, el Código de Buenas Prácticas (Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, enmendado luego varias veces), ideado para aparentar que el Gobierno conservador y la banca aliviaban la presión de los desahucios.

Su balance acumulado a 2020: de las 125.927 solicitudes tramitadas, se realizaron solo 60.194 operaciones. En menos de la mitad del total se reestructuró la deuda. Y el instrumento más favorable y definitivo para el deudor vulnerable, la dación en pago, solo se utilizó en 8.207 ocasiones: ¡un mero 6,5% del total! En los arbitrajes de preferentes y cláusulas suelo, la merienda de negros fue similar. Si conviene volver al asunto, habrá que ir a más detalle. Para llorar o para desternillarse de risa.

Por suerte, el anteproyecto de este Gobierno prevé multas para las entidades incumplidoras de hasta el 5% de su facturación. Igual quien ríe último, ríe mejor.