Un impulso para lograr una movilidad más sostenible en las ciudades

Madrid quiere comprar 206 autobuses eléctricos por 108 millones de euros y Valencia, 20 por 13,5 millones. Barcelona, además de adquirir diez de esos vehículos, prevé poder financiar con casi 34 millones parte de uno de sus proyectos más longevos en materia de movilidad: la conexión por el centro de la ciudad de sus dos tramos de tranvía ya en obras. Sevilla apuesta por crear una línea de alta capacidad de tranvibús. Y así, hasta 190 municipios han presentado propuestas para optar a los 1.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación para crear zonas de bajas emisiones y transformar su transporte público.

El maná europeo que repartirá el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha generado sobredemanda: las solicitudes se sitúan en torno a los 1.500 millones y es posible que esa cifra aún aumente, porque algunas solicitudes se están presentando todavía al argumentar algunos consistorios que no pudieron hacerlo en tiempo y forma en septiembre pasado, cuando concluía el plazo. El Gobierno deberá decidir cómo canaliza el reparto de fondos.

En las solicitudes recibidas hasta ahora en el Departamento de Raquel Sánchez destacan tres grandes cifras: la petición de fondos para adquirir un mínimo de 712 autobuses eléctricos (12 de hidrógeno), para montar 972 puntos de recarga para esos vehículos e instalar 1.354 estaciones para bicicletas de alquiler o patinetes eléctricos.

Pero más allá de esas inversiones en transporte descarbonizado hay otra cuantía que llama la atención. Se trata de los 344,6 millones de euros reclamados para sufragar la adecuación de espacios urbanos para la creación de “zonas e itinerarios peatonales”, en las que entrarían las rampas verticales y un ascensor proyectados, como ejemplo, por el Ayuntamiento de Vigo. Es la partida más demandada por los consistorios que han acudido a la oferta del ministerio. Si salieran adelante todas las propuestas, más de 21,7 millones de metros cuadrados se convertirían en zonas pacificadas al tráfico rodado (se disminuye la presencia de vehículos motorizados en las calles y se aumenta la superficie segura para los peatones), el equivalente a la superficie que ocupa el estadio Wanda Metropolitano.

El pasado abril el Congreso aprobaba la Ley de Cambio Climático y con ella la obligatoriedad para las 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a habilitar zonas de bajas emisiones en las que se prohíba la circulación de los vehículos más contaminantes y, de esa forma, mejorar la calidad del aire. Madrid y Barcelona fueron las ciudades pioneras en ponerlas en marcha, pero el Plan de Recuperación creado por el Gobierno quiere acabar dando un empujón a la iniciativa poniendo sobre la mesa recursos públicos con los que financiarlas. Los ayuntamientos han efectuado 131 solicitudes para demandar más de 146 millones de euros. Si se llevan a cabo los planes tal y como están planteados, las ZBE (zonas de baja emisiones) ocuparán un total de 760,8 millones de metros cuadrados y afectarían a más de cinco millones de personas. Una parte de los 1.000 millones presupuestados (107 millones) pagarán la construcción de más de 600 kilómetros de carriles reservados a bicicletas y otra (84 millones) la construcción de aparcamientos disuasorios que pretenden evitar la entrada de vehículos en los núcleos urbanos.

Traspaso a comunidades

A la espera de la distribución de esos fondos, el Ministerio de Transportes ya ha iniciado la transferencia de 1.151 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, edificios residenciales y barrios, en proyectos propios de las comunidades autónomas. Se trata del primer tramo de los 2.970 millones de euros habilitados por el Gobierno para financiar la mejora de las cubiertas de edificios, el cambio de ventanas y el refuerzo del aislamiento que persigue el ahorro energético y las reducción de emisiones vinculadas a un deficiente aislamiento térmico. Asimismo, se ha aprobado la transferencia de otros 1.410 millones a los gobiernos autonómicos para descarbonizar la movilidad, de los que 947 millones llegarán este año.