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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel al ‘magnate del acero’ por un supuesto fraude en la compra de un edificio

El ministerio público atribuye a Aristrain, absuelto en enero en otro juicio, más operaciones irregulares

J. J. Gálvez
En marzo de 1998, José María Aristrain, a la derecha, saluda al entonces presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, tras cerrar un acuerdo empresarial. Es una de las pocas imágenes públicas del 'magnate del acero'.
En marzo de 1998, José María Aristrain, a la derecha, saluda al entonces presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, tras cerrar un acuerdo empresarial. Es una de las pocas imágenes públicas del 'magnate del acero'.Barrenechea

El industrial vasco José María Aristrain, el magnate del acero, afronta una nueva batalla en los tribunales. La Fiscalía de Madrid pide que se condene a cuatro años de cárcel al empresario, que resultó absuelto el 11 de enero en un juicio por un millonario fraude fiscal, por “adquirir a su nombre una vivienda de casi 2.000 metros cuadrados, propiedad de una mercantil de la que era administrador único, con objeto de eludir el pago del IVA y que no se la embargaran”. Según ha detallado el ministerio público, le imputa un delito de “frustración de la ejecución”, además de reclamar que se declare nula la venta “fraudulenta”.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que Aristrain creó Pioninin S. L. en julio de 1998. El industrial constaba como administrador único y poseía el 99% de las participaciones de esta sociedad, con domicilio en el número 12 de la madrileña calle Zurbano y que tenía como objeto “la compraventa” de terrenos y fincas. A través de ella, se adquirió “el inmueble del número 14 de la misma vía: una vivienda unifamiliar de 1.969 metros cuadrados, “que constituyó su única partida de activo”.

Según prosigue la acusación, tras sucesivos aumentos de capital, la Corporación J. M. Aristrain S. L. pasó a ostentar el 100% de las participaciones. Entonces, entre 2005 y 2012, se acometieron sucesivas obras en la vivienda del número 14, lo que provocó una inspección de Hacienda, que “comprobó que no era deducible el IVA soportado de las facturas recibidas por el obligado tributario, Pioninin “. La Fiscalía añade que se “descubrió una cuota no declarada por importe de 661.296,24 euros —540.573,38 euros corresponden a cuota y 120.722,86 euros a intereses—”.

José María Aristrain
José María Aristrain, en silla de ruedas y de espaldas, ante la Audiencia Provincial de Madrid, en 2019.Europa Press

“Posteriormente, el 18 de diciembre de 2012, ante la previsión de la ejecución tributaria”, remacha el ministerio público, “Aristrain, como administrador único de Pioninin, compareció en una notaría para otorgar un poder especial a otro acusado, Dámaso Quintana, [para quien el fiscal también solicita cuatro años de prisión], con el objetivo de hacer infructuosa dicha ejecución”. “Además, en el mismo acto, se le entregó una escritura de compraventa en virtud de la cual Aristrain adquirió la finca de Zurbano 14, que le transmite Pioninin por un precio de 5.500.000 euros, más otros 220.000 euros de IVA”. Pero el pago de dicha operación se aplazó “íntegramente” por un plazo de cinco años: “Sin ninguna garantía, ni requisito adicional, ni elevarse a inscripción registral, dejando con ello a la sociedad sin ningún activo”.

La tesis de Fiscalía, negada por el entorno del empresario vasco, concluye así: “La deuda tributaria dio lugar a que, tras las correspondientes acciones ejecutivas, se trabara el inmueble”. Y, cuando se iba a celebrar la pertinente subasta, el acusado maniobró para “frustrar la ejecución”.

El primer juicio

El magnate ya salió victorioso de su primera batalla contra el ministerio público y Hacienda. La Audiencia de Madrid lo exculpó en enero de la acusación de fraude fiscal por fingir supuestamente que vivía en Suiza para no pagar impuestos. La Fiscalía llegó a pedir que se condenara al empresario a 64 años de cárcel —rebajada a 40 años durante el juicio— y una multa de 1.190 millones de euros. Como ha avanzado EL PAÍS este lunes, el tribunal ya le ha levantado el embargo por aquel proceso, donde se le fijó una fianza de 750 millones de euros. La acusación anunció que recurrirá este fallo absolutorio.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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