Los expertos de Hacienda ponen la lupa sobre los criptoactivos

La comisión de expertos para la reforma fiscal que convocó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto la lupa sobre las criptomonedas. A falta de un mes para que presenten su informe definitivo, los académicos están estudiando el rediseño de la tributación de las monedas digitales como el bitcoin, según reconocen media docena de miembros del grupo.

La comisión de expertos que preside el catedrático Jesús Ruiz-Huerta está analizando las vías para que la fiscalidad sobre las compraventas de las criptodivisas, los NFT (token no fungibles, en sus siglas en inglés) y otros activos digitales sea más eficiente, afloren bases imponibles que escapan al control del fisco y adaptar la fiscalidad a las nuevas tendencias digitales.

El sistema fiscal español está diseñado para gravar operaciones tradicionales y los expertos buscan fórmulas para modernizar las figuras tributarias (IRPF, que grava las ganancias de capital y del ahorro; el impuesto de patrimonio o el IVA) y adaptarlas a los rápidos cambios en la forma de operar de este sector que utiliza una tecnología compleja tanto para la creación de criptoactivos (la minería o extracción mediante complejos procesos informáticos) como la comercialización y el uso de las divisas virtuales, según explican los expertos de Hacienda.

La fiscalidad de estos activos digitales es uno de los asuntos que más preocupa a la Agencia Tributaria. Desde 2017 incluye un programa específico en sus planes anuales de control tributario para tratar de evitar el fraude con estos activos de los que no siempre es fácil identificar a los titulares. Muchas de las plataformas para comprar o vender bitcoin, ethereum, dogecoin y otros criptoactivos están situadas en otros países. Binance opera desde China; Crypto.com, desde Hong Kong; y Coinbase desde Estados Unidos. Pero hay más plataformas radicadas en jurisdicciones menos transparentes.

Aunque España tiene numerosos acuerdos de intercambio de información —suscribió el acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) con Estados Unidos y el CRS (Common Reporting Standard) en el ámbito de la OCDE— por el que recopila datos bancarios de miles de cuentas corrientes y operaciones financieras en otros países, aún quedan muchas zonas oscuras que permiten a algunos contribuyentes aprovechar el anonimato para eludir el pago de las ganancias obtenidas con la compraventa de criptomonedas. Hay incluso plataformas extranjeras de inversión en criptomonedas que permiten traspasar las ganancias a una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta en otro país, lo que dificulta el rastreo de los beneficios obtenidos con las criptomonedas, según explica un inversor que prefiere mantenerse en el anonimato.

Los expertos de Hacienda, que se han comprometido a mantener en secreto sus deliberaciones, están analizando esta situación y proponiendo cuál debería ser la fórmula más eficaz para gravar estos criptoactivos. “Estamos en Europa y habrá que seguir las directrices comunitarias en este sentido”, sentencia uno de ellos.

La comisión de especialistas en derecho tributario y economistas reunida por Hacienda se basa en el último trabajo de la OCDE sobre este asunto, titulado Impuestos a las monedas virtuales, una descripción general de los tratamientos fiscales y cuestiones emergentes de política fiscal. También están revisando la experiencia comparada en otros países. Entre otras cosas, plantean la posibilidad de proporcionar un tratamiento fiscal simplificado para los pequeños inversores, según figura en el informe de la OCDE, el organismo multilateral formado por las economías más ricas del mundo. Esta institución, con sede en París, está pilotando la mayor revolución tributaria a nivel global para que las multinacionales tributen allí donde hacen negocio y no donde les resulte más barato.

Control informativo

Los expertos recuerdan que hay mecanismos para incentivar a los contribuyentes a declarar sus inversiones en criptoactivos. Recuerdan que ya existe la obligación de confesar cada año a Hacienda los activos en el exterior valorados en más de 50.000 euros a través del controvertido modelo informativo 720 de la Agencia Tributaria, que conlleva duras multas en caso de incumplimiento. Explican, además, que el fisco ya está reuniendo información a través de los convenios de intercambio de información. Y precisan que la Agencia ya avisa a algunos contribuyentes cuando detecta que “ha mantenido flujos de fondos con operadores de criptomonedas”. Además, la OCDE prevé reforzar este año los protocolos de intercambio de información para aflorar las operaciones con estos activos digitales.

Los expertos de Hacienda admiten que el informe de la OCDE no contiene recomendaciones específicas, pero sí plantea algunas nociones para proporcionar una serie de ideas generales que los responsables políticos pueden considerar en la tributación de las monedas virtuales. “Las modificaciones a las normativas existentes, o incluso la regulación específica para estos activos, pueden ser útiles para garantizar que el marco legislativo también sea claro”, señala el organismo.

El Gobierno aprobó recientemente la ley de lucha contra el fraude con algunas medidas para controlar las criptomonedas. El problema es que ponía el foco solamente en las operaciones realizadas a través de plataformas españolas o que tengan sede en España.

Una reforma fiscal limitada por el contexto político

La comisión de expertos para la reforma fiscal apenas dispone de un mes para ultimar el informe que tiene que entregar a la ministra de Hacienda antes de finales de febrero. Las tensiones afloran en las últimas semanas conforme se acerca la fecha límite. Dos miembros de este grupo han renunciado por diferencias en el modo de afrontar el trabajo sin concretar más detalles en público. Seis de los académicos con los que ha hablado EL PAÍS reconocen que el debate se está desarrollando con total normalidad. Explican que el informe no contendrá propuestas concretas, sino que será más bien “un menú” de opciones para que los responsables políticos adopten la decisión final.

El debate nace condicionado por el contexto político. El Gobierno ya ha aprobado la tasa Google, la tasa Tobin, ha subido el IRPF a las rentas más altas y ha aprobado un impuesto mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. “No somos ingenuos. Sabemos en el contexto en que nos movemos. El Gobierno tiene todo el derecho a tomar las decisiones que crea conveniente y ya lo sabíamos cuando nos incorporamos a la comisión”, dice uno de los miembros.

Lo cierto es que el margen de actuación es más limitado. No obstante, la gran piedra angular del informe será la armonización de los impuestos autonómicos (sucesiones, donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales e incluso el tramo autonómico del IRPF). Hacienda ya ha dejado entrever que quiere limitar la competencia fiscal a la baja para evitar casos como el de la Comunidad de Madrid, donde no se paga el impuesto de patrimonio. Ahí las opciones serán varias. La decisión será clave para otra de las reformas pendientes: la de la financiación autonómica.