La otra guerra de Aristrain, el ‘magnate del acero’

El empresario, inmerso en pleno juicio, logra que se sancione a la abogada de su antiguo hombre de “confianza”, al que denunció por administración desleal

La sede del Colegio de Abogados de Madrid, en una imagen de archivo.
La sede del Colegio de Abogados de Madrid, en una imagen de archivo.

A José María Aristrain, una de las grandes fortunas del país, no le gustan los cabos sueltos. El empresario vasco, que se encuentra actualmente inmerso en un juicio millonario por supuesto fraude fiscal, mantiene abierta otra larga batalla contra dos excolaboradores. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el conocido como El magnate del acero ha logrado que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sancione a la letrada María Dolores Márquez de Prado por asumir la defensa de uno de sus antiguos hombres de “confianza”, Dámaso Quintana, a quien impulsó al frente de algunas de sus sociedades y contra quien Aristrain presentó en 2018 una querella por administración desleal.

El Colegio de Abogados ha concluido que la letrada infringió el código deontológico al cambiar de bando. La junta de Gobierno de la ICAM afirma que Márquez de Prado “aceptó” originalmente la defensa de Aristrain en su causa por defraudar supuestamente a Hacienda —lo que le ha llevado al banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, donde la Fiscalía ha llegado a pedir 64 años de cárcel para él—; pero “posteriormente”, tras dejar el caso, asumió la representación de Quintana en su batalla personal contra el magnate. Actuando, por tanto, “en contra de los intereses” del empresario, según expone el órgano colegial en una resolución fechada el pasado 6 de septiembre.

Aristrain, que denunció en 2018 a Quintana por administración desleal y otros delitos, presentó en 2019 una queja ante el ICAM. El Colegio abrió entonces un expediente, que resuelve ahora con una sanción a Márquez de Prado de un mes de suspensión para el ejercicio de la profesión. Entre otros preceptos, el dictamen recuerda el artículo del código deontológico que establece que un letrado “no podrá aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente cuando exista riesgo de que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser violado, o que de ellas pudiera resultar beneficio para el nuevo cliente”.

El empresario denuncia en su queja que la letrada usó a favor de Quintana datos que había obtenido cuando estudió su caso —por lo que llegó a pasarle incluso una minuta, según fuentes del entorno del industrial vasco—. Sin embargo, Márquez de Prado rechaza todas las acusaciones: “[Aristrain] es una persona a la que conocí junto a varios miembros de su familia y a quienes mi marido, Javier Gómez de Liaño, y yo dimos algunos consejos y opiniones en relación con sus problemas con Hacienda y con el ministerio fiscal”, expone la abogada en un recurso presentado contra la sanción ante el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid.

Márquez de Prado, antigua fiscal de la Audiencia Nacional y que comparte despacho con el exjuez Javier Gómez de Liaño, defiende que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las “garantías de defensa”. Mantiene que no se practicaron todas las pruebas que propuso para demostrar que, según su versión, ella nunca llegó a asumir la defensa de Aristrain en su causa contra la Hacienda Pública; y asegura que la junta de gobierno de la ICAM carece de “imparcialidad objetiva”, y que uno de sus miembros participó en un litigio previo contra el bufete de la sancionada. “La incoación del expediente disciplinario al que me he visto sometida durante casi dos años, merced a una denuncia del señor Aristrain, lo único que ha pretendido —y lo ha hecho con el auxilio de otros— es apartarme del ejercicio legítimo de mi profesión”, remacha en sus alegaciones.

El relato de la abogada choca, en cambio, con la tesis expuesta por el magnate y que da por buena el Colegio de Abogados, que considera que se presentaron suficientes “pruebas de cargo” para “enervar la presunción de inocencia”. Según Aristrain, “encomendó” a Márquez de Prado “la defensa de sus intereses” en su causa por fraude fiscal: “Trabajó junto a mi esposa con innumerable documentación relativa a mi persona durante 2013″, explicó en su queja. Hasta que la “relación profesional” terminó “al no tener la confianza y seguridad suficiente de que dicha letrada atendiera” su defensa. “Era conocedora de todas mis vicisitudes y circunstancias al haber conocido de primera mano todas mis circunstancias personales, intimas y familiares con ocasión de estudiar el asunto para mi defensa”, añade. Dámaso Quintana es familiar de la sancionada, según fuentes jurídicas.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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