Cumplir la ley

Ya hay reforma laboral de la reforma laboral… o de las reformas laborales, porque si algo se ha intentado en España para arreglar los problemas del mercado de trabajo ha sido cambiar el Estatuto de los Trabajadores desde que se aprobó en 1980. Sin éxito. Ni los retoques (los ha habido por decenas) ni los cambios pactados (1997 o 2006) ni las grandes reformas sin acuerdo (1993 o 2012) han arreglado un problema enquistado desde los años setenta, que cristaliza en unos índices de paro sin parangón en el Atlántico Norte y una temporalidad/precariedad vergonzosa que facilita la destrucción o la creación de empleo compulsiva según el estado de la coyuntura económica.

El pacto alcanzado por los sindicatos, las patronales y el Gobierno es ambicioso… y costoso para sus firmantes. Se deduce tanto por lo que aborda como por lo que no. Seguro que los cambios en la negociación colectiva y temporalidad no le han salido gratis a Antonio Garamendi en la CEOE. Y no parece un plato de gusto para los sindicatos —ni para Yolanda Díaz ni para el PSOE— que la modificación de condiciones laborales, la flexibilidad interna, o el despido apenas se cambien.

No se habría entendido falta de ambición tras nueve meses de negociación y, más aún, con los fondos europeos para la recuperación en la sala de espera. Merece la pena el sacrificio de los agentes sociales. Hay que reconocérselo una vez más, y van bastantes en los casi dos años de pandemia. El acuerdo ya es en sí mismo una garantía, especialmente en negociación colectiva, pues convierte en cómplices de la norma a quienes la llevan a los convenios colectivos: sindicatos y empresarios.

Pero la ambición de las 45 páginas del texto reside, sobre todo, en el giro que da a la temporalidad al acabar con los contratos de obra o servicio (camino abierto por el Tribunal Supremo) o los límites al uso de eventuales. En los más de 40 años de vida del Estatuto de los Trabajadores, casi todas sus reformas buscaban acabar con las consecuencias nefastas de la primera, la de 1984, que descausalizó la contratación de eventuales e instauró una cultura de gestión de los recursos humanos perversa. Aunque en varias de esas reformas la intención enunciada en la exposición de motivos del texto legal apenas llegó al articulado (como en 2012), en otras sí que se ha intentado. El saldo es conocido: fracaso.

Una explicación inmediata a este resultado está en el abuso ilegal de la temporalidad. No hay un fraude de ley más extendido en España. Se cuenta por decenas de miles mes tras mes. Lo demuestran los tres planes de choque extraordinarios que la Inspección de Trabajo contra esta irregularidad.

A esta reforma laboral se la medirá, sobre todo, por su éxito o fracaso contra la alta temporalidad. Lo saben en el Ministerio de Trabajo, se intuye por el endurecimiento de los castigos. Pero ni la nueva regulación ni las multas por su incumplimiento cambiarán nada si no se empieza por cumplir la ley. “Perogrullada, obvio”, pensarán. Hasta ahora, no.