¿Cómo impactan las políticas de gasto del Estado en la igualdad de género?

Los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, PGE) son el principal instrumento de la política económica de cualquier gobierno. En el caso del Gobierno de España, en 2021, esta “caja de herramientas” cuenta con un volumen de gasto para instrumentalizar las políticas que supera los 416 mil millones de euros[1]. De este modo, se establecen prioridades de unas acciones sobre otras para perseguir o apoyar diferentes políticas tanto en materia de bienestar social como económico o ambiental.

Más allá de las acciones que puedan concretarse en materia de género específicamente, como por ejemplo ayudas a mujeres víctimas de malos tratos, el presupuesto en su conjunto no es neutral y sus acciones, aunque en materias teóricamente alejadas de las políticas de género, pueden estar contribuyendo o dificultando la igualdad entre hombres y mujeres.

Debido a ello, desde hace ya más de una década, aunque con importantes modificaciones por el camino, los PGE recogen en el Informe de Impacto de Género que los acompaña, el impacto de cada uno de sus gastos (políticas) en la lucha contra la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

El trabajo realizado parte de un diagnóstico de la situación actual, elaborado bajo el epígrafe de “Realidad” en ocho campos clave: empleo, educación, salud, conciliación y corresponsabilidad, ciencia y tecnología, delito y violencia y, poder y toma de decisiones, poniéndose de manifiesto la situación de desigualdad de las mujeres respecto a los hombres en cuestiones que van más allá del propio mercado laboral.

También incluye, bajo el apartado de “Representación” la situación de la mujer en el propio Sector Público español. Como indicador central se utiliza el índice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM), completado con las variables como salarios, niveles administrativos, tipo de contrato, tipo de administración, etc. De este capítulo se deriva que, al contrario que en el sector privado, un cumplimiento del rango de equilibrio para todo el Sector Público en general, con una moderada presencia mayoritaria de mujeres.

Por lo que respecta al epígrafe de “Recursos-Resultados” es donde se concentra el análisis del impacto de género de cada una de las políticas. Han sido analizados 234 programas (el 80% del total que integran el Proyecto de PGE 2021) en términos de pertinencia de género, distinguiendo en cuatro estratos según esta sea alta, media, baja o no se haya encontrado pertinencia.

La valoración global según esta clasificación ha resultado bastante positiva, de forma que, del 80% del presupuesto analizado, un 85% posee en mayor o menor grado pertinencia de género. Este elevado volumen de programas con pertinencia de género viene explicado por el esfuerzo realizado en los últimos años en la Administración General de Estado para incorporar en los programas de gasto criterios, actuaciones y medidas que fomenten la igualdad de género o eliminen posibles desigualdades, así como objetivos e indicadores específicos en materia de igualdad. Destaca igualmente que tan solo se han detectado un 15% de programas sin pertinencia de género.

Agrupando estos programas por políticas de gasto, la justicia ejerce un papel clave en la erradicación de la desigualdad por razón de género, y en especial, en la lucha contra la violencia de género. También se observa una alta pertinencia de género en la política de pensiones, en donde tradicionalmente las mujeres han recibido prestaciones más pequeñas por su menor participación en el mercado laboral, y ha sido necesario desplegar políticas específicas (por ejemplo, complementos a mínimos en las pensiones) En 2021, además, la expansión del Ingreso Mínimo Vital, también tendrá sus efectos sobre la igualdad, ya que en su diseño se han tenido en cuenta las diferencias establecidas por la dimensión de género.

Por lo que respecta al mercado de trabajo, dentro de las políticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, destacan por su pertinencia las desarrolladas para lograr la participación igualitaria entre hombres y mujeres, el incremento del apoyo al emprendimiento femenino, así como los esfuerzos en relación al desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas. Para esto último se trata de fomentar actuaciones para favorecer la diversidad de plantillas a través de una política de igualdad de oportunidades, incluyendo la promoción de mujeres en puestos directivos.

Estos buenos resultados que se desprenden del Informe, no nos pueden hacer olvidar en todo caso, que el presupuesto del Estado es una palanca más entre todas las que tenemos que accionar: presupuestos autonómicos y locales, desarrollo de normativa para el sector privado, promoción del tejido asociativo, etc., con el fin de que la eliminación de la brecha de género se produzca en el menor tiempo posible en nuestra sociedad.

[1] Presupuesto no financiero consolidado. Más, aquí: https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_21_E_A5.PDF