Cuatro décadas de reformas laborales

La legislación laboral española es como un tomo de física cuántica. Aunque los políticos, empresarios y trabajadores tienen claros los principios que regulan, la letra pequeña y los sucesivos cambios la han convertido en una amalgama de artículos repletos de excepciones, casuísticas diferentes, a veces ininteligibles, que solo entienden los juristas laborales. Quizá esa acumulación de remiendos contribuye a alimentar los males del mercado de trabajo español: aquejado de más paro que los países de nuestro entorno, más temporalidad y, en los últimos años, con una precariedad que se ha ido extendiendo por las empresas como un agujero negro en el espacio.

Por eso, el mercado laboral es uno de los asuntos que más ha preocupado a todos los Gobiernos desde la Transición. Desde el principio de la democracia ha sufrido casi medio centenar de retoques. Unos más cosméticos y otros más profundos. El acuerdo alcanzado el pasado jueves por el Gobierno, la patronal y los sindicatos constituye la primera reforma laboral de envergadura que se aprobará con consenso en más de cuatro décadas. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que en España se han aprobado cuatro grandes reformas. La de 1980, en la que salió adelante el Estatuto de los Trabajadores, que sigue siendo la columna vertebral de nuestro sistema laboral. Cuatro años después, en 1984, se introdujo la temporalidad en una reforma redactada por el Gobierno de Felipe González, que condicionó desde entonces las relaciones laborales. A principio de 1994, los socialistas aprobaron otro cambio que afectaba a los despidos, la movilidad y la negociación colectiva. Hubo que esperar casi dos décadas para la reforma laboral del PP. En 2012, solo dos meses después de alcanzar el poder, Mariano Rajoy aprobó una profunda reforma laboral, que facilitaba el despido y daba más poder a las empresas para negociar las condiciones laborales. Ninguna de estas grandes reformas se aprobaron con acuerdo de los agentes sociales. Hasta ahora, más de 40 años después de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores, cuando se ha logrado redactar un texto local en el que ha participado los sindicatos (CC OO y UGT), la patronal y el Gobierno, liderado por Yolanda Díaz. Como definen los líderes sindicales: “Por primera vez, una reforma laboral de calado no será para recortar, para precarizar el empleo, para abaratar el despido, sino que rema en la dirección contraria”.

Es verdad que hay otras reformas laborales, que también han recabado el apoyo de los agentes sociales, pero son de menor calado. La reforma de 1997 nació de una negociación bilateral entre empresarios y sindicatos que aprobó el Gobierno de Aznar, pero no intervino en la negociación hasta el final. La reforma de 2006 también, pero no entró en los aspectos fundamentales del mercado de trabajo. En general, la evolución del marco laboral español ha estado vinculado a crisis. Los Gobiernos han aprovechado los cambios para introducir conceptos como flexibilidad o temporalidad o abaratar el despido. En la mayoría de los casos se aprobaron sin un acuerdo social. Las siguientes son los principales cambios que han afectado al mercado laboral durante los últimos 40 años:

1980. Estatuto de los trabajadores: el origen

El 14 de marzo de 1980, el Boletín Oficial del Estado publicó la primera gran norma laboral: El Estatuto de los Trabajadores. La referencia de todas las modificaciones que se han producido hasta la fecha. La patronal, CEOE, y la Unión General de Trabajadores (UGT) alcanzaron un acuerdo para apoyar el proyecto de Ley del Gobierno de UCD que establecía un nuevo marco de relaciones laborales y negociación colectiva y dejaba atrás un escenario laboral heredado del franquismo. La norma, que contó con el rechazo de CC OO, fue intensamente debatida: se revisaron 803 enmiendas antes de aprobar la estructura principal, en la que se desarrollan los principales derechos y obligaciones de los trabajadores.

1984. Puerta abierta a la temporalidad

En octubre de 1984, el Gobierno de Felipe González aprueba con el apoyo de la CEOE y de UGT el Acuerdo Económico y Social, que desarrollaba diferentes aspectos de la negociación colectiva e introducía aspectos novedosos para la época, como incentivos fiscales a la inversión, protección a los desempleados, revalorización de pensiones, formación profesional y, sobre todo, traía nuevas modalidades de contratación temporal. Este conjunto de reformas sociales trajo un fenómeno contra el que, posteriormente, todos los Gobiernos han luchado: la flexibilización de la temporalidad. La norma fue aprobada durante una época convulsa en el que el paro se situaba por encima del 20%. El mecanismo de la temporalidad propició dos millones de contratos en los nueve años siguientes, pero España logró la tasa de temporalidad más alta de Europa.

1992. El plan de convergencia trae más temporalidad

Este año fue el del escaparate para España. Se mostró orgullosa como organizadora de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero durante los fastos el ministro de Economía de la época, el socialista Carlos Solchaga, puso en marcha una serie de reformas para que España pusiera el rumbo a la Unión Europea. Bajo el título de plan de convergencia, el ejecutivo de Felipe González aprobó un decretazo que soliviantó a los sindicatos porque recortaba las prestaciones por desempleo y también establecía nuevos incentivos para la temporalidad. Tras una sonada huelga general, celebrada el 28 de mayo, Solchaga emprendió la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y del sistema de Formación Profesional. Un año después se autorizaron las empresas de trabajo temporal.

1994. La llegada de las ETT y la “solución” del despido colectivo

En 1993 el Gobierno de Felipe González ya acusaba el desgaste tras 12 años de Gobierno. Tras ganar sus cuartas elecciones aprobó un paquete de recorte de gasto para reducir el déficit y puso en marcha una reforma laboral. Los sindicatos convocaron una huelga general el 27 de enero de 1994, una de las más importantes de la democracia, porque no estaban de acuerdo con los planes del Ejecutivo socialista para cambiar el mercado laboral. Seis meses después del paro sindical, el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, aprobó una nueva reforma laboral que afectaba a los despidos, la movilidad y la negociación colectiva. El malestar sindical se acentuó porque la reforma ampliaba las causas objetivas del despido, que hasta entonces se limitaban a cuestiones económicas y tecnológicas. A partir de entonces se tienen en cuenta las causas organizativas, que prevé en algunos casos una indemnización de 20 días por año. Además, se permitía a las empresas despedir sin autorización al 10% de la plantilla y se legalizaron las empresas de trabajo temporal. Con esta reforma se ampliaron las posibilidades del despido colectivo y se popularizaron los contratos en prácticas.

1997. El contrato de 33 días para jóvenes y mujeres

La primera reforma laboral del Gobierno del PP de Aznar fue diseñada por patronal y sindicatos. El expolítico popular Javier Arenas ocupaba la cartera de Trabajo y asumió el acuerdo al que llegaron los agentes sociales. Aunque es verdad que hubo acuerdo, no hubo negociaciones tripartitas y el cambio no tenía el alcance de los de 1980, 1984 y 1994. El objetivo de esta nueva reforma, que entró en vigor el 17 de mayo de 1997, consistía en reducir la temporalidad, que en aquel momento afectaba al 35% de los trabajadores. El punto central de este acuerdo fue la creación del contrato laboral de carácter indefinido con un coste por despido de 33 días por año trabajado, frente a los 45 de aquel momento, dirigido a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

2001. Se limitan los contratos eventuales

En marzo de 2001, el Gobierno del PP aprobó por decreto la reforma laboral, con una amplia oposición de los sindicatos. Eso le obligó, cuatro meses después, el 10 de julio, a tramitarla como ley. A pesar de eso, la reforma se vendió como una ampliación de la anterior para alargar el plazo de los contratos de fomento de empleo que vencían ese año. De hecho, el objetivo era el de extender el contrato fijo de fomento del empleo a nuevos colectivos, manteniendo la indemnización de 33 días por año. Además, se encarecieron los contratos temporales al aplicarles una indemnización de ocho días y se flexibilizó el contrato a tiempo parcial. También se redujo la duración máxima del contrato eventual desde 13,5 meses a 12 meses. Otras novedades de este nuevo cambio normativo fueron los contratos de relevo para trabajadores mayores de 65 años. Se introdujeron los permisos de maternidad y paternidad y se penalizaron las cotizaciones para los contratos temporales de menos de siete días (se subía un 36% la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes).

2006. Lucha contra la precariedad

El Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó el diálogo social para emprender una nueva reforma laboral. Eran los años del optimismo económico impulsado por el sector inmobiliario. El principal problema del mercado laboral español era la precariedad y el principal objetivo de esta reforma era poner coto a la temporalidad. Así, este cambio normativo limitó el encadenamiento abusivo de contratos. Se obligaba a las empresas a hacer fijos a los trabajadores con dos o más contratos temporales. La medida afectaba también a los contratos suscritos con empresas de trabajo temporal. Se subvencionaba la conversión de contratos temporales en indefinidos y se permitía que los contratos eventuales firmados antes de 2008 pasasen a fijos mediante una reducción del despido a 33 días por año. La reforma se tramitó por decreto ley para agilizar su puesta en marcha.

2010. El cambio que abrió la puerta al despido barato

En plena crisis económica y acosado por los mercados, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó su segunda reforma laboral, cuyo principal objetivo consistió en abaratar el despido y agilizar la contratación. Cuando fue aprobada el 17 de junio de 2010, fue calificada como la reforma de más calado de los últimos 20 años por el Ejecutivo socialista. La reforma provocó una respuesta airada de los sindicatos, que convocaron una huelga general tres meses más tarde. Con la norma se permitió que las empresas que justificasen una situación económica negativa podían indemnizar con 20 días por año, frente a los 45 días del despido improcedente. Se universalizaba el contrato de fijo con una indemnización de 33 días. Se permitía que las empresas con apuros económicos pudiesen cambiar las condiciones de trabajo de los empleados. Como contrapartida, se puso coto al contrato eventual por obra o servicio.

2012. La reforma del PP: abarató el despido y dio más poder a las empresas

En plena crisis financiera y nada más llegar a La Moncloa, el presidente popular Mariano Rajoy aprobó una de las reformas laborales más profundas desde que se aprobara el Estatuto de los Trabajadores. Acuciado por los mercados, con el déficit público disparado, y tutelado por Bruselas, el PP abarató el despido de 45 a 33 días por año trabajado y a 20 días en algunos casos. Flexibilizó los despidos colectivos (ERE) simplificando los trámites, otorgó más poder a las empresas en la negociación de los convenios colectivos, eliminó la ultraactividad... En definitiva, buscaba un marco para contener los salarios en la búsqueda de una devaluación salarial con la que ganar la competitividad perdida durante los años del bum inmobiliario. Las consecuencias de esta reforma ha sido discutibles: aunque ha permitido crear trabajo con más facilidad, también ha contribuido a extender la precariedad y a empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, porque las empresas han tenido más margen para negociar.